Valentina Milano, jurista: “Las plataformas deben tener sistemas para verificar la edad de quienes consumen pornografía”

Valentina Milano es una eminencia en el campo del Derecho internacional y las políticas de igualdad y prevención de la violencia de género. Es doctora en Derecho por la Universitat de les Illes Balears (UIB) y posee un máster en Derecho público internacional y europeo por la Universidad de Paris XI. En los últimos años, ha sido la responsable de coordinar el mandato de la Relatora especial de la ONU sobre la trata de personas y ha trabajado como jurista especialista en Derecho internacional y derechos humanos en Naciones Unidas, durante más de una década, en temas relacionados con la trata de seres humanos, discriminación racial y de género y de acceso a la justicia.

Desde el 2013 es profesora de Derecho internacional público y relaciones internacionales de la Facultad de Derecho de la UIB, en Palma, donde también da clases en el máster de políticas de igualdad y prevención de la violencia de género. Su campo de investigación se sigue centrando en la trata de seres humanos, la discriminación de género, la migración y el asilo, los derechos humanos y la cooperación al desarrollo. Milano, que asesora al Gobierno de Pedro Sánchez sobre el proyecto de ley de trata de personas, atiende a elDiario.es.

La relación entre la pornografía y la explotación sexual está documentada por diferentes fuentes autorizadas y está siendo investigada por las jurisdicciones penales de países como Estados Unidos o Francia, según apunta el último estudio sobre pornografía dirigido por usted. ¿Existe algún vacío legal que permita acceder a la pornografía en España?

El acceso a la pornografía es legal para los mayores de edad en España. El marco legal es, principalmente, la Ley General de Comunicación Audiovisual. La última versión de esta ley es de julio de 2022. Hace un año y medio que tenemos un nuevo marco legal que se ocupa mejor de esta cuestión y la regula de forma mucho más avanzada. Por fin se aborda la cuestión más grave, es decir, el acceso de los menores a la pornografía.

Después de muchos años en que muchas organizaciones internacionales ya alertaban de la gravedad de la situación del acceso de los menores a la pornografía, con dos años de retraso, España transpone una directiva europea que obliga a las plataformas de intercambio de vídeos. Mientras que antes había otros soportes (revistas pornográficas, por ejemplo), hoy día la pornografía, en su gran mayoría, se distribuye en plataformas de intercambio de vídeo.

Hay falta de responsabilidad por parte de la plataforma porque ellos dicen: “No somos nosotros los que producimos, no tenemos el control editorial, solo ponemos una plataforma y dejamos que cualquiera cuelgue material”. Se ha tardado mucho en legislar para que estas plataformas sí tengan un mínimo de responsabilidad. Desde esta ley, de hace un año y medio, se obliga a las plataformas a adoptar todas las medidas necesarias para que los menores no puedan acceder a estas plataformas porque tienen contenido pornográfico, violento o que no debe ser accesible tampoco para los adultos, según la Ley General de Comunicación Audiovisual. Ahora tenemos que implementar la ley, porque hoy en día, en España, sigue siendo accesible la pornografía para los menores a través de las plataformas de internet.

¿Qué valoración hace de la nueva ley? ¿Es correcta o le falta algún elemento?

Le falta un poco más de concreción. Los principios y las normas generales son buenos. También es bueno que, en relación con los adultos, cualquier tipo de contenido pornográfico tampoco sea admisible. La ley prevé que todo lo que sea pornografía violenta esté prohibida. Hay un trabajo por hacer para ver quién se ocupará de esos contenidos, porque no se está haciendo. Los contenidos violentos y discriminatorios hacia la mujer, que transmiten mensajes machistas, se tienen que eliminar. Lo que falta es un poco más de concreción sobre cómo hacerlo. Por ejemplo: las plataformas tienen que tener sistemas efectivos para verificar la edad de quién entra en esas plataformas cuando se trata de contenidos pornográficos. No hay una concreción sobre qué tipo de mecanismos se utilizarán. Tenemos que esperar, en principio, a una normativa de desarrollo.

Los contenidos violentos y discriminatorios hacia la mujer, que transmiten mensajes machistas, se tienen que eliminar. Lo que falta es un poco más de concreción sobre cómo hacerlo

La ley dice que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es la responsable de esta verificación para controlar que esas plataformas adoptan sistemas de verificación de la edad y que sean efectivos. Creo que no se especifican exactamente los criterios que se tienen que utilizar y, además, tenemos que ver si ese sistema es el más adecuado. Si nos comparamos con otros países, como por ejemplo Alemania, que puede tener similitudes con España por su sistema federal, vemos que han optado por un sistema más descentralizado. Primero hay una autoridad nacional de control, pero que es específica del [sector] audiovisual, mientras que aquí en España es la CNMC, que se ocupa de otras muchas cuestiones. ¿Cómo verificar que todas las plataformas que se puedan ver en España realmente están aplicando esos sistemas de verificación de la edad? Es una tarea titánica. Veo difícil que una sola comisión pueda ocuparse de forma eficaz. Ahora, la CNMC ha abierto una consulta para que todos los actores y asociaciones que se ocupan de este tema puedan dar sus aportaciones sobre las ideas que tienen ellos sobre los sistemas de verificación de la edad.

¿Cómo verificar que todas las plataformas que se puedan ver en España realmente están aplicando esos sistemas de verificación de la edad? Es una tarea titánica. Veo difícil que una sola comisión pueda ocuparse de forma eficaz

¿Qué otras cuestiones importantes hay que tener en cuenta para evitar el acceso a la pornografía en los menores?

Otra pata importante en relación con la prevención del acceso de los menores a la pornografía es el control parental, o mejor dicho, la responsabilidad parental en la protección de los menores frente a estos riesgos del entorno digital. Los padres y madres tenemos la responsabilidad moral y legal de protegerles frente a estos riesgos, y debemos ejercerla, ya que ellos no son conscientes de los daños que sufrirán.

Hay que retrasar todo lo que se pueda la compra de un móvil para los y las menores (idealmente, 16 años, según los expertos) y, si no se pudiera esperar a esta edad, es fundamental instalar en los dispositivos un programa de control parental que permite bloquear el acceso a páginas de pornografía y a redes sociales que incluyen contenidos pornográficos. X e Instagram se están utilizando para el grooming por parte de adultos que, haciéndose pasar por menores, captan a menores y les convencen y luego chantajean para que graben imágenes suyas de carácter sexual, para luego difundirlas en páginas de pedofilia y pornografía.

Hay que retrasar todo lo que se pueda la compra de un móvil para los menores y, si no se pudiera esperar a los 16 años, es fundamental instalar en los dispositivos programas de control parental que permiten bloquear el acceso a la pornografía

En los últimos años, después de el caso de 'La Manada' de Pamplona, los medios de comunicación han puesto el foco en un fenómeno: las violaciones en grupo. ¿La pornografía fomenta esta cultura de la violación?

La pornografía fomenta la cultura de la violación. Niños, adolescentes y jóvenes están viendo, desde edades muy tempranas, de forma libre y sin límites de horarios, imágenes de violaciones. Violaciones en manada, violaciones grupales, trato denigrante y vídeos que niegan totalmente el consentimiento de la mujer. La mujer está escenificada como un objeto sexual. Esto es de suma gravedad y por eso es tan urgente dar una respuesta a ese problema. Las memorias de la Fiscalía General del Estado, desde hace dos o tres años, están explícitamente denunciando en sus informes esta relación: la responsabilidad del libre acceso a la pornografía en el aumento de esas violaciones grupales y por parte, además, de menores como autores de delito.

Niños, adolescentes y jóvenes están viendo, desde edades muy tempranas, de forma libre y sin límites de horarios, imágenes de violaciones. Violaciones en manada, trato denigrante y vídeos que niegan totalmente el consentimiento de la mujer

¿Cuál es el papel que deberían desempeñar los colegios e institutos en cuanto a la educación sexual?

La educación es fundamental porque los jóvenes tienen que entender lo que hay detrás de la industria de la pornografía, la manipulación y la violencia que hay, las formas de trata y de esclavitud... Es decir, hay toda una serie de cuestiones de las que los jóvenes no son conscientes y, sobre todo, están desaprendiendo lo que es una sexualidad sana, respetuosa, no violenta. Entonces, la educación afectivo-sexual es fundamental.

Tenemos que tomar la educación afectivo-sexual en serio, como se está haciendo en otros países europeos. Y, además, los mismos alumnos y alumnas lo reclaman porque en el estudio hemos hecho encuestas y han salido datos muy claros: ellos admiten que acceden a la pornografía, la gran mayoría por necesidad de aprender sobre sexualidad.

Lo grave también es que con el acceso que hay ahora a la pornografía estamos creando una generación que ya está teniendo problemas de placer y disfrute con el sexo porque están viendo imágenes tan fuertes que ya están acostumbrados a una adrenalina demasiado alta. Se están volviendo adictos a sensaciones demasiado fuertes y, además, relacionadas con la violencia. Luego no son capaces, en las relaciones reales que tienen, de disfrutar de lo que es realmente una relación afectivo-sexual con alguien. Parece que si no recurren a esas prácticas agresivas y violentas no tienen placer.

Estamos creando una generación que ya está teniendo problemas de placer y disfrute con el sexo porque están viendo imágenes tan fuertes que ya están acostumbrados a una adrenalina demasiado alta

Son situaciones bastante graves tanto desde el punto de vista de la salud pública como de violencia hacia las chicas. Un 10% de las chicas entrevistadas en las escuelas de Balears, en más de 75 centros de las cuatro islas, admiten haber sufrido prácticas que no querían hacer. Es decir, haber sido presionadas o directamente forzadas a cosas que no querían hacer. Luego habrá otro porcentaje que seguro que le ha ocurrido, pero no lo admite para sí misma. Un 10% ya lo dice abiertamente.

Se están volviendo adictos a sensaciones demasiado fuertes y, además, relacionadas con la violencia. Luego no son capaces, en las relaciones reales que tienen, de disfrutar de lo que es realmente una relación afectivo sexual con alguien

En la pasada legislatura, Irene Montero, entonces ministra de Igualdad, fue muy criticada por la ley conocida popularmente como ‘solo sí es sí’, debido a la reducción de condenas a la que en algunos casos se pudieron acoger condenados por agresiones sexuales o violaciones. ¿La ley protege a las mujeres y mejora la jurisdicción que había antes de su aprobación?

La ley del ‘solo sí es sí’, en su conjunto, es una buena ley. Es una ley que era necesaria por distintas razones y que se reclamaba desde hace años por parte de organismos internacionales para cumplir, en concreto, con el Convenio de Estambul. La ley es buena y necesaria porque, hasta su adopción, la legislación se limitaba a la violencia en la pareja y no abordaba todas las otras formas de violencia sexual fuera de la pareja.

La Ley de Violencia de Género, de 2004, es una buena ley, pero solo se aplica a la violencia que sufre la mujer, es decir, define la violencia de género como la violencia ejercida en el ámbito de la pareja o la expareja. ¿Pero, qué pasa con las violaciones? ¿Qué pasa con todas las prácticas de explotación sexual y violencia sexual que hay fuera de la pareja? Esta ley viene a colmar este vacío. Esta ley obliga a todas las provincias de España a tener centros de atención para todas las violencias. También permite tener unos juzgados más especializados y más formados en todos los tipos de violencia.

En cuanto a la rebaja de las penas, sí es verdad que se hubiera podido hacer mejor.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pactó con el PP una reforma de la ley, en contra del criterio de Igualdad, que no elimina el consentimiento como marco central de la ley, pero sí que cambia los tipos penales en función de si hay intimidación o no. ¿Esta reforma puede corregir lo que estaba ocurriendo con las rebajas de las condenas?

Primero quiero subrayar también el otro aspecto de la ley, que es muy importante y que no he mencionado: el consentimiento. Ese es otro aspecto fundamental de la ley, que cambia el hecho de quién tiene que demostrar si ha habido consentimiento o no. Antes era la mujer la que tenía que demostrar que no había dado su consentimiento, mientras que ahora se presume que es el agresor el que lo tiene que demostrar. La víctima ya no tiene que demostrar que no consentía.

El problema de la corrección de la ley es que no tiene efectos retroactivos porque en las leyes penales se aplica lo que beneficia más al reo, pero para las causas que haya a partir de ahora sí que se podría, quizás, corregir este aspecto que justamente mencionaba. Cuando hay una violación, además agravada porque hay violencia o intimidación que deja a la víctima con la imposibilidad de reaccionar, se garantiza que el mínimo de la pena sea un poco más elevado.

Cambiemos de tema. Usted es también experta en migraciones. La mayoría de los migrantes que llegan de África no consiguen acreditar su condición como refugiados en España, según la fundación porCausa. La mayoría son considerados migrantes económicos, aunque huyan de situaciones de conflictos, guerras, persecución por razones de identidad sexual, etc. ¿Qué está pasando para que les cueste tanto que se les reconozca su estatus como refugiados en España?

Esa es una cuestión muy compleja y muy amplia que es difícil resumir, pero sí que les cuesta demasiado obtener el estatuto de refugiados. Es muy difícil obtener el estatuto de refugiado en España. Las cifras son bastante bajas en relación con el número de solicitudes que hay. Estamos bastante por debajo de la media europea.

Es muy difícil obtener el estatuto de refugiado en España. Las cifras son bastante bajas en relación con el número de solicitudes que hay. Estamos bastante por debajo de la media europea

En la política migratoria prima bastante más el aspecto de control migratorio respecto al reconocimiento de las necesidades de protección de los derechos humanos de las personas. Por tanto, se intenta limitar al máximo, a los casos más graves, el reconocimiento del estatuto de refugiado. Vamos hacia un sistema en el que se tiende a limitar al máximo y se favorecen algunos países donde se ve que realmente la situación es especialmente grave, de conflicto. Sin embargo, se privilegian determinadas nacionalidades que tienen un acceso mucho más fácil al asilo, mientras que todos los demás pasan por un vía crucis mucho más complicado para acceder.

Lo que hemos visto en relación con Balears es que cuando llegan las pateras hay un procedimiento para atender y mandar, concretamente, a los CIES [centros de internamiento para extranjeros] y devolver a las personas. El tiempo que se dedica a las entrevistas que se hacen a estas personas es mínimo. No se permite que haya entrevistas que realmente permitan detectar todas las necesidades de protección internacional que puedan tener esas personas. La Cruz Roja habla con cada uno de ellos, pero son pocos minutos porque llegan muchas personas. La Policía Nacional y la Guardia Civil tienen cierta prisa para gestionar todo el proceso y no se está destinando tiempo para hacer preguntas más específicas sobre su situación. Se pone el foco solo sobre algunas cuestiones. Si es una persona que pertenece al colectivo LGTBI puede haber más atención porque así ha quedado reconocido en la UE. 

Los menores no acompañados, cuando llegan a Balears, quedan bajo la responsabilidad de la Administración. Una vez que alcanzan la mayoría de edad, ¿consiguen regularizar su situación para poder vivir y trabajar en suelo español?

El principal problema con los menores es su reconocimiento como menores cuando son adolescentes de entre 15 y 17 años. España es el país que más ha sido condenado por la ONU por sus fallos en los procedimientos de acogida y de determinación de la edad y su consiguiente falta de acogimiento en el sistema de protección de menores de muchos adolescentes que han sido considerados adultos, y por lo tanto, enviados a CIEs con adultos, con las graves vulneraciones de derechos que esto conlleva para un menor. En otros casos ha habido trato discriminatorio, exploraciones médicas inapropiadas y degradantes en casos de niñas, detención en calabozos con adultos durante días, etc. Esto se produce principalmente en Melilla y en Andalucía.

En cuanto al otro tema, la modificación de la ley de extranjería que ha entrado en vigor el 9 de noviembre de 2021 facilita enormemente el acceso al permiso de residencia y trabajo para los jóvenes extutelados, dando respuesta a una situación de injusticia social. Ahora, los menores de más de 16 años y los jóvenes extutelados obtienen un permiso de residencia que también les permite trabajar sin necesidad de presentar un precontrato de empleo, y este permiso de residencia y trabajo se mantiene cuando el menor cumple los 18 años y deja de estar tutelado por la comunidad autónoma. Esto es un gran paso adelante, que nos pone por fin en el mismo plano que países de nuestro entorno como Alemania o Italia.