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La conversación hierve conforme comienzan a llegar los concurrentes. Entre cafés y apuntes desperdigados en una libreta, varios vecinos del municipio mallorquín de Esporles se acodan en la mesa del céntrico restaurante Es Brollador y empiezan a hablar. “Hay una clara intencionalidad de las instituciones por ocultar el sondeo...”, desliza uno de ellos. Los presentes son parte de los coordinadores de un grupo de 74 personas que hace más de dos años emprendió una insólita batalla: reclamar que el Gobierno haga públicas las encuestas que el expresidente Adolfo Suárez habría encargado en 1976 para preguntar a la opinión pública, en el contexto de la Transición, si prefería un Estado monárquico o republicano, como el propio mandatario de UCD confesaría décadas después: “Cuando la mayor parte de los jefes de Gobierno extranjeros me pedían un referéndum sobre monarquía o república... hacíamos encuestas y perdíamos”, señaló. Desde entonces, el silencio institucional es absoluto.
Los autores de la iniciativa recriminan, en declaraciones a elDiario.es, que el Ejecutivo central mantengan supuestamente bajo secreto aquellos sondeos mientras el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, revelaba este martes el resultado de otra encuesta, que también encargó Suárez, pero ya en 1979. En esa ocasión, los ciudadanos se inclinaron a favor de la monarquía: “Los que se declaraban partidarios de la monarquía eran un 30,9% y de la república, un 19,7%. Indiferentes, el 31,7%”. Durante su comparecencia, Tezanos admitió que el problema de esa consulta radica en que tuvo “una muestra insuficiente de 504 entrevistas”, pese a lo cual su conclusión fue clara: en su conjunto, apuntó, “los monárquicos más accidentalistas sumaban un 62%”.
“Es una barbaridad que Tezanos diga que había un 62% a favor de la monarquía sin dar la ficha técnica. No dice cómo se formuló la pregunta, cuál era el margen de error ni cómo se seleccionó la muestra. Y, encima, era una encuesta hecha a poco más de 500 personas, con un margen de error altísimo”, critica Josep Ferrà, integrante del grupo de vecinos de Esporles y alcalde de esta localidad enclavada en la Serra de Tramuntana. Por su parte, Domingo, otro residente, hace hincapié en el hecho de que Tezanos eligiese este martes para dar a conocer la encuesta de 1979: “Da la casualidad de que 48 horas antes nos habíamos dirigido al presidente del Gobierno para insistir en que publique el sondeo de 1976”.
Tras la publicación de este reportaje, el presidente del CIS ha remitido una nota aclaratoria en la que asegura que no existe ningún registro o documento “sobre esa supuesta encuesta de 1976”, ni les consta que Suárez realizara ningún comentario sobre tal posibilidad. Tezanos señala que aquel año se hicieron tres grandes oleadas de encuestas previas a la Constitución sobre la posible distribución de las orientaciones electorales antes de que existieran partidos políticos legalizados. Sobre la de 1979 -a la que, apostilla el escrito, el expresidente del Gobierno aludió en varias ocasiones-, el CIS apunta que hallaron “documentos parciales en las cerca de mil cajas de documentación antigua que encontramos”.
De esa forma, prosigue, recuperaron la encuesta realizada en 1979 con una muestra de 504 entrevistas que él mismo dio el pasado martes a conocer. “Lo exiguo del tamaño de la muestra hace que los márgenes teóricos de error de tal estudio sean elevadísimos y, por lo tanto, poco representativos”, continúa la nota, en la que recalca que “dio a conocer inmediatamente esta encuesta nunca publicada, debido al indudable interés histórico de la misma”. Tezanos recuerda que en el Senado leyó literalmente la pregunta de dicha encuesta e informó “de todos los datos disponibles”. “En ningún momento en mi comparecencia en el Senado hablé sobre la existencia de otra encuesta diferente”, admite, asegurando no haber tenido conocimiento de las peticiones de los vecinos.
Confesiones a micro tapado
La confección y los resultados de la supuesta encuesta había dormido el sueño de los justos durante varias décadas hasta que un 'desliz' del propio Suárez jugó en su contra. En una entrevista inédita que la periodista y biógrafa oficial de la Transición, Victoria Prego, realizó en 1995 al expolítico y que sería desvelada por La Sexta Columna en noviembre de 2016 -nada menos que 21 años después-, Suárez reconoció que, cuando en 1977 impulsó la Ley para la Reforma Política que eliminaría jurídicamente las estructuras del aparato franquista, introdujo en ella las palabras 'rey' y 'monarquía', con disposiciones como “el Rey sanciona y promulga las leyes” o “el Presidente de las Cortes y del Consejo del Reino será nombrado por el Rey”. “Metí la palabra rey y la palabra monarquía en la Ley y así dije que ya había sido sometido a referéndum”, justificó literalmente el expolítico, quien, de este modo, evitaba una consulta expresa sobre monarquía o república y se aseguraba la permanencia de la institución dinástica sin tan siquiera haber sido sometida a votación popular.
Cuando la mayor parte de los jefes de Gobierno extranjeros me pedían un referéndum sobre monarquía o república... hacíamos encuestas y perdíamos
Como se aprecia en el vídeo insertado en este artículo, Suárez procede a tapar el micrófono que lleva sujeto para que no se registraran sus palabras: explica que había actuado de esta forma porque los sondeos de los que disponía entonces el Gobierno -y que nunca llegaron a publicarse- anunciaban que el modelo republicano era el preferido por los españoles. “Hacíamos encuestas y perdíamos”, admitió el expolítico abulense, quien ostentó varios cargos públicos durante la dictadura franquista y fue en en 1976 nombrado líder del Ejecutivo central por el rey Juan Carlos I. Murió en 2014, dejando tras de sí un reguero de incógnitas e interrogantes acerca de cómo se fraguó la Transición. Casi cincuenta años después, las sombras que sobrevuelan el relato de aquel histórico periodo continúan sin despejarse.
“La monarquía se ha construido con una gran mentira”
Los vecinos reunidos en el centro de Esporles sostienen que la “ocultación” de la consulta que habría sido realizada aquel año respondería a un patrón según el cual, “cuando captan que socialmente no hay una mayoría a favor de la monarquía, se esconden los datos. Pasó en la Transición y ha vuelto a pasar cuando la valoración del rey cayó por debajo de 5 en el CIS entre 2011 y 2015”, asevera Domingo. Este residente recuerda que hace años el barómetro dejó de preguntar directamente por monarquía o república y se limitó a medir la confianza en la Corona. En este sentido, critica que el presidente de este organismo público “lleva desde 2015 diciendo que no se pregunta por la monarquía porque para la gente no es un problema”. El grupo, sin embargo, ha estudiado minuciosamente las series estadísticas del CIS y los ciclos de publicación de datos y asevera: “Cuando empezaron los suspensos, retiraron la pregunta”.
Domingo Sanz recuerda que hace años el barómetro del CIS dejó de preguntar directamente por monarquía o república y se limitó a medir la confianza en la Corona. “Cuando empezaron los suspensos, retiraron la pregunta”, denuncia
El vecino señala que ese patrón ya existía en la Transición e incide en que esta se cimentó sobre un relato adulterado: “La monarquía se ha construido con una gran mentira”, subraya mientras los demás asienten. “No tuvo el apoyo inicial de la población y se ocultó”, añade Ferrà, quien considera que se trata de “un juego muy sesgado” dado que “todos los aparatos mediáticos que acompañan a las instituciones hacen reflotar esa narrativa para que la monarquía sea aceptada”.
La Ley franquista de Secretos Oficiales
Por encima de esto, el primer edil considera “muy grave” que “se oculten estas cosas en democracia con una ley de secretos franquista”. Se refiere, en concreto, a la Ley de Secretos Oficiales que se aprobó en 1968, con el régimen de Franco en vigor, y en la que las instituciones se amparan para no hacer público el sondeo de 1976 al que aludió Suárez. En una respuesta ofrecida el 5 de abril de 2023 al senador Vicenç Vidal, quien milita en Més per Mallorca, el Ejecutivo central aludía a la elaboración de un anteproyecto de ley que pretende sustituir a la norma aún vigente. “El Gobierno está comprometido con la elaboración del Anteproyecto de Ley de Información Clasificada que actualice el régimen jurídico preconstitucional en esta materia, tal y como ocurre en los países de nuestro entorno”, respondía entonces el Ejecutivo, reconociendo, quizás implícitamente, la existencia de la encuesta que se le formuló a la opinión pública española dos años antes de aprobarse la Constitución. “Esta es la auténtica encuesta”, comenta Domingo.
Las instituciones se amparan en la Ley de Secretos Oficiales de 1968, aprobada con el régimen franquista en vigor, para no hacer público el supuesto sondeo de 1976
Ferrà va, incluso, más allá: “Lo más grave es que en un Estado democrático se estén ocultando cosas que ocurrieron durante la dictadura, que es lo que se está haciendo en este caso, cuando esa ley franquista no obliga a ocultarlas. Un gobierno democrático puede desclasificar lo que quiera y, si no lo hace, es porque no le da la gana, porque ha publicado cosas que también estaban bajo esa misma ley”. “¿Qué baremo democrático tiene España con esta ley de secretos de Estado?”, se pregunta. Y sentencia: “El Gobierno protege la dictadura”.
Sobre la nueva norma que prepara el Ejecutivo central, alerta de que permitiría bloquear documentos durante décadas “sin necesidad de justificarlo ante la ciudadanía” -el texto establece un mínimo de 45 años, prorrogables de forma motivada a un máximo de 60-. El alcalde confía en que “los contadores no arranquen desde cero” para los documentos clasificados en la actualidad, en línea de otras voces críticas que temen que los plazos del secreto de los documentos se reinicien y estos continúen varias décadas más bajo sigilo, vaciando con ello la memoria colectiva y manteniendo ocultas determinadas zonas oscuras de la historia contemporánea. “Ahora estamos viendo cómo la población joven no sabe ni quién es Franco ni qué es la Transición. De aquí a 40 ó 50 años, el trabajo de desmemoria que se habrá hecho será total”, recela.
La ley de secretos franquista no obliga a ocultar. Un gobierno democrático puede clasificar lo que quiera y si no lo hace es porque no le da la gana. ¿Qué baremo democrático tiene España con esta ley de secretos de Estado? El Gobierno protege la dictadura
El encuentro en Es Brollador avanza y la frustración se mezcla con la determinación. Algunos proponen escribir de nuevo a los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno; otros creen que habrá que explorar nuevas vías legales. Lo único seguro es que no piensan rendirse dado que, en su opinión, lo sucedido no es un detalle histórico menor, sino un elemento que habría cambiado la forma en que varias generaciones se acercaron a la Transición y a la cultura democrática.
“Si se hubiera conocido esta encuesta, tendríamos una sociedad mucho mejor”, subraya Domingo, quien considera que “los profesores de historia habrían podido explicar el sondeo sin miedo a que en cada clase se generara una pequeña guerra civil”. En esta línea, subraya: “Si se hubiera conocido que España en ese momento prefería república, los profesores habrían podido decir a millones de niños y adolescentes: 'Este es el país en el que vivimos'”. La voz le tiembla ligeramente al recordar los infructuosos intentos por lograr que el Gobierno recapacite: “Mandas un escrito y nada. Es desesperante. Estamos muy jodidos”.
Si se hubiera conocido la encuesta, tendríamos una sociedad mucho mejor y los profesores de historia habrían podido explicar sus resultados sin miedo a que en cada clase se generara una pequeña guerra civil. Si se hubiera conocido que España en ese momento prefería república, los profesores habrían podido decir a millones de niños y adolescentes: 'Este es el país en el que vivimos'
En enero de 2024 un grupo de jueces y juristas de Balears, entre quienes se encuentran José Castro -conocido por dirigir la instrucción del caso Nóos- y Juan Pedro Yllanes -quien renunció a presidir el juicio contra Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina para acceder a la política de la mano de Podemos-, remitieron una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que le reclaman que se desclasifique toda la información relativa a la supuesta encuesta de 1976. Al igual que los vecinos de Esporles, quieren llegar al fondo de esta cuestión para conocer si, efectivamente, quienes tutelaron la transición de la dictadura franquista a la democracia parlamentaria blindaron la continuidad de un régimen caduco bajo el parapeto de la monarquía e imposibilitaron que la bandera de la República pudiera ondear de nuevo en los balcones de las instituciones.
En enero de 2024 un grupo de jueces y juristas de Balears, entre quienes se encuentran José Castro y Juan Pedro Yllanes, reclamaron al Gobierno que se desclasifique la información relativa a la supuesta encuesta de 1976 para conocer si quienes tutelaron la transición del franquismo a la democracia parlamentaria blindaron mediante dudosos métodos la continuidad del régimen
En su misiva, reclamaban que, junto a los resultados del referéndum de la Ley de la Reforma Política -elaborada por el presidente de las Cortes franquistas Torcuato Fernández Miranda-, el Gobierno proporcione la entrevista que Prego realizó a Suárez y en la que, recordaban, este “desveló que antes del referéndum de 1976 había ordenado la realización de encuestas, que no publicó, y que le permitieron organizar el referéndum para obtener los resultados que le interesaban y asegurar la continuidad de la monarquía que el dictador había restaurado en 1947 mediante la Ley de Sucesión de la jefatura del Estado”. A través de esta norma, Franco estableció que España, como unidad política, era un Estado católico, social y representativo que, de acuerdo con su tradición, se declaraba constituido en reino, reservándose de este modo la facultad de proponer a las Cortes a la persona que debía ser llamada, en su día, a sucederle a título de rey.
En Esporles, mientras tanto, los vecinos no descartan emprender nuevas acciones después de Navidad. Y, pese al cansancio acumulado, sus integrantes mantienen la convicción de que la sociedad merece saber qué pensaban realmente los españoles en 1976, cuando Adolfo Suárez decidió mirar aquellas cifras y callar.