El Valedor do Pobo propuesto por el PP considera que los escraches son “libertad de expresión”
Desde mayo de 2012 José Julio Fernández ejerce como Valedor do Pobo -el equivalente al Defensor del Pueblo en Galicia- en funciones. Hasta esa fecha era uno de los vicevaledores del titular de la institución, Benigno López. Concretamente, era el propuesto a iniciativa del PP. Una de sus pocas intervenciones en temas de actualidad hasta el momento, el pasado 6 de abril, fue interpretada por muchos como un alineamiento con las tesis del partido que inicialmente lo designó, al considerar que las fotos de Alberto Núñez Feijóo con el narco Marcial Dorado, publicadas por El País, carecían de “interés periodístico”. Pero este viernes Fernández se ha desplazado a las antípodas de la formación conservadora para, en la presentación de su primero informe anual, basar en razonamientos jurídicos opiniones sobre temas tan sensibles como las preferentes, los desahucios y, sobre todo, los conocidos como “escraches”.
Lo que para el PP es “acoso”, en palabras de Alberto Núñez Feijóo, o directamente “nazismo puro”, según María Dolores de Cospedal, para el alto comisionado del Parlamento de Galicia es un ejercicio del derecho “a la libertad de expresión”, al menos “los que conozco por la información de prensa”, dado que “yo no he estado en escraches”. Para José Julio Fernández este tipo de protestas, en las que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otros colectivos se manifiestan ante las viviendas de determinados responsables públicos por su posición ante los desahucios, son un tema “interesante, constitucionalmente hablando”, toda vez que aborda una eventual “colisión de derechos fundamentales”, tales como la propia libertad de expresión y manifestación, el derecho a la integridad física o a la intimidad. Y, por el momento, no ve que se sobrepasasen límites.
La única duda legal del Valedor llegaría “si el escrache se repite durante cierto tiempo” en la casa de la misma persona, porque “la repetición” acabaría por “afectar a la integridad de la persona objeto de la protesta”. Pero “un día determinado” no es “desproporcionado”, ni siquiera “dos” o “tres”, aunque la manifestación implique “gritos” o “megáfonos”. Eso, considera, “no es inconstitucional”. Sólo “el exceso de tiempo puede dar lugar a la violación de un derecho fundamental en este caso”. En cualquiera caso, destaca, ya “lo dijo el presidente del Tribunal Supremo, mientras que no haya desproporción, es libertad de expresión”.
Desahucios ejecutados por quien “provocaron la crisis”
Las valoraciones sobre los escraches llegaron, a preguntas de la prensa, en el marco de la presentación del informe anual del Valedor do Pobo, marcado entre otros factores por los desahucios o, lo que es lo mismo, por la no satisfacción de una “necesidad básica del ser humano para garantizar la igualdad real y efectiva”, como es “el derecho a una vivienda digna”. Con 17 quejas formales en 2012 y 32 en lo que va de 2013 el Defensor constata que las familias que “ven en peligro la aplicación de este derecho” están en esa situación “no por su culpa, sino por la de otras instancias o personas”. “Algunas” de las “instancias” que las llevaron a esta situación son “curiosamente, los banqueros que ahora los quieren echar de casa”, los mismos que “especularon en su momento y provocaron esta crisis”, censura.
En un discurso más próximo a los de colectivos como Stop Desahucios -con el que se reunió en el último año- que al de los diferentes gobiernos el Valedor dibuja una situación en la que “las entidades bancarias que ahora intentan ejecutar hipotecariamente a personas actuaron imprudentemente” en el momento de la “concesión de los créditos”, cuando “sobrevaloraron la capacidad de endeudamiento de los compradores”. “En el 99% de los casos no tienen la culpa de la situación que están viviendo”, por lo que resulta “inadmisible” que los bancos no colaboren con la propia institución que encabeza cuando se dirige a ellos para intentar frenar un desahucio. “Cualquier reticencia debe ser criticada de manera contundente” porque los bancos son unos “privilegiados hoy por hoy”, advierte.
Para José Julio Fernández este no es un problema solo económico o político, sino también “ético”. Resulta, a su juicio, “inadmisible que exista un amplísimo parque de viviendas vacías” y que este conviva con la “lacerante realidad de familias que pueden perder su vivienda digna y adecuada”. Por este motivo ve “imprescindible” la “creación de un fondo social de vivienda para responder al problema”, habida cuenta además que las reformas del Gobierno central contemplan “con demasiadas cautelas” medidas como la dación en pago, exigiendo “niveles de ingresos casi de exclusión social”.
