El teléfono del 112 sonó poco antes de las seis de la mañana de un lunes de junio de 2018. Al otro lado, un hombre pedía socorro porque su mujer estaba inconsciente después de haberse ahogado en el jacuzzi. “Nos resultó un poco surrealista, de hecho al principio pensamos que era una broma”, reconoció uno de los agentes de la Policía Local de Ciutadella (Menorca) a los que alertó el servicio de Emergencias. Tampoco la dirección facilitada por el hombre parecía habitual: no se trataba de una zona residencial, sino de una nave situada en un polígono de la ciudad y a sólo 200 metros del cuartel.
Varias patrullas llegaron “en menos de cinco minutos”. El local, de unos 300 metros cuadrados, era la sede de Barbarroja, una empresa de alquiler de embarcaciones. Pero también el lugar en el que residían desde hacía tiempo su propietaria, Elizabeth Pimentel, y su marido, Eduardo Estela, a quienes hacía unas semanas se había sumado una amiga de la joven.
Detrás del almacén donde guardaban las barcas, los agentes encontraron una segunda dependencia en medio de la que habían colocado un jacuzzi inflable. Junto a él estaba Eduardo, el hombre que había dado la voz de alarma y que sostenía entre sus brazos el cuerpo de Elizabeth después de que, según su relato, hubiera intentado reanimarla sin éxito. “Yo esperaba que reaccionara, pero no reaccionaba, no le entraba el aire”, afirmó.
Los policías comenzaron a practicarle maniobras de reanimación a la mujer, de 36 años, a la que incluso conectaron un desfibrilador. Nadie pudo hacer nada por salvarle la vida. Ni los agentes ni el personal del 061 que llegó poco después y que acabó por confirmar su muerte.
Tiempo después, Eduardo relataría -como repitió en la primera jornada del juicio- que su mujer y él habían estado bebiendo una mezcla de sangría y mdma. En un momento de la noche, la pareja decidió bañarse en el hidromasaje pese a que el propio acusado reconoció que Elizabeth había tenido vómitos y arcadas debido al consumo. “Nos pareció que estábamos bien para meternos en el jacuzzi”, afirmó.
Según el marido, la droga y el alcohol acabaron por hacer que se durmiera. Cuando despertó, encontró a Elizabeth inconsciente, sentada y con la cabeza sumergida en el agua. “Yo no sabía si estaba viva, fue una situación horrible. Con cualquier movimiento que hacía para intentar sacarla, ella volvía a hundirse”, aseguró.
Pero había algo que no encajaba. “Avisamos a la Policía Nacional porque había cosas que no cuadraban y que no eran compatibles con un ahogamiento”, declaró en el juicio uno de los policías locales. Varios agentes señalaron que el cuerpo de Elizabeth estaba completamente seco -de hecho subrayaron la facilidad con la que pudieron pegar los electrodos del desfibrilador- con la única excepción de la cabeza. Tampoco encontraron agua alrededor del hidromasaje, pese a que el acusado aseguró que había realizado un “tremendo esfuerzo” por sacarla de allí. Además, el jacuzzi tenía unos escasos 40 centímetros de agua y estaba tapado por una lona “en unas tres cuartas partes”. “No era fácil que hubiera permanecido ni siquiera una persona dentro”, explicó.
Luego estaba la actitud del propio Eduardo. No sólo “no preguntó en ningún momento por el estado de su mujer”, sino que estaba “totalmente apático” y, según declararon los agentes en la vista, no presentaba signos de estar bajo los efectos de alcohol o drogas pese a que, según su versión, había pasado horas consumiendo. Además, los policías relataron que encontraron a la amiga de la víctima que también residía en la nave “totalmente aterrorizada”. “Insistía en que no la dejáramos sola con él, temblaba y le decía a Eduardo ‘no te me acerques’”, detallaron.
La autopsia determinó que Elizabeth Pimentel murió por sumersión y que tenía un golpe en la cabeza, producido poco antes del fallecimiento. Según detallaron las forenses en la vista, la joven presentaba una “intoxicación aguda” por mdma, con una dosis de 2,4 miligramos por litro de sangre. Una cantidad que ya de por sí “podría ser mortal” y que equivalía a haber ingerido cinco comprimidos de dicha droga.
Un año y medio después, Eduardo fue detenido por su posible implicación en la muerte de su mujer. La Policía Nacional había iniciado una investigación durante la que recabaron pruebas -entre ellas una grabación de audio con las últimas ocho horas de vida de la víctima- que apuntaban a que el fallecimiento no había sido accidental y sospechaban de la implicación de su marido. Pese a su insistencia en que a Elizabeth le gustaba “un montón” tomar droga, amigos y familiares afirmaban que no era consumidora.
Esta semana Eduardo Estela se sentó en el banquillo de la Audiencia Provincial de Palma acusado de un delito de asesinato. Según la Fiscalía, fue él quien obligó a Elizabeth a ingerir una dosis altísima de mdma pese a que conocía el resultado que podía producir. Cuando la joven comenzó a experimentar los primeros efectos de vómitos y arcadas él permaneció “impasible” e “indiferente”. El Ministerio Público sostiene que esperó a que su mujer entrara en un “estado de agonía e inconsciencia” para arrastrarla hasta el jacuzzi, introducirle la cabeza dentro del agua “y esperar a que falleciera”.
El jurado le dio este jueves la razón por unanimidad. El tribunal popular dio por buenas cada una de las acusaciones de la Fiscalía y consideró “incongruente” la versión ofrecida por el acusado. A la espera de la sentencia definitiva, tanto Ministerio Público como la acusación solicitan una condena de 25 años de prisión por asesinato y 150.000 euros de indemnización para los herederos de la víctima.
La fiscal apuntó a que Eduardo Estela podía querer hacerse con la empresa de Elizabeth para la que él mismo trabajaba. Meses antes del crimen, la joven consultó a un abogado la petición que le había hecho su marido para tener un poder notarial que le permitiera tener “control total” de la compañía en caso de enfermedad, incapacidad o muerte. Además, durante el juicio se exhibieron varios mensajes en los que, sólo unas semanas después de la muerte de la joven, el acusado mostraba interés en cobrar el seguro de vida de la víctima, valorado en 150.000 euros. “No cubre la muerte por droga, pero sí por ahogamiento”, llegó a escribirle a su letrado.
“No hablamos de alguien con valores y sin antecedentes penales, sino de una persona de tremenda maldad, que cometió atrocidades con Elizabeth Pimentel”, subrayó la Fiscalía. Durante el juicio, el Ministerio Público solicitó que se leyeran las dos denuncias que la víctima había interpuesto contra su marido en años anteriores para intentar demostrar la “relación de dominación” que ejercía el acusado y que había hecho de ella una persona “sometida”.
La primera denuncia llegó en mayo de 2012 cuando el matrimonio vivía en Barcelona. Elizabeth declaró ante los Mossos d’Esquadra que su marido la había agredido sexualmente hasta producirle graves lesiones. Cuando la joven ingresó en el hospital en el que permaneció durante dos días presentaba desgarro tanto anal como vaginal, que requirió de puntos y cirugía.
La situación se repitió apenas un año después, cuando la pareja residía ya en Cala Blanca, Menorca. Una vecina del edificio donde vivían relató en el juicio cómo Elizabeth apareció un día en su puerta “llena de golpes y de hematomas”, pidiéndole que por favor la acompañara al médico y a la policía. “Se hacía selfies todo el rato y cuando le pregunté por qué, me dijo que era para acordarse de cómo la había dejado y no volver con él nunca más”, explicó la testigo.
Durante su declaración ante la policía, Elizabeth contó que por la noche había salido a tomar unas copas con Eduardo y que se inició una discusión entre ambos. El hombre insistió en regresar a casa, donde cerró con llave y la comenzó a agredirla “con patadas y puñetazos”. Según recoge la denuncia, la mujer no consiguió salir del domicilio hasta la mañana siguiente cuando escapó por una ventana aprovechando que su marido se había dormido.
Aquella segunda denuncia derivó en una orden de protección y en el traslado de Elizabeth a un piso de acogida, en el que residió unos dos meses. “En mis doce años de carrera nunca había visto a una mujer en el estado en el que ella llegó: casi no podía abrir los ojos, tenía las orejas amoratadas, mordiscos en las nalgas”, aseguró en la vista la trabajadora social que la atendió en la casa. La asistente añadió que en el móvil de la víctima detectaron un dispositivo de seguimiento que, según había explicado, le había puesto su marido.
En mis doce años de carrera nunca había visto a una mujer en el estado en el que ella llegó: casi no podía abrir los ojos, tenía las orejas amoratadas, mordiscos en las nalgas
Entre ambas denuncias, Elizabeth creyó que Eduardo podría “recuperarse”. Por ello, se negó a testificar cuando fue llamada después de su declaración ante los Mossos d’Esquadra y aceptó después acudir a terapia de pareja. Sin embargo, después de la agresión de Menorca, relató su vecina, dejó de creer que aquello tenía solución. “Quería empezar una nueva vida en Barcelona y ser maquilladora”, reveló. La realidad es que tiempo después la testigo supo que la joven había perdonado a su marido y que había vuelto con él. Ahí perdieron el contacto.
Tanto la trabajadora social de la casa de acogida como los familiares de la propia Elizabeth explicaron que la situación había empezado mucho antes, cuando el matrimonio aún vivía en Venezuela. “Eduardo era muy agresivo con ella y la mantenía dominada, la controlaba: le revisaba el teléfono, la llamaba cada cinco minutos, la obligaba a ingerir alcohol y drogas porque, si no lo hacía, le pegaba”, explicó la hermana de la víctima. “Ella le tenía mucho miedo, pánico. Sólo me llamaba cuando estaba en la calle haciendo gestiones”, añadió la madre, María Caridad. La propia Eli -como la llamaban sus amigos- contó a los Mossos que en una ocasión Eduardo la había agarrado del cuello fuertemente y que sólo la soltó cuando ella se desmayó.
Eduardo era muy agresivo con ella y la mantenía dominada, la controlaba: le revisaba el teléfono, la llamaba cada cinco minutos, la obligaba a ingerir alcohol y drogas porque, si no lo hacía, le pegaba
El control no sólo continuó cuando el matrimonio se trasladó a España, sino que incluso se había mantenido a distancia en los viajes que Elizabeth hacía a Venezuela para ver a su familia o realizar gestiones de la empresa que tenía allí. “Ella tenía que ponerse la ropa que él quería y mandarle fotografías de cómo iba vestida”, detalló su madre. En la denuncia que presentó en Barcelona relató que, cuando estaba en su país, los celos de su marido y su obsesión por creer que ella le era infiel la llevaron a dormir con la webcam del portátil toda la noche conectada para que él pudiera comprobar que no entraba nadie a su habitación.
“Me contó que no era la primera vez que le había dado una paliza”, recordó la vecina en el juicio. Golpes, insultos y vejaciones que, para el abogado del Govern -que ejercía la acusación en la causa- eran la “crónica de una muerte anunciada”. “Le dijimos que le dejara, pero decía que no lo hacía por miedo”, reconoció la hermana de Elizabeth.
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