Las organizaciones medioambientales de Eivissa y Formentera han mirado de reojo desde su aprobación el decreto-ley del Govern balear que permitirá liberalizar suelo para edificar en los 24 municipios de Balears con más de 10.000 habitantes después de tramitarlo como proyecto de ley. El auténtico problema, según la visión de las organizaciones medioambientales pitiusas, es la posibilidad de recalificar suelo rústico como urbano para construir en áreas de transición (lo que se vende como un crecimiento natural de los pueblos o ciudades) en aquellos términos municipales con más de 20.000 residentes, en total son 13 en todo el archipiélago.
En Eivissa, se habla casi del conjunto de la isla, exceptuando Sant Joan: Vila cuenta con 53.717 habitantes; Santa Eulària, el segundo municipio con más población, con 41.228; Sant Josep con 29.506 y Sant Antoni con 27.341, según los últimos datos publicados por el INE (Instituto Nacional de Estadística). En cuanto a Formentera, cuenta actualmente con aproximadamente 11.556 habitantes y podrá liberarse suelo para edificar, aunque no modificar las áreas de transición.
“Cualquier vivienda en suelo rústico, aunque no esté destinada al alquiler turístico, tiene un consumo mucho mayor que la misma tipología de casas en suelo urbano”, lamenta el director de Alianza por el Agua, Juan Calvo Cubero, al ser preguntado por elDiario.es. La explicación es que estos inmuebles no están conectados a las desaladoras ni a la red en general, lo que implica una menor garantía del consumo, a la vez que una mayor extracción de agua de los pozos.
Hay otro hándicap, además, relacionado con la tipología de vivienda que se suele construir en zonas naturales: la mayoría de ellas son villas o casas grandes en las que no faltan piscinas y jardines. “Lo que se ha establecido ahora es la prohibición de los jardines tropicales”, señala Calvo. Por su parte, Amics de la Terra no se “plantea” siquiera el peligro del tipo de inmuebles que se vayan a construir sino que “rechazan” directamente la construcción sobre cualquier metro cuadrado que ahora sea rústico. “El impacto hacia el medio ambiente será evidente. Ya no solo la producción de los materiales para construir, como el cemento o el hormigón, que producen mucho CO2 -aunque a veces se importan desde fuera-, sino también los efectos secundarios de que crezca la presión humana sobre las islas, señala a este diario la portavoz de la asociación ecologista, Hazel Morgan. El impacto será grave e Eivissa y Formentera ya están in extremis.
Los recursos: ya sobreexplotados
Los recursos hídricos están en una situación muy grave de sobreexplotación. De hecho, las Pitiüses se encuentran en continua de prealerta y la capacidad de los acuíferos está al 36%. Calvo indica que más allá de la aprobación del impopular -para algunos sectores- decreto del Govern balear, poder o no construir implica la necesidad de presentar un informe de suficiencia hídrica por parte de los ayuntamientos. “En sentido estricto no se debería desarrollar nada, dado que no se está cumpliendo con esa suficiencia”, añade.
En ese sentido, desde la alianza por la gestión sostenible del agua llevan tiempo insistiendo a los equipos de gobierno municipales de la isla de la necesidad de aprobar ordenanzas de ahorro y reutilización del agua. Ahora mismo, echan una mano a los consistorios de Sant Antoni, Eivissa y Sant Joan para que las aprueben y a Santa Eulària con la difusión de la información en redes. En cuanto a Sant Josep, ya tenía vigentes estas limitaciones. Esto quiere decir que dentro de poco los cinco municipios de la isla tendrán en vigor la ordenanza.
Otro aspecto preocupante es la sobrecarga importante de las depuradoras -sobre todo en verano-, dimensionadas para la población actual de las islas. Nuevos crecimientos poblacionales implicarían una sobrecarga de aguas residuales en las depuradoras con el potencial peligro de verter estas aguas más tarde al mar. En este contexto de insuficiencia hídrica el Govern plantea además una cuarta desaladora. “Pero su instalación no va a llegar en esta década, por lo que si lo que se plantea con el decreto es dar respuesta a la crisis habitacional, el resumen es que no va a responder: no hay recursos hídricos”, afirma contundente Calvo.
De hecho, incluso las viviendas de Protección Oficial están condicionadas por la suficiencia hídrica. “Si no, se corre el riesgo de que haya cortes de agua y no haya garantía de suministros por estos nuevos crecimientos”, insiste el portavoz de la Alianza. Cita como ejemplo el caso de Can Escandell, en la ciudad de Eivissa. “Han tenido que cumplir ese informe de suficiencia hídrica y están condicionados por el Plan de Gestión Sostenible del Agua”, apunta. Esto, por supuesto, acarrea la necesidad de mejorar las condiciones de la red, reducir demandas y un largo etcétera.
La inviabilidad de construir más
Del suelo que se reclasifique en las áreas de transición de los municipios con más de 20.000 habitantes, un 15% deberá cederse a los consistorios para que construyan Viviendas de Protección Oficial (VPO) destinadas a residentes que lleven un mínimo de cinco empadronados en el municipio y del total, un 30% de los inmuebles serán para menores de 35 años. En el 50% de ese suelo rústico se construirán VPL (viviendas cuyo precio podrá verse aumentado en un 30% sobre el de las VPO). En el 35% del territorio restante, podrán construirse viviendas de venta libre.
Todo ello en un contexto en el que seguir construyendo resulta inviable en una isla ya saturada y con un mínimo suelo rústico. Para Consuelo Antúnez, presidenta de la Asociación de Construcción pitiusa, la reclasificación de rústico a urbano supone edificar zonas que ya estén “medio urbanizadas” en una especie de “crecimiento lógico” de la ciudad o del pueblo limítrofe.
También añade: “Entiendo que todo lo que se plantea va a estar supeditado a que realmente haya recursos suficientes. Eso tiene que ser lo primero, sino, no se podrá hacer, entiendo yo”, repite. “Los encargados, realmente, de pulir las condiciones, serán los ayuntamientos y el Consell”, apunta la representante.
El hecho de que no todo el suelo en el que se puedan proyectar futuras construcciones se destine a VPL o VPO ha suscitado críticas: la ley de proyectos residenciales estratégicos de PP y Vox se percibe como una carta blanca para la especulación. Representantes del sector -tanto Antúnez como un constructor que tiene varios proyectos en marcha en Ibiza- apuntan que una parte de vivienda libre, en cualquier promoción inmobiliaria, es “necesaria” para que al promotor le resulte “atractiva” económicamente esa inversión. Se entiende que en la situación de la crisis habitacional de las islas, este porcentaje tiene que suponer el mínimo posible, aunque todo está por ver.
Los promotores que lo deseen se podrán acoger a la nueva ley y, además, beneficiarse del recorte en los tiempos y gestiones para disponer del suelo, puesto que en vez de prever los tres trámites actuales, solo requerirá uno con una duración de entre 18 y 24 meses.
El continuo aumento de la presión humana
Pero lo primero es que los recursos hídricos suministrados lleguen a toda la población, que aumenta exponencialmente a lo largo de los años. Esto se traduce en más recursos y en la valoración del impacto medioambiental que pueden llegar a tener todas las obras que se pretenden ejecutar en un corto periodo de tiempo.
Frente a la medida del Govern, las asociaciones medioambientales defienden alternativas como regular y limitar la vivienda vacacional. Los últimos estudios del Observatorio de Sostenibilitat, de Ibiza Preservation, arrojan que el deterioro en las Pitiüses ha estado muy determinado por el incremento de la presión humana en los últimos diez años, coincidiendo con el boom vacacional y el Airbnb. “La solución no es construir más. Si no resuelve la emergencia habitacional, el decreto lo que hace es convertirse en un problema añadido”, señala la portavoz pitiusa de Amics de la Terra.
“Antes de levantar más casas, (sobre todo en suelo rústico, lo que nos parece una barbaridad), hay que aprovechar las que están ya vacías -hay bastantes y contabilizadas-. Lo segundo es reducir las plazas turísticas y que se amplíen las opciones para los residentes”, continúa. En junio de 2024 se contabilizaron tan sólo en la ciudad de Eivissa, 803 pisos vacíos y 900 destinados al alquiler turístico ilegal, como publicó Diario de Ibiza. Son datos aportados por el Ayuntamiento de Vila en el marco de la presentación del programa ‘Alquiler Seguro’, impulsado con el objetivo de que los propietarios de estos inmuebles vacíos se decidan a arrendarlos.
Por su parte, desde la Asociación de Construcción de Ibiza y Formentera observan que ante la “importante” situación de emergencia habitacional de las Pitiüses “no se debe descartar ninguna vía” para ampliar la oferta de vivienda.