Financiar con la ‘ecotasa’ un festival pop y viviendas: Balears debate el uso de un impuesto clave para conservar las islas

Denostado por un amplio espectro del ámbito empresarial, insuficiente para las entidades ecologistas y defendido a cal y canto por el actual Govern balear, el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), nacido en 2016 con el espíritu de minimizar el impacto del turismo masivo en la naturaleza y en el medio ambiente, vuelve a situarse en el foco de la polémica, de la que no ha estado exento a lo largo de estas dos legislaturas: el gravamen ha sido criticado por falta de transparencia en su tramitación y cuestionado por el destino que se le ha otorgado a parte de su recaudación, ajeno a la finalidad para la que fue creado.

El tributo, que grava las pernoctaciones hoteleras en los establecimientos reglados por ley –desde hoteles cinco estrellas plus, donde se aplica una tasa de 4 euros diarios por estancia, a pensiones, albergues y campings, gravados con 1 euro diario, además de a los cruceros–, ha permitido recaudar, según fuentes del Govern, hasta 409 millones de euros entre 2016 y 2021 e impulsar diversos proyectos en materia de protección del patrimonio y recuperación del fincas en las islas.

En concreto, 2016 fue el año en que se destinó a medio ambiente –una de las principales áreas para las que fue impulsado el ITS– la mayor proporción de dinero respecto al resto de categorías, con 33,49 millones de euros, mientras que los demás ámbitos han ido ganando terreno con el paso de los distintos ejercicios.

En qué se gasta el Impuesto de Turismo Sostenible en Balears

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Así, si en 2016 las políticas de vivienda no recibieron ninguna financiación procedente de la 'ecotasa', en 2019 acaparaban un total de 27,32 millones de euros frente a los 20,22 destinados a proyectos de medio ambiente, los 12,03 millones para turismo sostenible o los 1,77 millones para patrimonio histórico.

En este contexto, la utilización del fondo para financiar, en noviembre de 2021, un concierto de Los 40 Principales –que el Ejecutivo justificó en la necesidad de impulsar la reactivación económica tras la pandemia–, políticas de promoción turística o la construcción de vivienda pública ha desatado sucesivas tormentas cuyo último episodio se ha vivido esta semana en el pleno del Parlament, marcado por las críticas de la oposición e incluso de MÉS y Podem –socios del PSIB-PSOE al frente del Govern– por el destino dado a la 'ecotasa'.

Ambas formaciones, además de varias entidades ecologistas, apelan asimismo a que se incremente la tasa de cara al próximo año con el objetivo de afrontar los efectos provocados por la masificación turística como la que se ha registrado este verano, con cifras prácticamente similares a las de 2019, cuando recalaron en Balears hasta 16,5 millones de visitantes. Los efectos de esta saturación se han hecho plenamente evidentes esta temporada: atascos interminables en las carreteras, calas atestadas de usuarios, consumo desmedido de agua –un estudio de la Universitat de les Illes Balears (UIB) constató que los turistas consumen en las islas el 24,2 por ciento de los recursos hídricos, unos 33 millones de metros cúbicos al año–...

Las reivindicaciones han topado, sin embargo, con la rotunda oposición del sector hotelero. En opinión de la vicepresidenta ejecutiva de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), María José Aguiló, se trata de una fórmula que “no persigue otro objetivo más allá que el de tapar la incapacidad manifiesta de las instituciones que nos gobiernan para gestionar los servicios públicos y flujos de personas”, toda vez que recrimina que el aumento del impuesto se plantee “como medida para frenar la llegada de turistas” cuando “decían que el Impuesto de Estancias Turísticas no resultaba disuasorio para los visitantes”. “Tratar de cubrir y justificar sus déficits, penalizando a los visitantes que se alojan en la oferta reglada no es, en absoluto, la solución”, aseveran desde la entidad.

Mínimos efectos en la llegada de turistas

Frente a las críticas de los hoteleros, que a lo largo de los últimos años han preconizado que el impuesto ahuyentaría la llegada de turistas, varios estudios han revelado que el impacto de la implantación del tributo sería prácticamente nulo. El último informe elaborado al respecto, firmado en 2016 por los catedráticos de Economía Aplicada de la Universitat de les Illes Baleares (UIB) Jaume Rosselló y Andreu Sansó, concluye que los efectos del gravamen sobre la demanda turística se traduciría en descenso de la demanda de entre el 0,4% y el 0,9% en el peor de los escenarios.

Con el objetivo de compensar el elevado consumo de recursos y el deterioro del territorio como consecuencia de la saturación, el actual impuesto hereda el espíritu de la 'ecotasa' promulgada durante el primer 'Pacte de progrés' (Pacto de progreso; es decir, un acuerdo entre las fuerzas políticas de izquierdas) instaurado en las islas (1999–2003). El proyecto, que seguía el ejemplo de países como Francia o Suiza con la mirada puesta en el desarrollo de un nuevo modelo turístico basado en la sostenibilidad, se ponía en marcha con la ferviente resistencia de gran parte del sector hotelero, que ya entonces se alzó en bloque contra la medida.

Era, como proclamaba el entonces conseller de Turismo, Celestí Alomar, principal valedor de la 'ecotasa', “la mayor apuesta” que hasta ese momento había hecho un destino turístico. La iniciativa, que logró una recaudación de 160 millones de euros durante los dos años en que estuvo vigente (2002–2003), fue finalmente derogada por Jaume Matas en cuanto se hizo con la presidencia del Govern, aupado en el Ejecutivo por buena parte de los hoteleros de las islas.

Proyectos financiados con la 'ecotasa'

Trece años después, con Francina Armengol (PSOE) como presidenta y Biel Barceló (Més per Mallorca) entonces como conseller de Turismo, echó a andar el actual Impuesto de Turismo Sostenible, cuya recaudación, a lo largo de estos años, ha permitido llevar a cabo iniciativas en materia de protección del patrimonio, recuperación del fincas, fomento de la desestacionalización e investigación científica, entre otras. No en vano, entre los proyectos que destaca el propio Govern se encuentran, en 2016, los programas de reservas marinas para proteger el ecosistema marino y de posidonia de las islas (con una inversión de 1,26 millones de euros) y los proyectos dedicados a la mejora y depuración de aguas (más de siete millones).

Ya en 2017 el Ejecutivo destinó 6,77 millones a la compra de la finca Es Canons, que, con una extensión de 150 hectáreas que van del mar hasta los primeros escollos montañosos de la Serra de Llevant, está declarada desde el año 2000 Área de Especial Interés. También se llevó a cabo la cartografía de posidonia oceánica de Balears (0,8 millones), así como la adquisición de la finca y casa 'pagesa' de Sa Senieta en Formentera por 3,5 millones con el objetivo de acoger en ella el futuro Museo de Formentera. En 2018, también con fondos del ITS, se produjo la adquisición del edificio Sa Tanca en Menorca por 1,6 millones y se dedicaron 3,5 millones a fomentar el empleo entre personas paradas de larga duración.

Desde el Govern señalan que, en la actualidad, el impuesto está “completamente consolidado” tras siete años en los que la recaudación ha facilitado disponer de más recursos al Ejecutivo autonómico, sobre todo “para la recuperación que hemos tenido que afrontar durante los dos últimos años en materia de protección sanitaria y económica”.

“Desviación total” del impuesto

Las entidades ecologistas, sin embargo, califican el ITS de “estafa” por cuanto se ha producido una “desviación total” de los fundamentos a partir de los que fue puesta en marcha la medida, como recrimina, en declaraciones a elDiario.es, Margalida Ramis, portavoz del Grupo de Ornitología Balear (GOB), una de las entidades más críticas con la gestión de este tributo. “Durante estos años de legislatura no hemos revisado los objetivos de este impuesto y, sobre todo, no hemos revisado cómo se han adoptado las decisiones acerca de lo que es prioritario y a qué proyectos se destina”, lamenta.

Durante estos años de legislatura no hemos revisado los objetivos de este impuesto y, sobre todo, cómo se han adoptado las decisiones acerca de lo que es prioritario y a qué proyectos se destina

Margalida Ramis — Portavoz de la plataforma ecologista GOB

La activista se muestra especialmente crítica con el seguimiento de la aplicación del impuesto: “Hay un reglamento que desarrolla el impuesto turístico, establece unas comisiones que teóricamente deben decidir la propuesta del plan anual previo análisis. Y estas comisiones no existen. Se utilizan únicamente para validar les decisiones del Govern”, asevera. En concreto, la Comisión de Impulso del Turismo Sostenible se creó en 2016 y está integrada por representantes de las Consellerias competentes en materia de turismo, hacienda, economía y medio ambiente del Govern, por representantes de los Consells Insulars y por los de los Ayuntamientos, además de las asociaciones, los agentes sociales y económicos y las entidades de carácter medioambiental. Desde varios sectores recriminan, sin embargo, el “comportamiento abusivo” del Ejecutivo a la hora de informar en comisión de sus proyectos y que el seguimiento de los proyectos “es prácticamente imposible”.

La creación del Fondo COVID

En julio 2020, con la irrupción de la pandemia, el Govern aprobó el decreto ley 8/2020 a fin de analizar la situación de todos los proyectos ITS para ver cuáles se podían suspender o modificar a efectos de crear un Fondo COVID extrapresupuestario controlado por la Conselleria de Hacienda y dirigido a las necesidades urgentes de la Comunidad Autónoma. Desde la Conselleria de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, dirigida por Iago Negueruela, explican que del fondo extraordinario “se han ido detrayendo fondos, con diversos acuerdos en Consell de Govern y siempre para actuaciones urgentes relacionadas con la COVID, como educación, sanidad y patrocinios”.

En este contexto, la polémica salpicó al impuesto cuando salió a la luz que el Govern había financiado parte de la celebración de Los40 Music Awards con fondos del Impuesto del Turismo Sostenible. El Ejecutivo lo justificó aseverando que se trataba de un patrocinio sufragado con los fondos COVID con el objetivo de promover la reactivación económica tras la pandemia así como la desestacionalización turística de Balears. La medida generó un alud de críticas, entre ellas las de las formaciones que gobiernan junto al PSIB. Así, Podem lamentó que esta decisión “desvirtuaba” los objetivos del tributo, que “debe utilizarse exclusivamente para paliar los efectos negativos del turismo sobre el medio ambiente, no para atraer más turistas”, mientras que desde MÉS consideraban “injustificable” que el dinero del ITS acabara destinado a la celebración del evento musical.

“La 'ecotasa' que tenía que servir para reparar los daños del turismo de masas, ¿financiando un concierto de los 40 principales?”, se preguntaban, por su parte, desde la organización ecologista Terraferida.

Mientras tanto, el Ajuntament de Palma se veía abocado, a finales de agosto, a retirar un proyecto dirigido a promocionar la Playa de Palma –destino predilecto del turismo alemán en Mallorca– y convertirla en un “polo de atracción para nómadas digitales”, una iniciativa que el Consistorio proponía financiar con 1,4 millones de euros procedentes del Impuesto de Turismo Sostenible. Tanto MÉS como Podem mostraron sus discrepancias hacia la utilización de este tributo para esta iniciativa.

El GOB ha criticado que la Ley que regula el impuesto ha sido modificada varias veces “unilateralmente” para incluir nuevas finalidades en el destino de la 'ecotasa', como la adquisición y rehabilitación de vivienda y “las políticas de vivienda que posibilitan incluir construcción ex novo que es innecesaria después del estallido de la burbuja inmobiliaria”, además de iniciativas para la promoción turística, infraestructuras y equipamientos que “deberían ser financiadas con otros fondos no finalistas”. Entre tales medidas, recuerda que con lo recaudado por la 'ecotasa' se han promovido depuradoras, emisarios o desaladoras, un parque de bomberos en Eivissa, la ampliación del metro de la UIB, la mejora de la conectividad aérea o la remodelación del paseo marítimo de Magaluf.

“Recordemos que, según el artículo 19 de la propia Ley del Impuesto, 2/2016, se trata de un fondo finalista para impulsar un turismo sostenible, responsable y de calidad”, recalcan desde la plataforma ecologista. Mientras, Terraferida lanzaba el pasado mes de agosto una campaña bajo el lema 'SOS Residents'. “Nadie discutiría la actividad turística si no comportara esta masificación que está sobrepasando todos los límites naturales y humanos. Podemos discutir la cantidad, cómo y dónde, pero, si no somos capaces de acordar un techo, estamos acabados”, sentenciaba la entidad.