La Xunta cerró un acuerdo para transferir más pacientes al mayor hospital concertado de España antes de su venta a Ribera Salud
El pasado 3 de octubre el hasta ahora grupo empresarial propietario de Povisa, el mayor hospital privado de España que en virtud de un concierto con el Servizo Galego de Saúde es el centro de referencia para 130.000 pacientes de la sanidad pública gallega, firmaba su venta a Ribera Salud, la compañía sanitaria que desde 2018 es propiedad de la multinacional estadounidense Centene Corporation. Pocos días antes, el 30 de septiembre, compradora y vendedora ratificaban a la Consellería de Sanidade que la operación estaba a punto de culminarse y, al mismo tiempo, Grupo Nosa Terra 21, los hasta ahora propietarios, dejaban atado un acuerdo con el Gobierno gallego para operar a todavía más pacientes de la sanidad pública en el área de Vigo.
A finales de 2018, después de que Povisa amagase con ir a concurso de acreedores, la Xunta accedía a mejorar las condiciones de su concierto sanitario, firmado en 2014, aunque, según la justicia, no se había producido circunstancia alguna que recomendara hacerlo. Entre los cambios figuraba el compromiso de que el Sergas pasara a asumir el suministro directo de la medicación hospitalaria a los pacientes adscritos a Povisa y, a cambio, Sanidad bajaba la cuota anual por paciente de 540 a 504,79 euros, sistema de financiación abiertamente criticada por el Consello de Contas, órgano fiscalizador de las cuentas públicas gallegas, a causa de su escasa “transparencia”.
En la nota oficial divulgada entonces por Sanidade para “destacar el acuerdo adicional conseguido” con Povisa, el Gobierno gallego señalaba que aquel pacto “especificaba” la “realización de actividad adicional” en el hospital privada. Esto es, de asistencia no contemplada en el concierto específicamente. A modo de ejemplo, señalaba que entre esa “actividad adicional” estaría la “realización y seguimiento de pruebas complementarias la pacientes que provengan del programa de cribado de colon” y también “la atención a pacientes en lista de espera de la EOXI de Vigo”, el área sanitaria viguesa.
Así, con el nuevo acuerdo, comenzaba el año 2018 mientras la sanidad viguesa seguía agitada y el personal del hospital personal, inquieto. A comienzos del otoño saltaba la noticia que hasta ese momento era un rumor: Nosa Terra XXI se disponía a vender el centro sanitario concertado a Ribera Salud. El 30 de septiembre ratificaban a la Xunta la operación, todavía pendiente de la autorización de Competencia. Pero en aquella jornada sucedió algo más, tal y como adelantó el periodista Ángel Paniagua para la edición viguesa de La Voz de Galicia.
Fue ese día cuando el todavía máximo responsable de Povisa, José Bernardo Silveira, firmó con el gerente del Sergas, Antonio Fernández-Campa, el acuerdo para operar a más pacientes del área sanitaria de Vigo. Esto es, asumir operaciones inicialmente previstas para el hospital Álvaro Cunqueiro o el Meixoeiro hasta final de año para así reducir las listas de espera en el área sanitaria con más demora quirúrgica de Galicia -74 días según los datos más recientes, casi veinte por encima de la media gallega-. Para hacerlo, Sanidad pone sobre la mesa de Povisa hasta un millón de euros.
Consultada al respecto por Praza.gal, la Consellería de Sanidade admite los hechos y les resta importancia porque “en la modificación del concierto” que entró en vigor a comienzos de 2019 “ya se incluyó el acuerdo de incorporar a Povisa a la realización de actividad programada para pacientes en la lista de espera de la Gerencia de Vigo”. Lo único que faltaba para que comenzara a hacerlo era que el “acuerdo” se “materializara”, dicen desde la Consellería.
Pero, ¿por qué justo antes de la venta del hospital concertado a la multinacional americana? “La tramitación” del pacto, responde una portavoz oficial de la Consellería, “se inició antes del verano” y “era necesario concretar qué pacientes son los que necesitan en mayor medida” ser intervenidos “de acuerdo con su tiempo de espera en listas de espera” y también definir “en qué procesos Povisa tendrá capacidad para atender la demanda expuesta”. No “ejecutar” el acuerdo, defiende la Xunta, además de ser un “incumplimiento”, “a quien perjudicaría fundamentalmente sería a los pacientes” que “podrán ser intervenidos quirúrgicamente de acuerdo con este incremento de actividad” antes de fin de año.
Antes de las primeras listas de espera del año electoral
El 31 de diciembre es, precisamente, la fecha de referencia en la que se recopilan los datos de las listas de espera que el Sergas hace públicos en enero. Teniendo en cuenta la reforma que restringió la información pública al respecto -pasó de divulgar las listas de espera cuatro veces al año a hacerlo sólo dos-, el dato de enero será el penúltimo de la legislatura gallega en caso de que las elecciones se celebren cuando correspondería, en septiembre. Y el último de este mandato si Alberto Núñez Feijóo decidiera adelantarlas unos meses, por ejemplo a la primavera.
Los últimos datos oficiales, del primer semestre de 2019, apuntaban a un descenso de la demora media en el conjunto del Sergas hasta el entorno de los 56 días. En el caso del área sanitaria de Vigo, las personas esperando por una operación eran a finales de junio unas 7.600, una cantidad muy semejante a la del momento en que abrió el hospital Álvaro Cunqueiro, en verano de 2015. En este tiempo sí se ha reducido el número de pacientes esperando en la lista oficial de Povisa, pasando de casi 5.000 a poco más de 3.000.
En los siguientes datos de espera que divulgue el Sergas ya no estarán las personas actualmente en la lista que, a pesar de tener como hospital de referencia el Álvaro Cunqueiro, sean llamadas para ser operadas en Povisa. Desaparecerán de la lista oficial tanto si efectivamente son operadas cómo si rechazan la asistencia en el centro privado porque prefieren que la intervención se realice en el público. En ese caso pasarían a formar parte de la conocida como lista no estructural, cuyas cifras no son públicas y en las que los pacientes pueden ser incluidos sin fecha de operación.
Contra esta práctica y otras semejantes ha alertado recientemente la Valedora do Pobo, la defensora del pueblo gallego. Así, en el marco de la presentación del informe oficial de la institución correspondiente a 2018, la alta comisionada explicó que “el problema” no es “sólo que el tiempo de espera resulte excesivo” en diversos casos, sino que “en muchas de las reclamaciones” que recibe queda “constatado” que “el paciente ni siquiera tiene concretada fecha” para la atención. Esa “práctica de no obtener una fecha concreta en el momento de solicitar cita debe ser corregida”, reclamó.
