No había pasado ni una semana desde que las tropas rusas habían iniciado su ataque sobre territorio ucranio cuando el embajador en España del país atacado recibió una carta. “Tanto yo mismo como el señor Teniente Alcalde Óscar Val García estamos a su entera disposición para ir combatir contra las fuerzas opresoras Rusas en cuanto ustedes lo consideren oportuno”, le escribía Luis Calvo Miguélez, alcalde de un pequeño pueblo del interior de Pontevedra, Agolada. No era la primera vez que una de sus extravagantes iniciativas saltaba a las páginas de la prensa pero sí quizás la más estruendosa. Calvo Miguélez, líder de su propio partido, acaba de ser condenado a tres años y medio de prisión y otros 13 de inhabilitación por precintar las obras de ampliación de una planta láctea e incurrir, a juicio de la Audiencia Provincial de la provincia, en prevaricación y falsedad documental.
Agolada, un municipio agroganadero de apenas 2.300 habitantes en las estribaciones de la Serra do Farelo, a escasos kilómetros del centro geográfico de Galicia, había sido un feudo electoral del Partido Popular. Lo había gobernado con mayorías absolutas consecutivas entre 1987 y 2019. Fue en este año cuando irrumpió el Partido Anticorrupción y Justicia, Luis Calvo (Esperante, Agolada, 1970) al frente, y se hizo con siete de los 11 ediles del pleno. Los otros cuatro se los quedó el PP y la izquierda no obtuvo representación. Dos años después, Calvo Miguélez se refería a las elecciones del 26 de mayo como el “dia de la liberación”. No había ironía: llegó a proponer que el ayuntamiento lo declarase festivo. La iniciativa adquirió repercusión estatal. La portavoz de la oposición, del PP, lo vio tan estrambótico que la calificó de “cacicada más propia del franquismo”. El propio alcalde acabó por retirarla. La única explicación pública que ofreció es que se había tratado de un error.
“Ni de izquierdas, ni de derechas, ni de centro”
El día de la liberación había llegado tras la primera experiencia electoral del Partido Anticorrupción y Justicia, las elecciones de 2016 al Parlamento de Galicia. Lo votaron 2.535 personas, 1.048 de ellas en la provincia de Pontevedra. Calvo Miguélez había fundado la organización a su regreso de Suiza, a donde había emigrado en 1988. “No somos ni de izquierdas, ni de derechas, ni de centro”, se explicaba en las páginas comarcales de La Voz de Galicia, “somos un partido para hacer justicia social, como indica el nombre”. Nada hacía presagiar que en 2019 desbancaría al PP de Ramiro Varela, yerno del anterior regidor -Manuel Costa Casares-, también del PP y antes de Coalición Galega y antes de UCD, y en el despacho desde la restauración de la democracia.
Calvo Miguélez nunca combatió en Ucrania, pero sí cumplió con la otra oferta que incluía su misiva al embajador: “Toda la ayuda humanitaria que necesiten y que esté en nuestras manos”. Él mismo junto a su hermano condujo una furgoneta desde Agolada hasta la frontera entre Polonia y Ucrania y retornó con siete mujeres y siete niños refugiados. Fue durante este, su primer y más mediático mandato cuando, según la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra contra la que existe posibilidad de recurso, dio una orden de precinto “prescindiendo total y absolutamente de todo trámite procedimental, y con intención deliberada y plena conciencia de su ilegalidad”.
En los comicios municipales de 2023 perdió cuatro puntos porcentuales -del 53,8% al 49,5%-, 79 votos y un concejal. Aún así mantuvo la mayoría absoluta, con seis de los 11 concejales. El PP retuvo cuatro y el BNG volvió, con uno, a la corporación. El Gobierno local de Agolada ha mostrado en varias ocasiones su oposición a la macrocelulosa de Altri, que pretende extraer el agua del río Ulla, que atraviesa el concello.