La Xunta publicó y borró contratos públicos por importe de 925 millones durante 2017
En el año 2015, cuando los casos de presunta corrupción atenazaban especialmente las expectativas electorales del PP gallego, que ya había sufrido un duro declive en las elecciones europeas del año anterior, la Xunta lanzó su “plan de impulso democrático”, un paquete de medidas con el que, había anunciado, pretendía atajar eventuales prácticas corruptas en el seno de la Administración gallega. Entre las iniciativas figuraba la aprobación de una nueva ley de transparencia, que desde 2016 sustituye a la primera de la historia de la autonomía, que había impulsado el Gobierno de coalición de PSdeG y BNG una década antes.
Una de las novedades de esta ley fue que la Xunta pasó a tener el deber de difundir en internet, “por lo menos trimestralmente”, la información relativa a los contratos menores. Se trata de las adquisiciones de productos y servicios más habituales que, por tener un importe reducido, las administraciones pueden adjudicar directamente a quien consideren, sin organizar un concurso público ni pedir ofertas a distintos contratistas. Según la ley, la información que es necesario difundir es la del “objeto, la duración, el importe” y “la identidad del adjudicatario”, un deber de transparencia ratificado en términos semejantes por la nueva ley estatal de contratos del sector público del año 2017.
Desde la entrada en vigor de la nueva ley de transparencia la Xunta comenzó a publicar datos básicos de sus contratos menores en su web de contrataciones, pero con una particularidad. Sólo hacía público cada uno de los contratos menores durante una semana y después, los borraba, lo que en la práctica hacía imposible recuperar públicamente la información sobre las empresas o personas encargadas de las contrataciones.
Aunque durante más de un año la Xunta alegó razones técnicas para no mantener publicados todos los contratos menores, desde la primavera de 2018 dejó de borrarlos y mejoró la presentación de la información al respecto. Pero por el camino se quedaron los datos de los ejercicios previos. Así, entre 2016 y 2017 fue borrada la información de contratos menores por importe de casi 1.800 millones de euros. Previsiblemente, también habrá vacíos en la información de 2018 cuando sea publicada, ya que los cambios de denominación y estructura de algunas consellerías tras la última crisis de gobierno han provocado discontinuidades y parones en las publicaciones.
A mediados de febrero de este 2019 el Gobierno gallego hizo públicos los datos estadísticos de sus contrataciones correspondientes al año 2017, según marca a legislación. Como en el año 2016, el primero afectado por la nuevo normativa, el tipo de contratos que mayor volumen de presupuesto público absorbieron en 2017 fueron precisamente los menores, con 925,6 millones de euros -un 6% más que en el año anterior-.
Mientras, el volumen de contratación por procedimiento abierto -los concursos públicos más comunes, a los que puede concurrir cualquier empresa- descendió un 43%, de 808,85 millones en 2016 a 459 millones en 2017. El siguiente tipo de contratos que absorbió más recursos públicos en ese año son los derivados de acuerdos marco -197,31 millones- y, a mayor distancia, se sitúan los procedimientos negociados -a los que la Administración invita a un número determinado de empresas-, con 88,5 millones.
Estas cifras son el resultado de un aumento notable en el número total de contratos menores. Estos, no obstante, suelen ser muy abundantes de por sí en las administraciones por ser objeto de productos y servicios muy habituales -desde suministros básicos hasta elementos de mobiliario o todo tipo de labores profesionales de hasta 15.000 euros, en el caso de los servicios, y hasta 40.000, si se trata de obras, según la nueva ley de contratos-.
En 2017 la Administración gallega firmó más de 156.000 de estos contratos menores -en 2016 habían sido algo menos de 124.000-. Los segundos más habituales fueron los derivados de acuerdos marco -que establecen condiciones para el suminsitro de determinados productos y servicios durante un período de tiempo- y los terceros, los procedimientos abiertos.
Estas cifras de la contratación pública de la Xunta han sido objeto de crítica por parte del PSdeG en el Parlamento autonómico, cuyo portavoz en materia institucional, Juan Díaz Villoslada, cree relevante “alertar” de la “drástica reducción en el número de contratos en los que la Xunta utiliza el procedimiento abierto”. Díaz Villoslada cree además relevante el elevado “uso de los contratos menores, que suponen un 60% de la licitación total registrada en 2017”.
Esta preponderancia e incremento de los contratos menores supone, a juicio del diputado socialista, una “contradicción del Gobierno gallego”. No en vano, recuerda, el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo los utiliza recurrentemente mientras el PP “está permanentemente criticando su uso en las Administraciones locales”. Así lo han hecho los populares nos últimos meses en ayuntamientos como Lugo, A Coruña o Santiago. En el caso compostelano, incluso exigieron la constitución de una comisión de investigación al respecto, la cual fue rechazada en pleno con los votos en contra del grupo de gobierno de Compostela Aberta y del BNG, mientras que el Grupo Socialista optó por la abstención.
