La PDLI pide a Borrell que no ignore el caso del periodista presuntamente descuartizado por Arabia Saudí
La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha pedido este viernes al Gobierno que actúe para que el presunto asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi no quede impune. Este, voz crítica con la monarquía saudí, se encuentra desaparecido tras entrar en el consulado de su país en Estambul (Turquía), aunque las informaciones que aseguran que fue asesinado y descuartizado en el edificio por un grupo de quince funcionarios de Arabia Saudí se han sucedido en los últimos días.
“Estas noticias espantosas, apoyadas por cada vez más evidencias, exigen la inmediata respuesta de los gobiernos de todo el mundo para que se esclarezcan la desaparición de Jamal Kashoggi y sus responsables, tanto materiales como intelectuales, respondan ante la justicia”, defiende la PDLI.
La organización, integrada por juristas, periodistas y activistas, pide al ministro de Exteriores Josep Borrell y la UE que “no permanezcan pasivos ante estos hechos execrables y actúen con todos los instrumentos a su alcance (incluyendo la presión económica y comercial)”. La PDLI se suma así a la Federación de Periodistas Internacionales, que remarca que los gobiernos “tienen mecanismos económicos, herramientas diplomáticas e instrumentos internacionales para tratar de llevar a los asesinos y aquellos que lo ordenaron ante la justicia”.
“La UE y EEUU han sancionado a Rusia y Venezuela por las denuncias de homicidios patrocinados por el estado. ¿A qué se debe esta pasividad con Arabia Saudí?”, denuncia la Federación.
Vínculos económicos
La reclamación de estas dos organizaciones llega justo después de que el Gobierno español se viera obligado a rectificar una decisión de su ministra de Defensa, Margarita Robles, que ordenó parar un envío de armamento al régimen saudí. A pesar de que la ley española que regula el comercio de armas veta las exportaciones a países en conflicto o que violen los derechos humanos (Arabia Saudí incumple ambos preceptos con su guerra en Yemen), el Ejecutivo de Pedro Sánchez dio marcha atrás para evitar poner en riesgo otro contrato de venta de armamento, en este caso con la empresa pública Navantia, del que dependen 6.000 trabajadores.
En cualquier caso, las relaciones entre la monarquía absolutista no quedan en el armamento, puesto que también incluyen proyectos relevantes para las empresas españolas, como el AVE a la Meca.
Estas relaciones provocan que los encuentros entre los presidentes y jefes de Estado de España y Arabia Saudí no sean infrecuentes. En uno de ellos Maher Abdulaziz Mutreb, miembro del equipo de seguridad personal del príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, y presunto cabecilla del asesinato de Khashoggi, visitó España y recibió el tratamiento acorde a esa visita oficial.
