La Xunta quiere reactivar varias minas marcadas por la contestación vecinal y ecologista

La Xunta mantiene su empeño por reactivar proyectos mineros desechados y ha anunciado una nueva ronda de derechos que van a ser convocados. En este caso, se recibirán directamente solicitudes de concesión de explotación. Entre los yacimientos en los que quiere recuperar la actividad están varios que estuvieron marcadas por una fuerte oposición de vecinos, asociaciones ecologistas o productores en anteriores intentos, como es el caso de Corcoesto (Cabana de Bergantiños, A Coruña), San Fins (Lousame, A Coruña) o Santa Comba, en la misma provincia. También hay proyectos que han acabado judicializados y con antiguos altos cargos de la Xunta investigados.

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, avanzó este martes en el Parlamento la intención de su departamento de abrir una nueva convocatoria de derechos mineros, a pesar de que en la anterior la mayoría quedaron desiertos. Dijo, según recoge Europa Press, que el proceso se va a centrar en lugares “sobre los que hay probada existencia de recursos” de wolframio, oro y estaño, los cuales son de “relevancia” para los sectores de defensa, aerospacial y automoción. Y aportó el cálculo de la Xunta de que estos recursos naturales tienen un valor de 7.000 millones de euros. Si se explotasen, añadió, la inversión directa podría ser de 200 millones de euros y los empleos creados serían 250 directos y 750 indirectos.

Lorenzana expuso que en estos segundos concursos mineros que sacará la Xunta esta legislatura, que se publicarán en próximas semanas, se incluyen más de 100 de derechos mineros en las cuatro provincias para solicitud de permisos de investigación. Son yacimientos de materias primas clásicas -como caolín, cuarzos, feldespatos o granito- y de materias primas consideradas críticas, como son el litio, el niobio o tantalio en la zonas de Beariz y Beade, o el cobre en Becerreá.

La conselleira aseguró que los proyectos tendrán que ir asociados a planes sociales financiados con un porcentaje de dividendos que “obligatoriamente deberá destinar el promotor”. Este aspecto será “determinante” en la evaluación de ofertas, afirmó.