La Xunta autoriza el paso a la empresa privada desde junio de 2020 de seis ex altos cargos de Feijóo

La Oficina de Incompatibilidades e Boas Prácticas de la Xunta de Galicia ha resuelto que no existe problema alguno en el paso a la empresa privada de seis ex altos cargos de Feijóo, entre ellos el que fuera director del Igape, Juan Manuel Cividanes, el anterio director general de Comunicación, Lucas Martinón, o el ex secretario general de presidencia, Manuel Galdo. Las peticiones, un total de siete dado que en el caso de Cividanes eran dos, han sido registradas desde junio de 2020.

Los seis ex altos cargos se incorporaron al sector privado como máximo seis meses después de su cese. El informe de la Oficina de Incompatibilidades, al que accedió Europa Press, recoge algunos detalles. Es el caso de Juan Manuel Cividanes, que fue director xeral del Igape y dejó el puesto el 24 de septiembre de 2020. En diciembre de ese año fue aprobada su incorporación a Xagoaza Inversiones S.L. y el 30 de diciembre de ese año como administrador y socio en una sociedad de nueva creación que no se especifica.

Amparo González, que fue directora xeral de Dinamización Demográfica en su última etapa en el Gobierno de Feijóo, obtuvo autorización el 1 de diciembre de 2020 para incorporarse como asesora de empresas para Gallega de Suministros Industriales 2020, S.L. El que fue secretario xeral de Presidencia, Manuel Galdo Pérez, que cesó en enero de 2020, fue autorizado para incorporarse como director gerente de la Cámara de Comercio de A Coruña en junio de ese año. Mientras que el que fuera jefe de gabinete de la Consellería de Infraestruturas, Iago Domínguez, contó con la resolución favorable a incorporarse a la Gerencia del Clúster de la función logística de Galicia en octubre de 2020, tras cesar en abril.

El anterior director xeral de Comunicación de la Xunta, Lucas Martinón, que salió de su cargo en noviembre de 2020, recibió luz verde al impulso como autónomo de una consultaría de comunicación. Y José Antonio Vázquez Martín, exjefe de gabinete de la Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, asumiese en marzo de este año funciones de dirección y gerencia y prestación de servicios como arquitecto por cuenta propia en un estudio, tras cesar en septiembre de 2020.

El caso Beatriz Mato

La web de la Oficina de Incompatiblidades no recoge más allá de 2020. Ese año, aunque no está en el informe, fue polémica la incorporación de la exconselleira de Medio Ambiente Beatriz Mato a Greenalia, en febrero de ese año. En una comparecencia en noviembre de 2020, el director de Función Pública, José María Barreiro, defendió que no se apreciaba “incompatibilidad” alguna y justificó que la que fuera también titular de la cartera de Traballo había realizado una “declaración expresa” de que ella no había firmado ni sobre la matriz ni sobre ninguna entidad del grupo durante su labor como cargo de la Xunta. Lo habían hecho sus subordinados.

Además, en aquella respuesta en el Parlamento de Galicia en noviembre de 2020, Función Pública (que tiene adscrita la Oficina de Incompatibilidades), remarcó que Mato cesó en el cargo el 27 de septiembre de 2018, por lo que su incompatibilidad acababa el 27 de septiembre de ese año, aunque la exconselleira ya había sido fichada en febrero. En mayo de 2021, la empresa incorporó a Beatriz Mato a su consejo de administración.

Lei de Transparencia e Bo Goberno

Los miembros del Consello de la Xunta de Galicia y los cargos que designa están sometidos a la ley de transparencia y buen gobierno, que en su artículo 45 establece las limitaciones al ejercicio de actividades posteriores al cese de un cargo público. Así, durante los dos años siguientes a la fecha del cese, los altos cargos no podrán realizar actividades ni prestar servicios en entidades privadas relacionadas con expedientes sobre los cuales hubiesen dictado resolución en el ejercicio del cargo.

La excepción es para aquellas personas que se reincorporen a entidades privadas que ya hubiesen ejercido con anterioridad a ocupar el puesto de alto cargo, siempre y cuando la actividad que vayan a desempeñar en ellas sea en puestos de trabajo que no estén directamente relacionados con las competencias del cargo público ocupado ni puedan adoptar decisiones que afecten a las competencias del cargo público desempeñado.

La legislación también incluye que durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, los altos cargos tampoco podrán firmar, ni por sí mismo ni a través de entidades participadas, directa o indirectamente en más del 10%, contratos de asistencia técnica, servicios o similares con la Administración pública en la que hubiesen prestado servicios, siempre que guarden relación directa con las funciones que ejercía el alto cargo. Así, las personas que hayan participado en el Gobierno, durante los dos años siguientes al cese, deben efectuar ante la Oficina de Incompatibilidades e Boas Prácticas declaraciones sobre las actividades que vayan a realizar, con carácter previo al inicio. En un mes desde la recepción en el registro, debe pronunciarse sobre la compatibilidad con la actividad privada y publicada en la web de Transparencia.