Expediente sancionador para un festival de reguetón por prohibir la entrada de comida y bebida

El Govern balear ha abierto un expediente sancionador contra la promotora del festival Reggaeton Beach Festival, RBF Travel 2020, por impedir el acceso al recinto con comida y bebida del exterior. Este festival se celebró en otras diez ciudades españolas y FACUA, cuya reclamación ha dado origen a la resolución del Ejecutivo balear, ha denunciado estos hechos también ante el Ministerio de Consumo y ante el resto de autoridades de protección del consumidor de las comunidades autónomas donde ha tenido lugar este evento (Andalucía, Asturias, Galicia, Madrid, Cantabria, Comunitat Valenciana y Canarias).

La Dirección General de Consumo ha iniciado este expediente sancionador tras la denuncia presentada por FACUA en julio, tras constatar que el festival incluía entre sus condiciones de acceso una cláusula que impedía la entrada de comida y bebida del exterior, con la finalidad de que el usuario tuviera que comprarla dentro del recinto.

La asociación de consumidores destacó que la actividad principal del festival era “el desarrollo de un espectáculo musical”, no la hostelería, por lo que “la prohibición de consumir comida y bebidas adquiridas fuera del recinto no es necesaria para la correcta consecución de la actividad comercializada, así como tampoco puede prohibirse alegando que se hace por motivos de seguridad, máxime cuando en el propio interior del recinto es posible adquirir comida y bebida”.

El director general de Consumo de Balears, Félix Alonso, ha firmado una resolución en la que estipula como hecho infractor la limitación de la entrada de comida o bebida del exterior al espectáculo. Asimismo, señala que esta cláusula se impone “unilateralmente” al consumidor, lo que limita su capacidad de elección, sin que efectivamente la principal actividad del evento sea la comercialización de los productos, sino “el desarrollo de un espectáculo musical”. La sanción provisional impuesta en Balears es de 11.000 euros por una infracción grave de la normativa de protección de los consumidores.

Rubén Sánchez, secretario general de FACUA, ha comentado a elDiario.es que este caso es el primero en el que una administración de ámbito autonómico ha abierto un expediente sancionador por este tipo de irregularidades: “Hemos denunciado a decenas de festivales y no hay mucha respuesta. En unos casos por lentitud, en otros casos porque no son transparentes en cuanto a las actuaciones. En Balears es habitual que la autoridad competente nos comunique las aperturas de expedientes sancionadores y el archipiélago está destacando en el conjunto de España por estar en la vanguardia en la protección al consumidor al menos en lo que se refiere en el afán por abrir expedientes sancionadores y por ser transparente”.

Un verano de caos en los festivales

Esta propuesta de sanción para el Reggaeton Beach Festival se produce tras un verano en el que ha explotado la burbuja de los festivales. Tras el parón de dos años de pandemia y la necesidad de revitalizar la música en directo, España arrancaba el verano con más de un millar de eventos musicales programados y con la sensación de que no había ni público para todos ni trabajadores para cumplir con el calendario. A ello se le suman las irregularidades por parte de las empresas organizadoras de estos eventos, la falta de previsión y de gestión y las cancelaciones por no llegar a un mínimo de entradas vendidas.

Uno de los ejemplos más destacados ha sido el Madrid Puro Reggaeton, un festival que se iba a celebrar el 15 de julio y que iba a acoger uno de los dos únicos conciertos de despedida de Daddy Yankee en Europa. El festival acabó siendo cancelado con 38.000 entradas vendidas, pocas horas antes de su celebración. El festival decidió cambiar su ubicación a pocos días de que se celebrar el evento y la Comunidad de Madrid le denegó el permiso por tratarse de una solicitud presentada fuera de tiempo, además de “suponer un riesgo tanto para la seguridad como para la movilidad de las personas”. Algunos de los consumidores denunciaron haber perdido hasta 600 euros (300 de entradas y 300 de transporte y alojamiento).