El Ayuntamiento de Palma admite indicaciones políticas para no reforzar la atención a migrantes en plena regularización

El Ayuntamiento de Palma ha reconocido que existieron indicaciones políticas en la decisión de no reforzar el personal de las Oficinas de Atención a la Ciudadanía (OAC) en pleno proceso de regularización de personas migrantes, un hecho que varios funcionarios del área de Servicios Sociales denunciaron la semana pasada en un comunicado. Desde el Consistorio, gobernado por PP y Vox, justifica su planteamieno en la intención de que el resto de servicios que ofrece la corporación municipal no vieran mermada su capacidad de acción y funcionaran con normalidad.

Durante la Comisión de Servicios a la Ciudadanía celebrada este jueves en el Consistorio, la coordinadora de Servicios Sociales de Cort, Patricia Pizà, quien compareció a petición de Unidas Podemos, señaló que se dieron instrucciones desde la dirección política para no reforzar las OAC pese al incremento de la carga de trabajo, aunque no aclaró quién las dio, tal como informa Diario de Mallorca. En declaraciones a elDiario.es, fuentes del Ayuntamiento precisan, sin desmentir esta información, que el servicio cuenta con cinco trabajadores y que se han ajustado los horarios para atender la demanda, si bien se ha descartado reforzarlo al considerar que implicaría desatender otras áreas.

La decisión habría respondido así, según la corporación municipal, a un criterio de organización interna para evitar descompensar otros servicios considerados igualmente prioritarios y equilibrar las distintas necesidades del conjunto de la ciudadanía.

Según explicó a Europa Press el regidor de Més per Palma Miquel Àngel Contreras, quien estuvo presente en la comisión, Pizà no respondió a “prácticamente nada” durante su primera intervención. Después de que los grupos municipales de la izquierda le reformularan las preguntas, la coordinadora de Servicios Sociales admitió que se dieron -en palabras del ecosoberanista-, “instrucciones o directrices políticas” para no reforzar las OAC pese al incremento de la carga de trabajo, aunque no precisó quién las dio.

En este sentido, el Ayuntamiento insiste en que continúa prestando el servicio y tramitando las solicitudes dentro de sus capacidades actuales, al tiempo que señala que el proceso de regularización depende en gran medida de la planificación estatal.

Desde la oposición de izquierdas, sin embargo, cuestionan la decisión de no reforzar el servicio en este contexto y da por acreditadas las órdenes políticas de no reforzar las oficinas ante el aumento de la demanda derivado de la expedición de informes de vulnerabilidad para la regularización extraordinaria de personas migrantes.

El pasado martes, el Gobierno central acusó además al PP de “boicotear” los trámites que necesitan los migrantes para acceder a la regularización extraordinaria impulsada de las Moncloa impidiendo que los ayuntamientos gobernados por el partido de Alberto Núñez Feijóo realicen las gestiones oportunas. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de migraciones y portavoz del Ejecutivo aseguró que hay “ayuntamientos que siguiendo directrices políticas del PP están boicoteando las esperanzas y los derechos” de los migrantes.

Los vecinos de Palma que esperan su turno ante las oficinas de la OAC buscan, en la mayoría de los casos, un certificado de vulnerabilidad social. Es uno de los documentos esenciales para cualquier migrante que desee iniciar su regularización. El proceso comenzó el miércoles de la pasada semana después de que el Gobierno aprobara por Real Decreto en el último Consejo de Ministros conceder permiso de residencia a los extracomunitarios que puedan demostrar arraigo en España y no tengan antecedentes penales.

La nota de los funcionarios aseguraba que, ante las colas que comenzaban a formarse, “el equipo directivo” de la OAC activó “medidas de refuerzo de personal con el objetivo de garantizar una atención adecuada y el cumplimiento de los plazos establecidos”. Según continuaba el texto, esa misma mañana hubo órdenes de “no reforzar el servicio, dejando toda la gestión de este volumen extraordinario en manos únicamente de las profesionales habituales de la OAC Social”. 

Poco después de que los medios recibieran el escrito de los funcionarios, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, sin hacer mención a la nota, aseveró que “no se puede entrar en esta ciudad por la puerta de detrás”. Según los datos aportados en la comisión, y que recoge Última Hora, las oficinas municipales han recibido ya cerca de 4.000 solicitudes para la emisión de certificados de vulnerabilidad, un requisito esencial en algunos casos del proceso de regularización. Sin embargo, muchas de ellas aún no han comenzado a tramitarse debido a la falta de recursos humanos .