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PP y Vox confían en cerrar esta semana sus negociaciones de los presupuestos de 2025 en Balears aunque aseveran que, por “prudencia”, no revelarán detalles hasta que el acuerdo no esté materializado. Con todo, los de Santiago Abascal han advertido de que no han “renunciado a nada” al ser preguntados sobre si mantienen sus exigencias en materia lingüística: la semana pasada, la formación de extrema derecha aseguró que únicamente apoyará las cuentas si el Govern de la popular Marga Prohens deroga el decreto de mínimos -uno de los pilares de la política lingüística en el archipiélago que, desde su aprobación en 1997, garantiza en al menos un 50% el uso del catalán en la enseñanza- o si, en su defecto, suprime la autonomía de cada centro para decidir la lengua vehicular.
En rueda de prensa, la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, ha insistido en que “tiene que haber pasos imporantes en materia lingüística para que haya presupuestos”, para después señalar que, “independientemente de lo que salga”, su partido “no va a renunciar nunca a ninguna de sus batallas culturales”. “Seguimos negociando. Hay más cosas, no nos hemos centrado solo en educación. El PP promete derogar leyes de la izquierda que luego no deroga”, ha aseverado en alusión velada a la ley balear de memoria democrática, cuya eliminación también exige Vox a cambio de respaldar el texto presupuestario de los populares.
La supresión de esta normativa figuraba en el acuerdo de legislatura alcanzado entre PP y extrema derecha, si bien el pasado mes de diciembre los conservadores facilitaron, con su abstención, la vigencia de esta ley a raíz de un insólito pacto alcanzado previamente con las formaciones de izquierdas: a cambio de que la normativa no fuese derogada, la oposición posibilitó en el mismo pleno, tal como había pactado previamente con el PP, la eliminación de 34 enmiendas que Vox había presentado al Decreto Ley autonómico de simplificación administrativa, y que los de Prohens habían incorporado por error dos semanas antes.
La negativa de los de Abascal a repetir la polémica votación sumió a conservadores y extrema derecha en una profunda crisis que desembocó en la retirada de los Presupuestos de 2025 ante la falta de acuerdos y con los populares pactando con la izquierda medidas de importante calado como la no supresión de la ley de memoria.
Reanudadas las relaciones entre ambos socios de investidura, y de nuevo en plenas negociaciones para sacar adelante los presupuestos, Vox ha advertido de que no dará su visto bueno a los mismos si el PP no da un paso más en su política lingüística. Los populares, por su parte, ya han puesto en varias ocasiones sobre la mesa las “líneas rojas” que no traspasarán, entre ellas la derogación del actual modelo de conjunción lingüística consensuado en las últimas décadas por los distintos gobiernos autonómicos.
En línea de lo manifestado este lunes por Cañadas, el portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras, ha asegurado que la negociación con Vox para sacar adelante las cuentas para este año todavía no está cerrada y ha vuelto a llamar a la prudencia hasta que las conversaciones no se den por cerradas al completo. “Cuando se cierren, los medios lo sabréis, os convocaremos y con total transparencia explicaremos los resultados de las negociaciones”, ha recalcado.
En esta línea, Sagreras ha declarado que desde el PP son “los primeros sorprendidos” ante la noticia publicada en prensa en la que se asegura que el acuerdo está cerrado. El popular ha señalado que, como portavoz del PP, “algo tendría que conocer”: “Y no estoy en condiciones de confirmarla”, ha incidido. Tampoco ha querido entrar a valorar las exigencias lingüísticas de los de Abascal: “Por nuestra parte, la prudencia es un elemento más que se pone sobre la mesa en una costa tan importante como los presupuestos”, se ha limitado a sentenciar.
El PSIB-PSOE: “¿Cuántos derechos más recortarán?”
Mientras tanto, desde la oposición, el portavoz parlamentario del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha vinculado los últimos decretos aprobados por el Govern -entre ellos el que eximirá durante cuatro años a los funcionarios de las islas de acreditar el conocimiento del catalán en los procesos de estabilización- a las negociaciones que mantiene con Vox para sacar adelante las cuentas autonómicas.
“¿Hasta dónde llegarán para tener unos presupuestos? ¿Cuántos derechos más recortarán para alcanzar unos presupuestos?”, ha recriminado el dirigente socialista, quien lamenta que, cada vez que se han producido avances en las negociaciones “significa hacer retrocesos en derechos en el catalán, en los servicios públicos o en la destrucción del territorio”. Negueruela se ha referido también al decreto de turismo que desbloqueará y blindará más de 90.000 plazas de alquiler turístico en Balears -consolidando así hasta 145.000 plazas, según los grupos de izquierdas- y al decreto que permitirá dar vía libre a la construcción de 20.000 viviendas en el término municipal de Palma y recalificar suelo rústico en 13 municipios de las islas para llevar a cabo más edificaciones.
También la diputada de Unidas Podemos en el Parlament, Cristina Gómez, ha advertido del “retroceso en derechos” a través de los pactos entre PP y Vox en Balears y que, en su opinión, acabará provocando la derogación de la ley de memoria democrática. En este sentido, ha recriminado que Prohens “no tiene palabra” y ha afeado al actual Ejecutivo balear su falta de compromiso con los consensos alcanzados.
En esta misma línea, ha mostrado su inquietud ante la posibilidad de que un acuerdo entre PP y Vox en materia presupuestaria represente un debilitamiento en los derechos del colectivo LGTBI+, además de que las “microconquistas de Vox” en materia lingüística supongan una progresiva “devaluación de los derechos de las personas catalanoparlantes”.