Balears da luz verde al decreto ley que pone freno al desarrollo urbanístico en las islas

El Parlament balear ha validado este martes el Decreto ley de medidas urgentes en materia urbanística --29 votos a favor y 17 en contra-- para la contención del crecimiento urbanístico de las islas, un territorio “frágil, vulnerable y con un alto índice de presión humana que compromete sus recursos naturales”, como ha manifestado el conseller de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir, durante el debate y votación de la normativa.

Durante su intervención, Mir ha realizado además un llamamiento a la “responsabilidad” de la derecha, que “siempre está en contra de cualquier medida ambiental y territorial para Balears”. “Después saldrán por conveniencia política dando importancia a la emergencia climática y a la sostenibilidad, pero la realidad es que se oponen a cualquier medida territorial y ambiental que se intente desarrollar en estas islas”, ha criticado el conseller.

En este punto, ha defendido un nuevo modelo territorial basado en la contención urbanística, que apueste por la rehabilitación y renovación urbana frente a los nuevos crecimientos; el fomento del uso de aguas regeneradas, por ejemplo para la limpieza de equipamientos municipales o riego de jardines públicos; la limitación del número de piscinas en fincas, que se extiende también ahora a las Pitiüses y no sólo a Menorca y Mallorca, o la protección urbanística de cientos de hectáreas con calificaciones como la de Área Natural de Especial Interés (ANEI).

Además, también ha hecho referencia a la solución habitacional que propone para los apartamentos de Don Pepe, en Eivissa, construidos hace más de cinco décadas al lado del aeropuerto y próximos a la línea de costa. Las carencias estructurales de los dos edificios que los componen han provocado la apertura de un expediente municipal de ruina en uno de ellos y, con ello, el consiguiente desalojo de los residentes.

Al respecto, el decreto establece “urgente y necesario” clasificar como suelo urbanizable directamente ordenado varios terrenos del término municipal de Sant Josep de sa Talaia para destinarlos a acoger viviendas protegidas de promoción pública que permitan realojar a los propietarios de los apartamentos.

“Es responsabilidad de la gente que defiende estas islas tomar conciencia y medidas que puedan ayudar a variar el modelo y la presión que tanto compromete al archipiélago”, ha insistido Mir, que ha manifestado también la importancia de “avanzar para ser más resilientes frente a la emergencia climática, una afirmación cada vez menos aplazable”.

Medidas contempladas

En concreto, el nuevo decreto establece que los planeamientos municipales no podrán delimitar nuevos sectores de suelo urbanizable cuando las necesidades reales se puedan resolver con actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana (cuando en el municipio haya más de un 15% de suelo vacante o si éste tiene una superficie equivalente a la propuesta de nuevo crecimiento en sectores urbanizables).

Asimismo, se incluyen excepciones para hacer promociones públicas de vivienda protegida en determinados casos: cuando se trate de un equipamiento público del que no se pueda asegurar la viabilidad técnica y económica en el suelo disponible o cuando el equipamiento sea de grandes dimensiones y sea necesaria una superficie continua mayor a la disponible en suelo urbano.

El decreto también amplía áreas ANEI en 145 hectáreas, incrementando la protección territorial de Cala des Jondal, los barrancos de Son Gual y Xorrigo y áreas de la Serra de Tramuntana y Es Trenc, zona en la que “se evita de manera definitiva la construcción del famoso hotel de Ses Covetes”, como indicó Mir tras la aprobación del decreto, el pasado mes de diciembre, por parte del Consell de Govern. Además, en Es Trenc también se declaran área rural de interés paisajístico (ARIP) 11 hectáreas.

El PP: “El decreto agrava el problema de la vivienda”

El diputado del PP Sebastià Sagreras ha sostenido la posición en contra de su partido al “decretazo” urbanístico, ya que, según ha dicho, “agrava todavía más el problema de la vivienda y genera inseguridad jurídica”.

En este punto, se ha referido a la “mala costumbre” del Govern de “hacer urbanismo vía decreto, y sin contar con los consells ni ayuntamientos”.

“El urbanismo se tiene que hacer con tranquilidad, consenso y diálogo”, ha reiterado el diputado 'popular', que ha contemplado que este decreto “va en contra de la autonomía de los municipios”.

Por todo ello, ha pedido “al menos” su tramitación como proyecto de ley, un hecho que se ha rechazado con 29 votos en contra en la cámara. “Rectificar es de sabios, es una pena que los máximos perjudicados sean la gente y las clases humildes que aspiran a tener una vivienda”.

En este mismo sentido lo ha solicitado el diputado de Ciudadanos Marc Pérez-Ribas, que ha criticado también la “vulneración de competencias de consistorios y consells”, y que el decreto “no soluciona los problemas más acuciantes de la ciudad”.

Asimismo, ha recordado que “hubo un tiempo en que el urbanismo lo planteaban los urbanistas, que decidían cómo se gestionaba la creación de nuevos espacios”, y ha considerado que los profesionales del siglo XXI “tienen también en cuenta la sostenibilidad y prevén estas soluciones”.

“La realidad es que tras ocho años de gobierno de Armengol es un clamor de la sociedad balear la constatación del fracaso en políticas de vivienda”, porque “hablamos de medidas intervencionistas, populistas y que culpabilizan a extranjeros”, ha finalizado.

Por su parte, el portavoz parlamentario de Vox, Jorge Campos, ha lamentado “una vez más el despotismo de la izquierda”, que se manifiesta “perjudicando gravemente el desarrollo económico de la región”.

“Nos cuelan restricciones a los usos urbanísticos que pueden ejercer los ciudadanos, restricciones injustificadas y desproporcionadas”, ha continuado Campos, que ha tildado de “imposición” el debate de este “decretazo”.

El último en intervenir ha sido el portavoz parlamentario de El PI-Proposta per les Illes Balears, Josep Melià, que ha incidido en su “sorpresa por la poca explicación de usar la figura del decreto ley, que en teoría es una excepción”, y por el “poco alcance” de la norma.

“Queremos contener el crecimiento, pero con cabeza”, ha enfatizado el portavoz, que ha justificado su abstención y ha pedido su tramitación como proyecto de ley.

Cs lamenta que el PSIB “ceda” ante sus socios

En declaraciones a los medios, la coordinadora de CS Balears y portavoz parlamentaria, Patricia Guasp, ha lamentado que con este decreto el PSIB “ceda a los chantajes y recetas intervencionistas de Podemos y MÉS per Mallorca”.

“Estas cesiones lastran el futuro de los jóvenes”, ha insistido Guasp, que ha manifestado su “preocupación” por el tema de la vivienda.

En este punto, ha indicado que desde CS proponen un desarrollo sostenible, pero que en ningún caso quieren más limitaciones. “Necesitamos más progreso y ellos son todo lo contrario, el decreto va en contra de los ayuntamientos y consells, y da todo el poder a la Conselleria bajo el paraguas de querer proteger el medio ambiente”.

Grupos a favor del decreto

El diputado de Unidas Podemos Pablo Jiménez ha considerado, por su parte, que este nuevo decreto trata de dar solución a los “problemas de expansión y crecimiento urbanístico”, para “evitar actuaciones indeseadas en el marco de las previsiones”.

Así, ha advertido que “la presión es evidente en Balears, con la progresiva urbanización del medio rural”, un hecho que “llama a actuar” y hace “evidente la necesidad de proteger el territorio”.

En la misma línea se ha expresado la diputada de MÉS per Mallorca Joana Aina Campomar, quien ha alertado del “sufrimiento” que padecen los recursos en Balears, a causa de la “presión” y el consecuente “incremento de la demanda”, como por ejemplo de agua.

“Estamos delante de dos modelos, el que quiere la protección frente al que quiere el beneficio independientemente del futuro de las islas”, ha sentenciado la diputada, que ha defendido la “supervivencia del modelo económico y social” del archipiélago.

Desde Més per Menorca, su portavoz parlamentario, Josep Castells, ha insistido en que la riqueza está en conservar. “Llegamos tarde, pero no tiene que ser una excusa para no actuar, hay que hacerlo con responsabilidad para las generaciones futuras, presentes, para la conservación del medio y también de la riqueza”.

En su turno de intervención, el diputado del Grupo Mixto-Gent per Formentera Antonio Jesús Sanz se ha detenido en la solución al problema habitacional de las viviendas de Don Pepe, en Ibiza, al tiempo que ha censurado que “algunos piensen que la protección del territorio es cubrirlo de cemento”.

Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista Joan Ferrer ha sentenciado la “malentendida filosofía de la distribución territorial”, que “trasladó una presión excesiva de los territorios en un contexto de recursos limitados”.

“Es de primero de Geografía que cualquier desarrollo urbano que no cuente con suficientes requisitos está condenado al fracaso”, ha remarcado Ferrer, que ha censurado el “urbanismo a la carta” de los 'populares' “de acuerdo a las necesidades de sus amigos”, sin tener en cuenta “las necesidades reales de la población”.