La normativa de un municipio de Ibiza caduca por inacción y permitirá construir más villas y menos vivienda pública

Unos terrenos de Eivissa donde se tenía planificado construir residencias para trabajadores de temporada y vivienda social han vuelto a manos de inversores privados que proyectan construir en ellos villas y casas residenciales de alto standing después de que el Consell Insular haya dejado decaer las Normas Provisionales de Plegamiento aprobadas en 2024 por el Ayuntamiento de Sant Josep. La iniciativa para construir viviendas de protección oficial, de precio tasado e incluso un lugar de residencia para empleados de la industria turística no se convertirá, de momento, en una realidad al no haberse producido la aprobación definitiva de las normas dentro del plazo legalmente establecido, que dependía del Consell.

Así, parte de la superficie insular se destinará, una vez más, a la promoción inmobiliaria de lujo para compradores con elevado poder adquisitivo. El mercado es tan jugoso que hasta hoteles de lujo y discotecas de Eivissa se han lanzado en los últimos años a la mercantilización de este tipo de activos habitacionales de alta categoría.

Sobre los 572 metros cuadrados que tiene la pitiusa, es decir, unas 57.200 hectáreas, se han construido a lo largo de la historia un total de 171 viviendas públicas. Según el Govern, las promociones impulsadas durante esta legislatura elevarán esta cifra hasta unas 600, sin que todavía se hayan materializado.

En la isla se han construido a lo largo de la historia un total de 171 viviendas públicas

De hecho, la institución autonómica acaba de iniciar la construcción de una promoción de 48 viviendas públicas destinadas al alquiler a precio asequible, la primera que pone en marcha en las Pitiusas durante este mandato político, como publicó Radio Ibiza. Los pisos se construirán en el barrio de Can Cantó, en la periferia de la ciudad, con una inversión de 9,8 millones de euros y un plazo de ejecución de 19 meses. Para acceder a estas viviendas, uno de los requisitos para los beneficiarios es acreditar al menos una década de residencia en el término municipal de Eivissa. 

En cuanto al resto de municipios, nada por el momento. Aunque todos los ayuntamientos han anunciado durante su mandato la proyección de vivienda social. En el caso de Sant Antoni -que según Fotocasa, ha registrado una subida interanual del 22,5%, una de las más elevadas de la isla-, el alcalde Marcos Serra aseguró en la primavera de 2025 que su equipo municipal trabajaría la línea urbanística “para intentar paliar la subida de precios”. Y recordó: “Faltan VPL -Viviendas de Precio Limitado- o VPO -Vivienda de Protección Oficial- sobre el terreno”. También recordó que para resolver la enorme crisis habitacional que se vive a nivel nacional, pero que se agrava en las islas, hay que luchar contra la vivienda turística ilegal. 

Dentro de la situación de Balears, Eivissa sigue teniendo el precio más alto de vivienda de alquiler a pesar de la bajada de una bajada del 5% en el último año, según datos del portal inmobiliario Idealista. La ciudad de Eivissa es el municipio más caro y le siguen Sant Josep y Santa Eulària.

Vuelta a la normativa de 1986

El decaimiento de las Normas Provisionales de Sant Josep permitirá que los proyectos residenciales -de viviendas de alta categoría- de quince propietarios de terrenos en el municipio salgan adelante. Así lo ha explicado el despacho Soriano i Piqueras, representante de los mismos, que había recurrido el instrumento urbanístico ante el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB). Se recupera así la vigencia de las Normas Subsidiarias de 1986, hasta ahora parcialmente suspendidas.

El bufete de abogados interpuso el recurso contencioso-administrativo ante el máximo órgano judicial balear al interpretar que la aprobación de las Normas Provisionales suponían un perjuicio para los proyectos. Unos de sus portavoces, el abogado Víctor Soriano, ha especificado que no se trata, “en ninguno de los casos”, de complejos hoteleros, sino de propietarios de suelo que pretenden construir en la isla villas y otras casas de lujo.

El recurso del despacho contra la aprobación de las nuevas normas temporales había sido admitido a trámite y se encontraba pendiente de sustanciación cuando transcurrió el plazo para culminar la aprobación definitiva por parte del Consell Insular. Ha sido el vencimiento de este tiempo lo que ha provocado el decaimiento de las normas, que dejan de producir efectos en el ordenamiento jurídico, detalla Soriano.

A la espera de un nuevo plan general

El bufete comunicará ahora formalmente al TSJIB acerca del decaimiento del instrumento urbanístico y solicitará la declaración de satisfacción extraprocesal y la terminación del procedimiento contencioso-administrativo. Hasta la entrada en vigor de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), Sant Josep volverá a regirse por las normas de 1986, que el Consistorio había considerado obsoletas ante las necesidades actuales del municipio.

Se trata del mismo término municipal -al sudeste de la isla de Eivissa- que en las últimas semanas ha vivido cómo varias personas sin hogar, entre ellas trabajadores, se han visto obligadas a buscar un sitio para vivir en la superficie fría y dura en el cementerio de una de sus localidades; Sant Jordi. La situación motivó a las instituciones -tras las quejas de familiares de fallecidos y vecinos- a poner un horario de acceso al camposanto, que de las nueve de la noche a las nueve de la mañana permanece cerrado para que nadie pueda acceder para pernoctar en el interior. 

Es el mismo término municipal donde había personas durmiendo en el cementerio

Casi simultáneamente, miles de personas acampan estos días en la puerta del Sol -en una protesta que en Balears se ha reproducido con tiendas de campaña en la plaça d’Espanya de Palma-, después del desahucio de Maricarmen, que ha empujado al Gobierno a impulsar los dos Reales Decreto con medidas habitacionales que tumbó el pasado viernes el Congreso con el voto en contra de PP, Vox y Junts.

El equipo de gobierno municipal ha presentado, una semana después de conocerse el decaimiento de las Normas Provisionales, un plan con el que pretende avanzar en la gestión urbanística mientras continúa pendiente el nuevo PGOU. El alcalde, Vicent Roig, ha explicado que los servicios municipales han auditado unos 350 sectores poblacionales y 10,4 millones de metros cuadrados de suelo, de los que han identificado 244 ámbitos con distintas circunstancias o carencias. El Consistorio prevé actuar sobre ellos mediante seis grupos de gestión y una unidad técnica específica con personal funcionario, asegura.

Una de las intenciones es “resolver deficiencias estructurales y regularizar urbanizaciones” -palabras del edil- sin esperar a que los promotores privados planteen proyectos. Por su parte, el Consell Insular ha informado a elDiario.es que, junto al Ayuntamiento, están pendientes de que la Ciotupha (Comisión Insular de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico-Artístico), órgano colegiado de la institución encargado de decidir y emitir dictámenes sobre planeamiento urbanístico, gestión del territorio y protección del patrimonio cultural e histórico, determine si decae el planeamiento urbanístico.

Otras afectaciones

El portavoz adjunto y candidato del PSOE a la Alcaldía, Vicent Roselló, acusa al Ayuntamiento en un comunicado de intentar “disfrazar este fracaso de gestión” con un nuevo plan mientras el municipio vuelve a las normas de 1986. Los socialistas también advierten además de que el decaimiento de las normas provisionales deja sin efecto medidas como la prohibición del alquiler turístico en edificios plurifamiliares y determinadas reservas de suelo para vivienda protegida.

Los socialistas añaden que la vuelta al planeamiento de las normas antiguas afecta a otras previsiones de las normas provisionales. Entre ellas la reserva de suelo industrial en torno al aeropuerto y la delimitación de terrenos para equipamientos públicos como el futuro cuartel de la Guardia Civil de Can Burgos, instalaciones culturales y deportivas en Cala de Bou o la ampliación del centro educativo de Sant Jordi.

La formación Ara Eivissa responsabiliza igualmente al alcalde y al conseller insular de Territorio, Mariano Juan, del “fracaso” de las Normas Provisionales. También ha recordado que fueron tramitadas conjuntamente por el Ayuntamiento y el Consell y que recibieron el respaldo de PP, PSOE, Vox y Unidas Podemos y critican a Sant Josep por “acumular” -denuncian- tres años sin avances en su planificación urbanística.