El PP cierra las oficinas de vivienda en Ibiza y abandona a los afectados por los precios abusivos
Los ayuntamientos de la ciudad de Eivissa y de Sant Josep de sa Talaia, en los que desde las elecciones de mayo gobierna el PP, han decidido clausurar las oficinas de vivienda, que inauguraron en la anterior legislatura los equipos de gobierno de la coalición de PSOE-Unidas Podemos. Estos espacios estaban pensados para ofrecer asesoramiento jurídico y administrativo y acompañar en las gestiones a propietarios e inquilinos, aunque en la práctica la mayoría de las consultas que se han atendido han venido de parte de los arrendatarios.
Esta decisión, que se ha tomado casi simultáneamente por parte de los dos Consistorios, está en la línea de la nueva política de vivienda anunciada por el Govern balear, que está dando voz a los propietarios pero no a los inquilinos, tal y como se puso de manifiesto en las rondas de consultas que se han realizado hace unas fechas y en las que no han sido convocadas las organizaciones que defienden los derechos de los arrendatarios de vivienda en las Islas.
Estos están sufriendo el aumento indiscriminado de los precios y se están viendo abocados a abandonar el archipiélago por este motivo, además de los problemas que el desorbitado precio de la vivienda de alquiler está ocasionando en la falta de trabajadores de temporada. Pero, al parecer, y hasta el momento, el Govern no los va a tener en cuenta para elaborar el Decreto de Emergencia Habitacional, que la máxima institución balear anuncia a bombo y platillo.
A principios de septiembre de este año, el nuevo equipo en el Consistorio de la ciudad de Eivissa tomaba la decisión de cerrar la Oficina de Vivienda, que se había puesto en marcha a través de un acuerdo de colaboración entre el Consistorio y el Govern balear el pasado abril, un mes antes de las elecciones, a pesar de que la Concejalía de Vivienda, comandada por el podemita Aitor Morrás, había anunciado prácticamente desde el principio de la anterior legislatura su apertura. A la firma de convenio acudía el conseller balear de Vivienda, el ibicenco Josep Ribas, acompañando al alcalde de la ciudad, Rafa Ruiz, además de Morrás, que desempeñaba también la función de teniente de alcalde en aquellos momentos.
En general todos los objetivos de la atención en esta oficina estaban dirigidos a la parte inquilina (pérdida de la vivienda o dificultad en el pago, información de las obligaciones y posibles cláusulas abusivas, asesoramiento en el alquiler y compra, ayudas, mantenimiento de los suministros básicos y financiación). Este acuerdo tenía una duración de 4 años y existía la posibilidad de prórroga hasta un máximo de otros 4 años y en el acuerdo se instaba a su puesta en funcionamiento en el plazo de 6 meses. La oficina, situada en el edificio del CETIS, de facto nunca funcionó.
Sin embargo, y a pesar de este cambio de estrategia en materia de vivienda por parte de los populares, el Ayuntamiento de Eivissa asegura que “el servicio de asesoramiento sigue activo, solo se ha cerrado el espacio físico y reubicado el personal en las dependencias de Dalt Vila”. En cuanto al servicio prestado hasta el momento, fuentes del Consistorio explican a elDiario.es que “la gran mayoría estaban interesados en una vivienda social, así que fueron derivados al IBAVI (Instituto balear de la Vivienda), o en caso de necesidad imperiosa por encontrarse en situación muy precaria, fueron referidos a Bienestar Social del Ayuntamiento”.
Las fuentes consultadas por este periódico aseguran que “ha habido algunas solicitudes por escrito de asesoramiento jurídico relacionadas, sobre todo, con problemas entre propietarios e inquilinos”. En cuanto a la asistencia presencial explican que ha habido “bastantes interesados en conseguir viviendas asequibles por encontrarse en difícil situación económica, y algunas personas con discapacidad o familias con personas dependientes que necesitaban vivienda de forma urgente, además de las consultas sobre ayudas al alquiler”. Desde el Ayuntamiento no han podido concretar el número exacto de personas atendidas ni cómo se puede solicitar una cita.
Habita Sant Josep “funcionaba”
En Sant Josep las personas interesadas en asesorarse sobre vivienda aún no disponen de ningún servicio habilitado después de que el Consistorio haya decidido no continuar con la licitación del servicio que se quedó pendiente antes de las elecciones municipales y autonómicas de esta pasada primavera. El nuevo equipo de gobierno del Partido Popular decidía en pleno no continuar con este proceso “a pesar de tener aprobado el presupuesto”. Así lo asegura a este medio la concejala de Vivienda en la anterior legislatura, Guadalupe Nauda.
La oficina de vivienda, bajo la denominación de 'Habita Sant Josep', inauguraba este servicio en 2019, como una de sus medidas estrella, con el objetivo de prestar atención jurídica a personas que no podían costearse un abogado, para resolver dudas o conflictos relacionados con la compra o el alquiler de un inmueble. Habita Sant Josep contaba con la asistencia letrada del abogado Juanjo Ferrer, que ya había trabajado para la Oficina de Vivienda del Consell anteriormente, y que en estos momentos ejerce de senador del bloque progresista pitiuso a través de una coalición de Sumar, PSIB-PSOE y Unidas Podemos.
Tanto Ferrer como Nauda concretan que en Habita Sant Josep se han atendido desde finales de 2019 a finales de 2022 a unas 460 personas o familias. “La mayoría de los casos eran arrendatarios con dudas sobre su contrato o situaciones provocadas por la propiedad al margen de la ley”, especifica Ferrer a este diario. “También hubo dudas sobre impagos durante la pandemia”, cuenta. La oficina ofrecía servicio tanto a propietarios, aproximadamente un 10% de las consultas, como a inquilinos, y era bien valorado por estos últimos, según la apreciación del abogado. El actual senador pitiuso asegura que el cambio en la política a seguir por parte del nuevo Consistorio “es una decisión política que priva de un servicio gratuito y de calidad a las personas usuarias, que tenía un coste bajo para el Ayuntamiento, y denota un posicionamiento político a favor de la propiedad en detrimento de las personas arrendatarias, porque el servicio sí funcionaba”.
El cierre de la oficina es una decisión política que priva de un servicio gratuito y de calidad a las personas usuarias, que tenía un coste bajo para el Ayuntamiento, y denota un posicionamiento político a favor de la propiedad
Por su parte, el Ayuntamiento ha corroborado que en estos momentos esta oficina no está en funcionamiento porque finalizó su contrato en marzo y no se ha hecho la licitación. “Ahora mismo tampoco están llegando consultas relacionadas con esta temática”, puntualizan las mismas fuentes; cosa que es muy probable si no hay oficina a la que dirigirse. “Como señaló el alcalde en el último pleno, no es un punto prioritario”, concluyen; poniendo de manifiesto la falta de interés de los populares, tal y como aseguran los antiguos responsables de Habita Sant Josep. Para Juanjo Ferrer, las personas inquilinas “son las que están sufriendo esta grave situación de precios y abusos y los que no se pueden pagar, en su mayoría, una atención jurídica”.
Respecto a las medidas que se van a tomar en Formentera, fuentes del Consell explican que se está estudiando “junto con el Govern la posibilidad de alquilar viviendas para lanzarlas al mercado de alquiler residencial y afrontar el problema actual a corto plazo”, mientras continúan trabajando por aplicar las soluciones que consideran que podrían aliviar a medio término la problemática. Asimismo, puntualizan que “hay que tener en cuenta que la isla tiene un techo de saturación que se tiene que volver a analizar en función de la capacidad de depuración de agua, la eliminación de residuos, el abastecimiento de energía, la capacidad de las carreteras y los aparcamientos y que varía en función de las tecnologías y la legislación nacional y supranacional”.
Para el Consell de Formentera, gobernado también por el PP, “el planteamiento inicial es no crecer urbanísticamente más de lo que ya permite la actual normativa, es decir el PTI (Plan Territorial Insular) aprobado por el anterior gobierno en 2010, e intentar que, de forma voluntaria, sean los mismos propietarios los que, ya sea por ventajas fiscales, por comodidad o por ayudas y garantías legales, decidan poner a disposición del mercado residencial parte de las viviendas que actualmente están reguladas”, concretan.
Además, en la pitiusa del sur ya se ha iniciado el proceso de contratación del nuevo inspector de vivienda que ayudará, según aseguran, a combatir el alquiler y comercialización ilegal de viviendas de cara a la temporada 2024. Por último, los portavoces del Consell de Formentera remarcan que “la compleja situación actual, se debe en gran parte a la concesión descontrolada de licencias turísticas que se produjo entre los años 2015 y 2022, donde se adjudicaron más de un 30% de las plazas de que dispone la isla actualmente, muchas de las cuales se adjudicaron a modo de reserva, lo cual supuso una sentencia sobre la capacidad de acogida de la isla de Formentera en cuanto al cupo residencial se refiere”.
Ni el Govern ni los Consells se acuerdan de las inquilinas
Aunque las competencias en vivienda las detenta el Govern balear, el Consell Insular de Eivissa, y en concreto su presidente, Vicent Marí (PP), se reunía el primer día de esta legislatura con los alcaldes y alcaldesas de Eivissa, Santa Eulària, Sant Josep y Sant Joan, todos del Partido Popular, para delimitar cuáles iban a ser las “líneas básicas que tiene que guiar la acción del gobierno insular en el comienzo del mandato”, tal y como publicaba esNoudiari. El asunto que más preocupados tenía a los dirigentes tanto insulares como municipales era “la dificultad del acceso a la vivienda” y lo calificaban como “uno de los más graves que se sufren en la isla de Eivissa”.
En este sentido, Marí anunciaba algunas de las acciones a desarrollar en esta legislatura: los ayuntamientos harán un censo de solares, sea cual sea su calificación, para estudiar que sean destinados a la construcción de vivienda, ya sea de iniciativa pública, privada o mixta. Además, desde el Consell de Eivissa se impulsarán, en coordinación con el nuevo Govern balear del PP, “modificaciones legislativas que puedan facilitar la construcción de nuevas viviendas”, en la línea del nuevo Decreto de Vivienda.
En esta reunión también se acordó la coordinación entre las diferentes administraciones para la “lucha contra el intrusismo, especialmente para detectar a personas que alquilan de forma ilegal viviendas residenciales por canales turísticos”, para lo que se prevé un protocolo entre las policías locales y la Oficina de Lucha contra el Intrusismo, dependiente del Consell y que ya funcionaba en la legislatura anterior.
Fuentes de la máxima institución insular aseguran que por primera vez en varios años “el Govern balear trata el problema de la vivienda con seriedad y rigurosidad”, algo que desde Eivissa, dicen, llevan tiempo exigiendo, “al ser un tema que afecta muy agudamente a esta isla”.“Este texto, que plantea medidas que aumentarán la oferta sin consumir ni un solo palmo de territorio, plantea un nuevo paradigma en la búsqueda de soluciones al problema de la vivienda que huye de dogmas ideológicos y busca soluciones reales”, añaden.
También puntualizan, en este sentido, que “la izquierda basaba la solución al problema únicamente en la construcción de VPOs” e iba a necesitar de “más de 80 años para poder dar respuesta a las necesidades actuales”. El Decreto para el Consell es “el primer paso” para la coordinación con el Govern “proponiendo modificaciones legislativas que permitan por una parte luchar contra el intrusismo y, por otra, dar seguridad jurídica a los propietarios que tienen viviendas vacías”.
En cuanto al intrusismo, se colabora con el Govern, explican, “en una modificación legislativa que permita tomar medidas inmediatas una vez se detecta un alquiler turístico ilegal” y se trabaja en Europa “para que los portales de comercialización de pisos turísticos asuman parte de su culpa”. El Consell ibicenco considera necesaria dar seguridad al propietario que quiera alquilar su casa “para que lo pueda hacer con la seguridad de que su vivienda será devuelta con facilidad, en condiciones óptimas” y tendrá herramientas para protegerse de impagos, concretan estas mismas fuentes.
Respecto a los problemas de las personas inquilinas no se prevé ninguna medida.
Decreto de Emergencia Habitacional
El Govern balear también asegura que el Decreto de Emergencia Habitacional, “que será aprobado este mismo mes”, servirá para solucionar el problema de la vivienda en Balears. Las medidas se implantarán por un periodo de 2 años, fecha del plazo en el que se podrán solicitar las ampliaciones en altura de los edificios o la reconversión de locales en viviendas, cuyas obras deberán finalizar, como máximo, a los tres años de la aprobación del Decreto, según ha explicado la consellera de Vivienda, Marta Vidal. El gobierno autonómico cederá, asimismo, suelo público a los promotores para la construcción de vivienda tasada que gestionarán estas casas durante 75 años y después pasarán a ser titularidad de la Comunidad.
Por otro lado, los propietarios de pisos de al menos 120 metros cuadrados o de viviendas unifamiliares de al menos 180 metros podrán dividir sus viviendas con la condición de que la superficie mínima sea de 60 metros cuadrados en los pisos y de 90 en las viviendas unifamiliares. Todos deberán destinarse a VPO y también tendrán un precio tasado. En el caso de compra de viviendas nuevas de entre 60 y 80 metros cuadrados, oscilarán entre los 100.000 y los 240.000 euros. Si la vivienda se destina al alquiler, los precios estarían entre los 555 euros y los 900, según el municipio en el que se encuentren. En cuanto a medidas concretas para las personas arrendatarias, portavoces de la Conselleria de Vivienda aseguran que “todo se irá anunciando cuando se apruebe” el Decreto, pero de momento no ha trascendido ninguna.
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