El Gobierno considera “intolerable” que la Xunta amenace con desproteger a las víctimas de violencia machista

“Las palabras del conselleiro son de una gravedad intolerable. Espero que sean sólo una pésima ocurrencia personal y no una orden del presidente de la Xunta”. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, respondió con esa contundencia a Diego Calvo, responsable de Presidencia en el ejecutivo autonómico, quien —una semana después del 25N— amenazó con que la unidad de policía adscrita deje de proteger a las víctimas de violencia de género si no el Ministerio del Interior no acepta aumentar su número de efectivos. “Somos la única comunidad que ejercía esa función, pero si por la merma de efectivos no podemos hacerlo con calidad, renunciaremos”, aseguró este jueves en declaraciones a los medios.

Si Calvo contase con el respaldo de Rueda en su afirmación, “sería aún más grave”, aseguró Blanco en unas declaraciones remitidas a los medios. “Significaría que el propio gobierno gallego está dispuesto a poner en iresgo la protección de las víctimas de violencia machista para presionar en una negociación con el Estado”.

“Si de verdad consideran que la seguridad y la protección de las mujeres non e un servicio prioritario estamos ante una falta de responsabilidad de una magnitud inaceptable”, continuó el delegado, antes de dejar claro que “las víctimas de violencia de género no son una moneda de cambio ni un instrumento de chantaje político” y que su protección “es prioritaria”, por lo que no permitirá “que nadie utilice a las víctimas para tapar su propia falta de diálogo y planificación”.

Mensaje “muy peligroso”

Blanco denuncia que la Xunta “está lanzando un mensaje muy peligroso a las mujeres y la sociedad: que su seguridad es secundaria, que su protección puede quedar en suspenso y que pueden jugar con su tranquilidad”. “Es reprobable”, añadió, “por eso exigimos una rectificación inmediata y que pidan disculpas a las víctimas de violencia machista”.

El delegado del Gobierno se pregunta además “qué es eso de un 'convenido del pasado'”, como lo definió Calvo. “Los acuerdos hay que cumplirlos siempre y la ley es clara, la unidad adscrita de la policía debe ser cofinanciada al 50% por el Estado y la comunidad autónoma. El Gobierno ya dejó claro que pone su parte. Ahora es la Xunta la que tiene que cumplir”, como antes hicieron Andalucía o Madrid “donde el acuerdo se renovó sin problema”.

Sin embargo, la Xunta plantea una vía “intermedia”, que mantiene las condiciones vigentes para los 388 efectivos actuales, pero reclama que el Ministerio asuma las nóminas de las nuevas plazas, hasta llegar a 500. “Es hora de que asuman sus competencias y garanticen lo que les corresponde”, concluyó Blanco.