Ana Redondo, ante el amago de la Xunta de desproteger a las víctimas de violencia machista: “No consentiremos amenazas”

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha respondido al anuncio de la Xunta de que dejará de utilizar a la policía autonómica para proteger a las mujeres víctimas de violencia machista si el Ministerio del Interior no aumenta el número de plazas de esa unidad adscrita. En un mensaje en la red social X, Redondo ha asegurado que su departamento no va a consentir “amenazas” y que exigirán “el cumplimiento de la Ley contra la violencia de género y la correcta ejecución de los fondos del Pacto de Estado”.

Fue el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, quien este jueves anunció que la policía autonómica se limitaría a realizar las labores de su competencia y ejemplificó las que dejaría de cubrir —“somos la única comunidad que ejercía esa función”— usando el caso concreto de las víctimas de violencia machista. Lo hizo en el marco de las negociaciones con Interior para renovar un convenio con el que el ejecutivo autonómico pretende aumentar el número de efectivos de los 388 actuales hasta 500. Las diferencias proceden de que la Xunta quiere cambiar las condiciones actuales: en lugar de pagar el coste al 50% entre ambas administraciones, propone que sea Madrid quien se encargue de sufragar las nuevas plazas.

El primero en responderle, sólo horas después, fue el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, quien exigió a Calvo que rectificase su actitud “intolerable” y pidió al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que lo desautorizase, porque lo contrario significaría que el ejecutivo autonómico “está dispuesto a poner en iresgo la protección de las víctimas de violencia machista para presionar en una negociación con el Estado”. Para él, “las víctimas no son una moneda de cambio ni un instrumento de chantaje político”.

No tardó en sumarse el líder del PSdeG. Para José Ramón Gómez Besteiro, la Xunta “traspasa todas las líneas rojas” al usar a las víctimas como arma política. Tildó de “indecentes y vergonzosas” las palabras de Calvo a quien acusó de emplear su proteccion para “presionar al Ministerio y evitar la firma del convenio de la policía adscrita caducado desde 2008”.

La postura del conselleiro —a última hora de la mañana del jueves, Rueda todavía no había hablado del asunto— indignó también al BNG. Su diputado Iago Tabarés se sumaba a la petición de los socialistas para que el presidente desautorizase a Calvo —a quien acusó de “cruzar todos los límites de lo admisible en la estrategia de confrontación de un PP cada vez más radical— y ”garantizase“ la protección de las víctimas. Además, achacó a la ”sumisión“ de la Xunta a ”los dictados de Génova“ su renuncia a contar con una policía gallega ”similar a las de Euskadi, Cataluña, Navarra y Canarias“.