Los policías que investigaron al magnate Cursach defienden su inocencia e invocan la nulidad de la causa contra ellos

Tres de los cuatro miembros del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional que durante varios años investigaron al magnate del ocio nocturno Bartolomé Cursach así como a decenas de policías y funcionarios en el conocido como caso Cursach han invocado la nulidad de la causa que ahora pone el foco sobre ellos. En concreto, los cuatro acusados se encuentran a las puertas del banquillo, junto al exjuez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán, bajo elevadas peticiones de condena a raíz de las supuestas irregularidades que, según la Fiscalía Anticorrupción, cometieron durante la instrucción de la macrocausa con el objetivo de reforzar sus tesis incriminatorias. Los policías, sin embargo, defienden la labor que llevaron a cabo al frente de este proceso y reclaman su absolución.

En sus respectivos escritos, a los que ha tenido acceso elDiario.es, los antiguos integrantes de Blanqueo -un inspector, un subinspector y un agente- sostienen que el procedimiento judicial abierto contra ellos debe ser anulado dado que, según alegan, las pesquisas tienen su origen en una medida declarada ilegal tanto por el Tribunal Constitucional como por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB): la incautación de los teléfonos móviles de dos de los periodistas que cubrían el caso Cursach y el rastreo de llamadas y geolocalizaciones que contenían, decisiones que adoptó el juez Miquel Florit en septiembre de 2018 para averiguar el origen de las presuntas filtraciones a la prensa producidas mientras la causa se hallaba bajo secreto. La confiscación de los dispositivos desencadenó una oleada de indignación de buena parte de la profesión periodística y marcó la recta final de la trayectoria judicial del veterano magistrado.

“Podemos avanzar ya que no hay fisuras en la podredumbre porque toda la actividad posterior es consecuencia directa de una primera medida de investigación decretada ilegal”, señala, en uno de los escritos, la defensa del subinspector Miguel Ángel Blanco, para quien la Fiscalía solicita 111 años de cárcel por presuntos delitos de revelación de secretos, detención ilegal, obstrucción a la justicia y prevaricación.

En concreto, las diligencias penales contra los antiguos investigadores del caso Cursach, quienes durante cerca de tres años trataron de demostrar la existencia de un presunto entramado político, empresarial y policial dirigido a salvaguardar la autoridad del magnate en la noche mallorquina -hechos de los que éste fue finalmente absuelto tras no haber quedado acreditados-, fueron incoadas en julio de 2018 tras sendas denuncias interpuestas por las defensas del magnate y de su número dos, Bartolomé Sbert. Los dos empresarios solicitaban que se investigase la supuesta revelación en prensa de diversas actuaciones que se hallaban bajo sigilo sumarial, entre ellas la difusión, un mes antes, de un informe elaborado por los propios integrantes del grupo de Blanqueo sobre la situación fiscal del grupo Cursach, documento que, cuando se publicó en prensa, aún no había sido notificado a las partes afectadas. 

Una causa cimentada en resoluciones judiciales “ilegales”

Las pesquisas por presunta revelación de secretos se convertirían en uno de los pilares sobre los cuales pivotarían las indagaciones contra los antiguos investigadores del caso Cursach por supuestas prácticas delictivas cuando se encontraban al frente de la macrocausa. Sin embargo, el abogado del policía pone en entredicho las investigaciones llevadas a cabo contra ellos a partir del momento en que, “a través de resoluciones judiciales tachadas de ilegales, se accedió a la relación de llamadas entrantes y salientes de los teléfonos de los dos periodistas”.

Como sostiene el letrado -“y no, no estamos especulando ni buscando interpretaciones artificiales o engañosas”, apostilla-, fruto del análisis de dichas llamadas la investigación judicial se enfocó en dos de los miembros del grupo de Blanqueo como presuntos autores las filtraciones, procediéndose, en consecuencia, a la detención del agente Iván Bandera -uno de los cuatro policías en la actualidad procesados- y a la intervención de su teléfono móvil, cuyo análisis reveló la existencia de un chat de WhatsApp que, bajo el nombre de 'Sancus', mantenían abierto Penalva, Subirán y los cuatro miembros de Blanqueo mientras se encontraban al frente del caso Cursach. 

A lo largo de las actuales investigaciones, los fiscales anticorrupción de Madrid Tomás Herranz y Fernando Bermejo, la Policía Nacional y varias acusaciones particulares -ejercidas por Cursach, Sbert y varios de los antiguos imputados del caso Cursach- han apuntando a que las conversaciones halladas revelarían la actuación presuntamente coordinada que juez, fiscal y policías llevaron a cabo para, supuestamente, presionar a testigos, efectuar detenciones ilegales y alargar de forma deliberada el ingreso en prisión de varios investigados con el objetivo de apuntalar sus acusaciones. El descubrimiento de tales prácticas llevó al juez Florit a ampliar sus pesquisas a nuevos delitos, entre ellos aquellos por los que Penalva, Subirán y los cuatro policías prevén ser juzgados.

“Meras sospechas”

La defensa de Blanco asevera, en este sentido, que, a través del estudio y análisis del contenido de teléfono móvil de su compañero de Blanqueo -y que considera “origen y única base del resto de investigaciones”-, el procedimiento judicial “desbordó el marco del tipo delictivo de la vulneración del secreto de las actuaciones y se abrió a múltiples hechos delictivos”. E incide en que fue la intervención de los móviles de los periodistas lo que permitió llegar hasta el teléfono de Bandera: “La finalidad de las medidas de investigación anuladas [en alusión a la incautación de los dispositivos] era la de identificar a los presuntos autores de las filtraciones, ya que hasta el momento únicamente se contaba con meras sospechas, inhábiles por sí mismas para construir una tesis incriminatoria mínimamente sólida”.

Una postura que defienden en similares términos el propio Bandera y el inspector José Luis García así como el exjuez Penalva y el exfiscal Subirán. Precisamente, el exmagistrado ha instado de forma infructuosa, en varias ocasiones, la nulidad de las investigaciones contra ellos por considerar que éstas se sostienen sobre “actuaciones ilegales” y “nulas radicalmente”. Frente a tales pretensiones, el TSJIB alega en uno de sus autos que las pesquisas impulsadas para investigar las presuntas prácticas ilegales cometidas durante la instrucción del caso Cursach –entre ellas, la supuesta revelación de secretos– fueron iniciadas “con mucha anterioridad” a que se adoptara ninguna medida sobre los periodistas, por lo que “ya se disponía de elementos de investigación que apuntaban” a los antiguos investigadores. 

La máxima instancia judicial de las islas recalcaba que los indicios de sospecha iniciales contra todos ellos no se obtuvieron de los teléfonos de los periodistas, al recordar que ya el 3 de agosto de 2017 –la obtención de los listados de llamadas de los informadores se produjo el 26 octubre de 2018 y la intervención de sus teléfonos, el 11 de diciembre–, varios integrantes de Blanqueo proporcionaron datos acerca de las supuestas filtraciones a la prensa que desde su grupo se estaban efectuando y la “reacción extrema” que se produjo cuando se supo que se había iniciado una investigación sobre tales revelaciones. 

Acceso “absolutamente legitimado”

Los magistrados determinaban, además, que el acceso a las conversaciones de WhatsApp que mantuvieron los antiguos investigadores “estuvo absolutamente legitimado” por cuanto fueron halladas en el teléfono móvil de uno de los agentes de Blanqueo, quien, tras su arresto, hizo entrega voluntaria de su dispositivo y autorizó que tanto éste como su ordenador pudieran ser intervenidos y analizados por los investigadores. En línea de lo también manifestado por la Fiscalía, el TSJIB apuntaba que el agente hizo “expresa renuncia a la preservación de su intimidad” toda vez que el volcado de la información de su teléfono se efectuó en presencia del abogado del policía y ante el letrado de la Administración de Justicia, lo que garantizaría la validez de la diligencia.

Penalva mantenía, asimismo, que no podía hablarse de un ‘hallazgo casual’ -los relativos, según la doctrina penal, al descubrimiento imprevisto y fortuito de material probatorio en el curso de unas investigaciones- del chat de WhatsApp puesto que la entrada al mismo supuso acceder a conversaciones de otras personas y tanto Penalva como Subirán debían haber estado presentes en el volcado del contenido. Frente a ello, el TSJIB se amparó en la jurisprudencia del Tribunal Supremo para manifestar que los descubrimientos casuales que pueden ayudar a esclarecer unos hechos novedosos y que hasta entonces habían permanecido ocultos deben ser investigados siempre que la autoridad judicial pondere su importancia y justifique su proporcionalidad. Algo que, señalaban los magistrados, así se hizo en este caso.

Detenciones en el 'caso ORA'

Más allá de reclamar la nulidad de las investigaciones contra ellos, el subinspector recuerda que se integró en marzo de 2016 en el grupo de Blanqueo, donde permaneció hasta abril de 2019. Durante ese periodo, alega que su labor se centró “básicamente” en la investigación de dos de las piezas en que se desgajó el caso Cursach -los denominados 'caso ORA' y 'caso IME'- y que, en relación con este último, desarrolló “actuaciones policiales puntuales de ayuda al resto de compañeros dada la falta de medios personales que padecía el grupo de Blanqueo”. 

Sobre el 'caso ORA', relativo a la supuesta alteración del concurso para adjudicar el servicio de regulación del aparcamiento (ORA) en Palma, el subinspector defiende el trabajo de investigación llevado a cabo y recalca que, “tras varias reuniones entre el equipo policial, el magistrado y el fiscal, se tomó conjuntamente la decisión de desarrollar el operativo policial para proceder a la detención de los presuntos responsables de los hechos al haberse constatado en la investigación indicios incriminatorios racionales y suficientes respecto de los hechos objeto de investigación”.

En concreto, en octubre de 2016 fueron arrestados varios empresarios, los nueve funcionarios que integraban la mesa de contratación que tramitó el expediente y los padres y el hermano del exdiputado y exconcejal del PP Álvaro Gijón, a quien los ahora acusados atribuían haber obtenido un millón de euros y un piso a cambio de amañar el concurso. Las pesquisas, sin embargo, fueron finalmente archivadas ante la ausencia de indicios delictivos contra todos ellos y los exinvestigados reclaman en la actualidad elevadas indemnizaciones y multas por el perjuicio personal, familiar, profesional y reputacional que aseguran haber sufrido. Anticorrupción sostiene que los antiguos investigadores llevaron a cabo actuaciones supuestamente dirigidas a “intimidar” a los detenidos y llegar hasta Gijón.

“Diga que el señor G. recibió dinero”

“Los investigadores se habían fijado como meta demostrar la implicación de A.G. [en referencia a Álvaro Gijón] en los hechos objeto del procedimiento penal y entre todos ellos comentaron y decidieron las detenciones de su familia para ejercer presión sobre el político”, sostiene la Fiscalía en su escrito, en el que señala cómo, en el caso de uno de los investigados en esa causa, una vez finalizada su declaración, que se encontraba pendiente de firma, y cuando ya había salido su abogado de la sala, el magistrado, el fiscal y Blanco le manifestaron: “Diga que el señor G. recibió dinero”, “si llego a saber antes esta declaración yo le encierro”, “lo vamos a meter en prisión y G. y ellos estarán en las Bahamas y se irán de rositas”.

Según el escrito, le insistieron en que Gijón era “un hijo de puta” y que el propio imputado “iba a acabar en la cárcel” si no acusaba al exconcejal de haber recibido una comisión de un millón de euros a cambio de amañar la adjudicación del servicio de aparcamiento. Por su parte, la defensa del exparlamentario del PP considera que éste “ha sido y es la víctima principal de todo este entramado judicial y policial, sufriendo un gravísimo descalabro profesional, económico y personal”, al recordar que estuvo “en todas las ternas como posible candidato a la alcaldía de Palma”. 

Respecto al chat 'Sancus', el inspector José Luis García, para quien la Fiscalía reclama 83 años de cárcel, asegura que no participó en él “en ningún momento” y recuerda uno de los autos del TSJIB que matizaba que las conversaciones vertidas “se producían en un ámbito informal que, si bien en ocasiones reflejaban una verdadera puesta en común de decisiones o estrategias referentes a la investigación, en otras eran únicamente reflejo de pensamientos o ideas personales que se incorporaban en el momento del cruzado de mensajes, sin obedecer en muchas ocasiones a una reflexión previa”. Asimismo, sobre las detenciones efectuadas en el 'caso ORA', asevera que en el relato fáctico de la Fiscalía “ni se le nombra ni se justifica lo más mínimo del porqué de dicha imputación, dificultando así articular correctamente la defensa de esta parte e imposibilitando concretar pruebas de descargo ante hechos inconcretos”.

Por su parte, el agente Iván Bandera, quien se enfrenta a una petición fiscal de 101 años de prisión, niega haber ejercido presiones sobre ningún investigado del 'caso ORA', asegura no haber efectuado filtración alguna y señala que los hechos que se le imputan “no son constitutivos de infracción penal alguna”. Acerca del hallazgo del chat 'Sancus' en su teléfono móvil, la defensa apunta que “la ilegalidad no es únicamente respecto a la intervención del terminal móvil de mi patrocinado, sino también respecto al acceso al chat 'Sancus' que, recordamos, se realizó sin ningún tipo de convalidación ni autorización judicial”. Con todo, añade que, “en el improbable caso” de no aceptarse sus alegatos, “debemos poner de manifiesto que el rango” del acusado “era de policía, estando en el escalón más bajo del escalafón y debiéndose a las órdenes recibidas y a la jerarquía existente en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Tras la presentación de los escritos de defensa de los acusados, el Tribunal Superior de Justicia de Balears debe en próximas semanas fijar la fecha en la que se celebrará el juicio contra los seis investigados.