Raquel Martí, directora de UNRWA España: “La situación en Gaza se soluciona con política, no con ayuda”

“Cuando los gobiernos no reaccionan, la ciudadanía reacciona”. Son palabras de Raquel Martí, directora ejecutiva de la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en España, quien, en un encuentro con la directora de elDiario.es en Balears, Angy Galvín, abordó la emergencia humanitaria en Gaza, la situación de los refugiados palestinos en Oriente Próximo y las dificultades a las que se enfrenta una agencia que lleva más de siete décadas proporcionando servicios esenciales a millones de personas. La conversación también puso el foco en la importancia de la cooperación internacional y en la contribución de las administraciones públicas a proyectos que permiten mantener la atención sanitaria y educativa en contextos de extrema vulnerabilidad.

Galvín fue la encargada de abrir el encuentro, organizado por UNRWA Illes Balears y llevado a cabo en Ca n'Oleo, con una advertencia sobre el riesgo de acostumbrarse a las imágenes de bombardeos, víctimas, escuelas destruidas y familias obligadas a abandonar sus hogares, una sucesión constante de escenas que, señaló, puede acabar normalizando una realidad que no debería resultar indiferente a la sociedad: “Detrás de cada cifra hay una persona, una historia y una vida que ha sido totalmente truncada”.

La responsable de la delegación balear de este periódico recordó que la situación palestina trasciende las fronteras de Gaza y afecta también a Cisjordania, Líbano, Siria y Jordania, donde millones de personas siguen sufriendo las consecuencias del desplazamiento y encuentran dificultades para acceder a derechos básicos como la salud y la educación. La periodista destacó asimismo la importancia de la cooperación financiada desde Balears, que tiene efectos concretos sobre la vida de las personas refugiadas.

Más de 75 años de exilio sin retorno

Martí recogió ese planteamiento para explicar por qué UNRWA continúa siendo necesaria más de 75 años después de su creación. La agencia nació en 1949, tras la guerra árabe-israelí de 1948, cuando más de 700.000 palestinos se vieron obligados a abandonar sus hogares. Su mandato inicial se concibió como una respuesta temporal, bajo la expectativa de que los refugiados pudieran regresar pronto. Sin embargo, ese retorno no se produjo y los conflictos posteriores, junto con el crecimiento de la población, han prolongado la necesidad de asistencia.

“Se pensaba en aquel momento, de una forma muy optimista, que estos refugiados de Palestina regresarían al cabo de tres años como mucho a sus hogares”, explicó Martí. “Han pasado ya más de 75 años y UNRWA sigue teniendo que trabajar porque los refugiados de Palestina no solo no han vuelto a sus hogares, sino que además ha ido habiendo más refugiados”, añadió. La directora ejecutiva cifró en alrededor de seis millones las personas refugiadas de Palestina que continúan esperando una solución duradera. A lo largo de su trayectoria, la agencia ha proporcionado educación básica a millones de niños y niñas, además de atención sanitaria, planificación familiar, formación profesional y ayuda humanitaria. Un trabajo que, según Martí, se ha adaptado a las sucesivas guerras y crisis de la región.

En este contexto, Martí lanzó un mensaje claro: la emergencia humanitaria no puede sustituir a una respuesta política capaz de poner fin a la situación que vive la población palestina. “Lo que está pasando en Gaza y lo que está pasando en Palestina en general se soluciona con política, no se soluciona con ayuda humanitaria”, advirtió. “La vía humanitaria solo sirve para paliar la situación en ese momento. Lo que necesitamos son medidas políticas. Tenemos que ser conscientes de ello y presionar a nuestros políticos para que tomen medidas”, insistió.

La directora ejecutiva de UNRWA defendió la necesidad de mantener la asistencia a quienes sufren las consecuencias de la guerra, pero subrayó que es necesario ir más allá de la ayuda de emergencia y exigir actuaciones políticas. En este sentido, apeló a la movilización ciudadana y a la implicación de las administraciones públicas, también de las comunidades autónomas, tanto para presionar a los responsables políticos como para sostener económicamente el trabajo de las organizaciones humanitarias sobre el terreno.

Trabajadores bajo las bombas

Al hilo de lo anterior, Galvín planteó durante la conversación la contradicción de que la población palestina continúe siendo refugiada más de siete décadas después de la creación de la agencia. La periodista puso el foco en la persistencia de una situación que se prolonga de generación en generación, mientras las necesidades humanitarias siguen acumulándose.

En este sentido, Martí explicó que la actividad de UNRWA se desarrolla en un contexto especialmente difícil en Gaza, donde los trabajadores de la agencia también son palestinos y sufren las consecuencias de la guerra. La responsable denunció la muerte de alrededor de 400 trabajadores de la organización y los ataques contra sus instalaciones, además de una campaña de desinformación que, según sostuvo, ha perjudicado su imagen pública y su capacidad para mantener la asistencia.

“Los trabajadores de UNRWA son refugiados de Palestina y están en la misma situación que el resto de la población civil bajo las bombas, siendo desplazados, sin alimentos”, explicó. Pese a ello, continúan intentando mantener abiertos los servicios esenciales, incluidas las clínicas donde se atiende a mujeres embarazadas, personas enfermas y heridos. Al respecto, defendió la importancia de una organización que, además de prestar ayuda de emergencia, mantiene servicios esenciales para la población refugiada. La continuidad de esa labor resulta especialmente relevante en un territorio donde la destrucción de infraestructuras y las restricciones de acceso dificultan la atención a las necesidades más básicas.

Familias obligadas a huir en segundos

A partir de la experiencia de uno de los fotógrafos de la organización, quien ha atravesado distintas fases de desplazamiento, Martí describió a familias obligadas a abandonar sus casas en cuestión de segundos y cómo, en ocasiones, ven cómo sus viviendas son bombardeadas poco después de marcharse. También relató las dificultades de quienes no disponen de tiempo suficiente para recoger sus pertenencias ni para localizar a todos sus familiares antes de huir. “Imagínense la angustia de saber que están matando a la gente y no poder contactar con tu familia. No saber si están vivos o muertos”, manifestó.

La situación es especialmente grave para los menores que han perdido el contacto con sus familias: niños que han quedado solos porque sus padres u otros familiares han muerto o porque los sucesivos desplazamientos han impedido que vuelvan a encontrarse. Es en esas situaciones cuando, prosigue Martí, “uno se da cuenta de que no hay ningún sitio seguro en Gaza y de que tu vida y la de tus hijos se puede perder en cualquier momento”.

Como explicó, la huida puede desembocar en una situación de desamparo absoluto: personas que se quedan en la calle sin agua ni comida y que deben volver a desplazarse cuando los lugares en los que se refugian dejan de ser seguros. La directora de UNRWA puso así el acento en una emergencia que no se limita a la destrucción material, sino que desestructura la vida familiar y deja a la población en una situación de extrema vulnerabilidad. En el caso de los médicos, las enfermeras y otros profesionales, subrayó que continúan acudiendo a sus puestos incluso después de perder sus casas o de verse obligados a dejar a sus hijos en tiendas de campaña. “Saben que si ellos no abren las clínicas de salud, no va a haber salud para su familia o para sus vecinos”, resumió.

Martí señaló que la agencia también ha convertido escuelas en refugios cuando la población se ve obligada a huir de los bombardeos. Estos centros disponen de recursos básicos para acoger a los desplazados, como agua, colchones, mantas y material sanitario. Sin embargo, Martí denunció que las instalaciones de Naciones Unidas, que deberían gozar de protección conforme al derecho internacional humanitario, también han sido atacadas.

En Gaza, la asistencia no se limita a la distribución de ayuda material. UNRWA trata de facilitar agua potable y presta apoyo psicosocial mediante profesionales de la psicología y la psiquiatría. Martí hizo especial hincapié en las necesidades de los menores, que han soportado años de violencia, pérdidas familiares y desplazamientos. “Necesitamos mucho, sobre todo los niños, tratamiento psicológico”, señaló al describir una población sometida a unas condiciones que calificó de inhumanas.

La responsable de la agencia contrapuso esa emergencia con la situación de los refugiados palestinos en Jordania, donde parte de la población vive en campos de refugiados con ingresos muy bajos y dificultades para acceder a servicios. Allí, además de garantizar educación y atención sanitaria, UNRWA desarrolla programas de formación profesional y microcréditos para favorecer la autonomía económica.

La atención a los refugiados en Líbano

La conversación abordó también la situación de los refugiados palestinos en Líbano, donde UNRWA mantiene servicios esenciales para una población que arrastra décadas de desplazamiento. Martí explicó la labor de la agencia en los distintos territorios en los que trabaja, entre ellos Líbano, Jordania y Siria, y la necesidad de mantener la atención sanitaria, educativa y social pese a las dificultades económicas y humanitarias.

En este contexto se enmarca el proyecto 'Asegurar la salud materno-infantil de las refugiadas de Palestina en Líbano', financiado por el Govern de les Illes Balears. La iniciativa refuerza los servicios sanitarios dirigidos a mujeres y bebés en situación de especial vulnerabilidad en el campamento de Ein el Hilweh -el mayor campo de refugiados palestinos en el país- con atención a la planificación familiar, la salud sexual y reproductiva, el seguimiento del embarazo, los cuidados posteriores al parto y las revisiones y vacunaciones infantiles.

Galvín citó la financiación pública balear como ejemplo de cooperación internacional con efectos concretos sobre el terreno. Martí explicó la importancia de mantener la atención a las mujeres embarazadas y a los recién nacidos, especialmente en un contexto de violencia y destrucción de infraestructuras sanitarias. Durante su intervención también se refirió a los ataques contra unidades de salud materna y a sus consecuencias para la población palestina.

La campaña de desinformación y la retirada de fondos

Uno de los momentos centrales de la conversación fue el dedicado a la campaña de acusaciones contra UNRWA y a sus consecuencias sobre la financiación de la organización. Martí recordó que la agencia adquirió una mayor visibilidad internacional tras el comienzo de la ofensiva israelí sobre Gaza, pero que ese protagonismo estuvo acompañado de una campaña de criminalización. La directora ejecutiva denunció que las acusaciones sobre la supuesta participación de trabajadores de la agencia en los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 provocaron la retirada de fondos de varios donantes en un momento de extrema necesidad humanitaria.

Según relató, las acusaciones se difundieron coincidiendo con la admisión a trámite por la Corte Internacional de Justicia de la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel por presunto genocidio. Martí sostuvo que Israel no había aportado las pruebas que decía tener y recordó que las investigaciones independientes posteriores no encontraron pruebas suficientes para respaldar las acusaciones generales contra la organización. “Como cada vez que se publica un bulo, el daño ya está hecho”, lamentó. A su juicio, las consecuencias no se limitaron a la financiación: también afectaron a la percepción pública de la agencia y a su capacidad para explicar lo que ocurría sobre el terreno.

Martí defendió que UNRWA no se limita a prestar servicios humanitarios, sino que también documenta y denuncia la situación de la población palestina. Esa labor, afirmó, contribuye a explicar las presiones que soporta la organización. La directora ejecutiva aseguró que alrededor de 400 trabajadores de UNRWA habían sido asesinados en Gaza y denunció la destrucción de buena parte de sus infraestructuras. La agencia, insistió, no ha dejado de trabajar en la Franja. Sus equipos están integrados mayoritariamente por profesionales palestinos que continúan atendiendo a la población pese a la falta de recursos, la inseguridad y las restricciones de acceso. La entrada de personal internacional y de ayuda humanitaria sigue siendo muy limitada, según explicó en el turno de preguntas.

Más allá de la emergencia inmediata, Martí quiso subrayar una función menos conocida de la agencia: la conservación de un registro histórico de las familias palestinas desplazadas desde 1948. UNRWA mantiene documentación sobre los lugares de origen de los refugiados, sus desplazamientos y sus descendientes, un archivo que considera fundamental para preservar la memoria colectiva palestina. La directora explicó que, al comienzo de la ofensiva sobre Gaza, trabajadores de la agencia regresaron a su sede para rescatar documentos históricos pese al peligro. Los registros fueron trasladados desde la Franja y evacuados con ayuda de personal internacional y de las autoridades jordanas.

“Estos papeles son la historia colectiva de los palestinos y su derecho al retorno”, sostuvo Martí. Para la responsable de UNRWA, preservar esa documentación resulta esencial para mantener constancia de la identidad de las familias y de su vinculación con los lugares de los que fueron expulsadas.

“Cuando los gobiernos no reaccionan, la ciudadanía reacciona”

La responsable de UNRWA destacó también el respaldo recibido por parte de la ciudadanía española durante la crisis de financiación. Relató que llegaron numerosas iniciativas solidarias, desde conciertos y campañas vecinales hasta pequeñas acciones de recaudación, y que la agencia incorporó nuevos socios. “La ciudadanía reacciona cuando los gobiernos no lo hacen”, afirmó Martí, que agradeció ese apoyo y destacó que España mantuvo su financiación a la organización. También señaló que distintas comunidades autónomas han mantenido o incrementado sus aportaciones, aunque otros donantes internacionales retiraron o no recuperaron sus fondos.

Durante el turno de preguntas, una representante de la ONG Inca-Mallorca Solidària, que mantiene una escuela en Gaza con 850 niños, pidió ayuda para evitar su cierre por falta de fondos. En este sentido, Martí explicó la magnitud de las necesidades educativas en la Franja y señaló que UNRWA había podido acoger presencialmente a unos 106.000 menores, mientras otros 280.000 estaban registrados en una plataforma de enseñanza en línea. La responsable de la agencia se mostró dispuesta a explorar posibles vías de coordinación, aunque no pudo garantizar una solución.

La conversación terminó con un llamamiento a mantener la solidaridad y la cooperación internacional. Martí recordó que los proyectos humanitarios se financian con recursos públicos y con las aportaciones de la ciudadanía, y defendió la necesidad de sostenerlos para evitar que la población refugiada quede todavía más desprotegida. “Si no, lo que hacemos es deshumanizarnos cada vez más”, advirtió. Una reflexión que enlazó con la idea con la que Galvín había abierto el encuentro: detrás de las cifras de víctimas y desplazados hay vidas concretas, y la distancia geográfica no debería convertirse en distancia moral.