El PSdeG lleva al PP de Feijóo al Constitucional por la reforma “fraudulenta” de dos leyes y un decreto
El Gobierno de Feijóo ha vuelto a convertir en habitual durante la última década la práctica instaurada en tiempos de Fraga y suprimida por el Gobierno de coalición de PSdeG y BNG según la prácticamente cada año, de manera paralela a los presupuestos, tramita la conocida como “ley de acompañamiento”. Esta controvertida vía legal es empleada para reformar de un golpe y por la vía rápida otras múltiples leyes y normas sin conexión alguna entre sí y en muchas ocasiones sin apenas relación con la materia presupuestaria.
La ley de acompañamiento de 2019 afectaba a una veintena de normas dispares, pero XJunta y PP apostaron a última hora por utilizar esta vía para reformar una ley y dos decretos más. A juicio del PSdeG los populares forzaron tanto esta figura hasta, en este caso, emplearla “de manera fraudulenta”. Y van a intentar demostrarlo ante el Tribunal Constitucional.
Durante el trámite de enmiendas a la ley de acompañamiento, además de las de la oposición fueron registradas un total de 55 por el propio PP, una de ellas para suprimir la controvertida figura del pediatra itinerante, cuyo anuncio había generado amplias protestas. Otras cinco fueron tramitadas para modificar la ley de caza de 2013 -en la regulación de la caza de jabalís-, para introducir cambios en el decreto que regula desde 2005 los centros de menores y para cambiar la ley del Consejo Económico y Social (CES) de Galicia en lo referente a la composición de este órgano. Las dos restantes tenían como cometido acomodar la exposición de motivos de la ley de acompañamiento a estos cambios no previstos.
Para el PSdeG está claro que el PP “decidió ampliar de manera fraudulenta el contenido del proyecto de ley” de acompañamiento. Obviando el Reglamento de la Cámara, hicieron “un uso desviado del derecho de enmienda” introduciendo asuntos sin “relación alguna con el proyecto de ley objeto de tramitación”.
El hecho de cambiar la ley de caza, la ley del CES y el reglamento de los centros de menores por esta vía, defiende el escrito elevado por los socialistas al Constitucional, “secuestró toda posibilidad de examen y debate” a los grupos diferentes del PP, toda vez que no existen las “enmiendas a las enmiendas”. Toda la oposición se vio “privada en su derecho a proponer soluciones normativas alternativas a las nuevas propuestas legales que no formaban parte” de la ley de acompañamiento cuando el Gobierno de Feijóo la remitió al Parlamento, detallan.
En un escrito en el que el PSdeG cita diversas sentencias en las que el propio TC ha fallado contra la posibilidad de que las enmiendas sustituyan al trámite normal de una ley por ir contra la Constitución, los propios socialistas recuerdan que ya habían advertido formalmente de lo que consideran una irregularidad durante el propio trámite en el Parlamento. Pero el PP ignoró la advertencia esgrimiendo un informe de los servicios jurídicos de la Cámara con la “afirmación genérica”de que “puede considerarse” que las enmiendas “superan el mínimo de conexión” con la ley que estaba discutiéndose para “ser admitidas a trámite”. En ese informe, apuntan, “nada se dice” de cuáles son esas supuestas “conexiones” entre la caza del jabalí, los centros de menores y el CES con los Presupuestos para 2019.
Con estos argumentos el PSdeG intentará que el Constitucional dictamine que el PP de Feijóo vulneró los derechos del Grupo Socialista a ejercer su función reglamentaria de oposición, que certifique que la Xunta infringió la Constitución en materia de participación política y, por este motivo, anule el acuerdo de la Mesa de la Comisión Tercera del Parlamento autonómico en la que el PP, haciendo valer su mayoría absoluta, permitió tramitar las enmiendas que creen “fraudulentas”.
Para el portavoz socialista en la Cámara, Xoaquín Fernández Leiceaga, lo sucedido “abre las puertas a enmendar cualquier texto legal” durante el trámite de cualquier otra ley, esté relacionada o no. Por eso, dicen, pretenden que el TC “establezca con claridad” los límites en el uso de los resortes de la ley de acompañamiento, una controvertida figura que, recuerda, en la etapa del socialista Emilio Pérez Touriño al frente de la Presidencia de la Xunta nunca fue utilizada.
