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Familias, docentes y sindicatos han llevado al Govern balear a los tribunales mediante la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la decisión de la Conselleria de Educación y Universidades de eliminar los estudios de ESO y Bachillerato del IES Politècnic, uno de los centros educativos más antiguos de Mallorca, para convertirlo en un Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP). La reestructuración dejará en el limbo a más de 300 alumnos que deberán redistribuirse en otros lugares, incluida la escuela concertada, y provocará el desplazamiento forzoso de 40 profesores.
En una rueda de prensa convocada para anunciar la impugnación de la resolución del Govern, la Asamblea de Centro del instituto público, la Asociación de Padres y Madres de Alumnos (Amipa), la FAPA y los sindicatos STEI Intersindical y SIAU han reclamado la adopción de medidas cautelares para que no se aplique la extinción de los grupos de 1º de ESO a partir del próximo curso.
Según han criticado, Educación ha tomado una decisión “política y unilateral” sin tener en cuenta ni escuchar a la comunidad educativa. La portavoz de la Asamblea de Centro del IES Politècnic, Magdalena Vázquez, ha remarcado que no están en contra del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) sino que apuestan por la convivencia con el IES.
En este sentido, ha señalado que existe un informe de viabilidad para la coexistencia del nuevo CIFP y del IES aprobado por amplia mayoría del claustro. Así, proponen la separación de los dos centros en dos unidades administrativas independientes que compartan las instalaciones del edificio de la calle Menorca.
A su criterio, el cierre del IES, además de provocar la eliminación de 300 plazas públicas y el desplazamiento de los 40 docentes, conllevará la desaparición de un centro de secundaria con cinco CEIP adscritos en Palma, una circunstancia que, auguran, supondrá el aumento de ratios en los centros cercanos y denegará a la ciudadanía el derecho a elegir dónde quieren cursas sus estudios. A su parecer, hay una relación directa entre la extinción del IES Politècnic y el “interés” de la Conselleria en “favorecer” la enseñanza concertada.
En esta línea, Vázquez ha explicado que el desmantelamiento comenzó el pasado curso eliminando un grupo de 1º de ESO “ignorando” las cifras de alumnos adscritos en primera opción y, además, la Conselleria impidió la matricula de nuevos alumnos en Bachillerato aunque había plazas vacantes, tal como informa Europa Press.
Mientras tanto, desde Amipa han lamentado que la Conselleria no haya consultado la propuesta con las familias y que, cuando estas han expresado sus dudas y dificultades se les ha dicho que era una decisión ya tomada. Además, según han criticado, no se ha presentado un informe que justifique pedagógicamente la decisión. Se trata, han remarcado, de “una amenaza grave” para el bienestar de los alumnos. En concreto, el director de la FAPA, Miguel Ángel Guerrero, ha cuestionado la calidad educativa que podrá ofrecer el instituto cuando solo queden dos clases.
En la misma línea se ha pronunciado Cati Joan del STEI Intersindical y Joan Crespí de SIAU, quienes han afeado a la Conselleria por “no escuchar” a la comunidad educativa y, al conseller del ramo, por “no dar una argumentos justificados”. “Es un despropósito”, ha dicho Crespí, quien ha agregado que la extinción del IES deja a docentes y alumnos en “una situación totalmente desconcertarte”.
En cuanto a la propuesta del nuevo Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP), han apuntado que no se ha presentado ningún proyecto pedagógico, ni de impacto ambiental, ni de reforma para un centro que prevé acoger cinco familias industriales y mecánicas y añadir nuevas. Con todo, Vázquez ha señalado que el objetivo de las medidas legales que han emprendido es que no se aplique la extinción de los grupos de 1º de ESO el próximo curso y, a partir de ahí, iniciar un diálogo con el departamento de Antoni Vera para evitar la extinción del IES.
Próximo a las céntricas Avenidas de Palma, el IES Politècnic fue inaugurado en 1932 y su función era la de ofrecer, por primera vez en la isla, Formación Profesional reglada y de calidad, convirtiéndose para ello en una Escuela del Trabajo para oficiales y maestros obreros. Aquel año se titularon 17 mecánicos, cinco carpinteros y siete electricistas. El instituto amplió su oferta educativa en 1999 con los estudios de secundaria y bachiller. En su web, el centro defiende la incorporación de ambas modalidades: “El claustro de ESO y bachillerato no queda atrás en cuanto a orgullo profesional. La diversidad de la que disfrutamos, además de los retos que este siglo XXI nos presenta de manera incansable, nos empujan cada día a aprender y mejorar para que ningún alumno quede atrás”.