PP y Vox eximen a los funcionarios de acreditar durante cuatro años el catalán en Balears: “Este es solo el comienzo”

El Govern balear del PP ha aprobado un decreto ley con el que se prorrogará de dos a cuatro años el plazo para acreditar el conocimiento del catalán en los procesos de estabilización de todos los empleados públicos de las islas. Se trata de una medida que, como ha reconocido el propio Ejecutivo, ha sido pactada con Vox con el objetivo de hacer frente, en palabras del vicepresidente del Govern, Antoni Costa, a la “grave” situación en la que se encontrarían a nivel laboral los trabajadores públicos de distintas áreas, especialmente en la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia, por no poder estabilizar su plaza como consecuencia, ha dicho, de no disponer de la titulación lingüística requerida.

Ya a primera hora de este viernes, la formación de extrema derecha difundía un comunicado en el que reivindicaba como propias las medidas lingüísticas incorporadas y advertía de que este “es solo el comienzo”. Precisamente, la presencia del catalán en el ámbito público, y más en concreto en el educativo, es en estos momentos el principal escollo que mantienen PP y Vox en sus negociaciones de los Presupuestos de 2025, dado que los de Santiago Abascal han endurecido sus exigencias asegurando que solo apoyarán las cuentas si el Govern deroga el decreto de mínimos -que, desde su aprobación en 1997, garantiza en al menos un 50% el uso del catalán en la enseñanza- o si, en su defecto, suprime la autonomía de los centros a la hora de decidir en qué lengua impartir la enseñanza.

Con todo, Costa ha asegurado que las propuestas incluidas en el decreto recién aprobado “no tienen absolutamente nada que ver” con las negociaciones de los presupuestos y que el pacto alcanzado con Vox se ciñe únicamente a la norma sacada adelante este viernes. El también conseller de Economía, Hacienda e Innovación ha aseverado que el Ejecutivo “pondrá todas las facilidades posibles para que estos trabajadores asuman los conocimientos lingüísticos [del catalán]”, aseverando que la ampliación del plazo es la única de las dos alternativas que podía adoptar: la otra era el despido de los trabajadores al no contar con el nivel lingüístico exigido al cabo de los dos años transcurridos para ello.

“El Govern no los despedirá. Son servicios esenciales”, ha manifestado, sin aclarar si, cuando finalicen los cuatro años pactados en el decreto y los trabajadores no han acreditado sus conocimientos de catalán, podrán o no estabilizar su plaza. “En cuatro años pueden pasar cosas”, se ha limitado a responder, sin especificar, al ser preguntado por ello, a qué se refería con estos términos.

En concreto, el texto modifica una disposición adicional del decreto de medidas urgentes para reducir la temporalidad en la ocupación pública (aprobado en junio de 2022 por el Ejecutivo de Francina Armengol), con el objetivo de incorporar en el mismo la prórroga de los dos años plazo del que disponen en la actualidad los funcionarios para acreditar el conocimiento del catalán en los procesos de estabilización. De este modo, aquellos que accedieron a un puesto de trabajo público sin disponer del nivel lingüístico exigido, y que disponían de dos años para acreditarlo, ahora contarán con dos años más. El nuevo decreto incorpora además una disposición adicional dirigida a rebajar el nivel de conocimiento de catalán que deben acreditar los celadores.

Al ser preguntado sobre por qué no se ha aprobado un decreto específico en materia lingüística, Costa ha argumentado que se trata de medidas “necesarias y urgentes” para evitar, ha alegado, que el Govern tenga que despedir a unos 145 trabajadores públicos, la mayoría (123) de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia. “Es una cuestión de pragmatismo”, ha recalcado.

El vicepresidente ha trasladado su agradecimiento a los de Abascal por el acuerdo alcanzado y ha querido desligar en varias ocasiones este pacto de las negociaciones de los presupuestos de este año, que quedaron en suspenso el pasado mes de diciembre cuando la formación de extrema derecha tumbó las cuentas tras no ver atendidas las condiciones que imponía -entre ellas, la supresión del catalán en la función pública y su eliminación como lengua vehicular en la educación pública de las islas-. En medio de una nueva crisis entre ambas formaciones y ante el endurecimiento de las exigencias de Vox, la presidenta balear, Marga Prohens, anunció finalmente la retirada de las cuentas a la espera de retomar las negociaciones con los grupos parlamentarios. 

Negociaciones de los presupuestos

Una vez reanudadas las relaciones entre ambos socios de investidura, y de nuevo en plenas negociaciones para sacar adelante los presupuestos, Vox ha advertido de que no dará su visto bueno a los mismos si el PP no da un paso más en su política lingüística. Los populares, por su parte, ya han puesto en varias ocasiones sobre la mesa las “líneas rojas” que no traspasarán, entre ellas la derogación del actual modelo de conjunción lingüística consensuado en las últimas décadas por los distintos gobiernos autonómicos.

Cabe recordar que en agosto de 2023, con la actual legislatura recién iniciada, el Govern de Prohens aprobó, mediante un decreto de medidas urgentes, la eliminación del catalán como requisito laboral para acceder a la sanidad pública, por lo que pasó a ser mérito. Con esta medida, el Ejecutivo mostraba entonces su voluntad de facilitar la captación de profesionales sanitarios y “poner alfombra roja” para que “el mayor número de ellos” trabaje en las islas. La consellera de Salud, Manuela García, reconoció entonces, sin embargo, no disponer de datos que demostrasen la fuga de profesionales como consecuencia de la exigencia del requisito del catalán.

Con todo, la supresión de la lengua propia de las islas --como así la reconoce el Estatut d'Autonomia- como requisito para trabajar en la sanidad pública salvó el pasado miércoles su primer partido en el Tribunal Constitucional. El pleno, según pudo saber elDiario.es, rechazó el recurso que PSOE y Unidas Podemos presentaron contra esta medida, pero ciñéndose a los aspectos formales del decreto-ley: el pasado mes de diciembre se llevó a cabo una modificación legal del decreto de 2023, y eso se estudiará en una segunda sentencia, dentro de algunos meses, y ya sobre el fondo del asunto.