“Cuba vive una emergencia humanitaria para millones de personas; es imperioso solucionar el suministro de combustible”

Francisco Pichón es el coordinador residente de Naciones Unidas en Cuba. El máximo responsable de la principal organización multilateral del mundo en una isla de 9,7 millones de habitantes que hace seis meses que no dispone de combustible para trasladarse, para distribuir alimentos o medicinas, ni para recoger cosechas o basuras debido al bloqueo de Estados Unidos. Un bloqueo que se ha visto aún más agravado desde el decreto del 1 de mayo firmado por Donald Trump, en el que se amenaza con sanciones a toda aquella entidad que mantenga relaciones comerciales con el Estado cubano o alguna de sus empresas.

A consecuencia de ello, empresas hoteleras españolas como Iberostar y Meliá han abandonado la isla; del mismo modo, se han suspendido las transacciones con Visa o Mastercard.

Sobre toda esta situación humanitaria que atraviesa la población cubana, los esfuerzos de Naciones Unidas para paliarla y las necesidades pendientes habla Francisco Pichón con elDiario.es por videoconferencia desde La Habana.

Hemos estado en Cuba hace unos días cubriendo los efectos del bloqueo del petróleo y el endurecimiento de las sanciones de EEUU. ¿Cómo ve usted la situación actual?

No es solamente una crisis energética, es una emergencia humanitaria con impactos muy profundos y agudos para millones de personas cada día, incluso en La Habana, que no era la parte del país más severamente afectada.

Estamos viendo apagones, a veces, de más de 24 horas, y eso tiene un impacto en la vida cotidiana de las familias: se cocina en la madrugada y se utiliza la noche para almacenar agua aprovechando el poco tiempo de luz.

La crisis energética es un multiplicador de los riesgos humanitarios para sectores clave que proveen servicios vitales a la población, como la salud, la educación, el abastecimiento de agua, la seguridad alimentaria, el transporte...

Por ejemplo, en la sanidad, que históricamente ha sido uno de los sectores más fuertes de la región, el sistema está siendo puesto a prueba con demandas más básicas, y hay datos oficiales de que la tasa de mortalidad infantil ahora es de 9,9 por 1.000 nacimientos, cuando era alrededor de 4-4,5 antes de la pandemia, y en algún momento llegó a ser de 3.

En cuanto a la tasa de supervivencia de niños con cáncer, se ha desplomado del 85% al 65%. Es decir, hay vidas humanas que se están perdiendo como resultado de la situación que vive el país.

Otro dato es que alrededor de 67.000 niños menores de un año corren el riesgo de perder vacunas que son críticas; y 110.000 personas mayores con cáncer y millones de personas con enfermedades crónicas tienen dificultades para acceder a los tratamientos y a las medicinas que requieren.

No es solamente una crisis energética, es una emergencia humanitaria con impactos muy profundos y agudos para millones de personas cada día, incluso en La Habana, que no era la parte del país más severamente afectada

Además, hay riesgos añadidos para alrededor de 32.000 mujeres embarazadas, que no necesariamente tienen acceso a tratamientos prenatales. Es una situación que afecta a la vida y a los servicios vitales.

En cuanto al abastecimiento de agua, alrededor del 85% de los sistemas de bombeo en Cuba dependen de la electricidad, y cerca de 1 millón de personas dependen de suministro de agua a través de camiones cisternas.

En este momento solo hay un 36% de la energía que se requiere para los sistemas de bombeo de agua. En total, cerca de 2,6 millones de personas tienen problemas en el acceso al agua.

¿Qué otros sectores vulnerables están siendo afectados?

Están siendo afectados todos los servicios de protección social, como las escuelas, que son un espacio protector para los niños, donde pueden tener acceso a alimentos, o las casas de cuidado de ancianos.

Cuba es el país más envejecido de la región: alrededor del 25% de su población tiene 65 años o más. Es una población muy vulnerable y está siendo impactada desproporcionadamente por esta situación: muchos ancianos viven solos y tienen dificultad para acceder a los alimentos y a otras necesidades muy básicas.

Y todo esto sucede tras años de impactos acumulados por los huracanes, como el huracán Melissa, que afectó a 2 millones de personas.

Nosotros teníamos un plan de respuesta al huracán Melissa, focalizado en 1 millón de personas en municipios del oriente del país. Antes, habían sido los huracanes Óscar y Rafael, en dos extremos opuestos del país, junto con dos terremotos que ocurrieron en un lapso de 20 días, entre octubre y noviembre de 2024.

Todo esto genera enormes vulnerabilidades en la población, que ahora se ve impactada por esta crisis energética, que coincide con el colapso de los ingresos por el turismo, con la disminución de los ingresos por la exportación de servicios médicos y con un escenario de deterioro económico desde la pandemia, desde la cual la economía se ha contraído casi un 15%. Y se espera que ese proceso continúe.

En este 2026, la CEPAL [Comisión Económica para América Latina y el Caribe] ha proyectado que habrá una contracción económica adicional del 6,5%, debido a toda esta situación, que es parte de un contexto de décadas de sanciones unilaterales y de un acceso restringido a los mecanismos de financiación para el desarrollo que el país ha venido arrastrando durante muchas décadas.

Y no es lo mismo responder a una emergencia concreta por un huracán que a la crisis actual por falta de combustible a raíz del bloqueo.

Es una situación diferente, obviamente, a otras emergencias.

Como Naciones Unidas, hemos estado acostumbrados a responder a un huracán. Y el huracán pasa, tú conoces los impactos, haces un acompañamiento a la respuesta del país, se movilizan recursos, casi siempre insuficientes, pero tú sabes cuáles son los impactos y cuáles son las necesidades que permanecen.

En este caso, las necesidades humanitarias que nosotros analizamos a fines de marzo, cuando lanzamos el plan de respuesta a la contingencia energética, no son las mismas que tenemos hoy, dos meses después. Y al no tener una solución a la vista en relación con el combustible, o un mecanismo que nos garantice un combustible mínimo predecible para nuestra respuesta humanitaria, las necesidades humanitarias se agravan.

En cuanto a la tasa de supervivencia de niños con cáncer, se ha desplomado del 85% al 65%. Es decir, hay vidas humanas que se están perdiendo como resultado de la situación que vive el país

Nosotros lanzamos nuestro plan de acción cuando estábamos implementando la respuesta al huracán Melissa, en noviembre pasado. Y lo que hicimos fue reestructurarlo, incorporando la energía como un eje central y focalizándolo aún más en acciones para salvar vidas. Lo lanzamos con apoyo de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), pero, obviamente, las necesidades humanitarias han seguido avanzando y profundizándose al tiempo que nosotros tratamos de movilizar recursos.

El plan tiene una meta de 94,1 millones de dólares, de los cuales alrededor de un tercio se ha asegurado. Pero hay brechas enormes en muchas áreas y sectores. Y, por supuesto, existe la necesidad imperiosa de una solución para el suministro de combustible, que tiene un impacto también en el ritmo de implementación del plan.

Ustedes propusieron, para intentar paliar el bloqueo de combustible de EEUU que lleva ejerciendo todo este año, una excepción humanitaria para el petróleo. ¿Qué ha pasado con esa negociación con EEUU?

Desde el primer momento, el combustible se identificó como una parte importante de nuestra respuesta y era una parte esencial del plan que lanzamos a fines de marzo.

Se empezaron a hacer esfuerzos para buscar un respaldo que permitiera asegurar que el combustible pudiese llegar al país sin impedimentos. México estaba muy interesado en hacer un aporte, aparte del combustible bilateral o comercial que han suministrado a Cuba, y lo que México y otros Estados miembros han esperado es el resultado de estas discusiones, en las cuales yo no he estado involucrado personalmente, pero colegas del Sistema de Naciones Unidas y, en particular, OCHA, han sostenido en Nueva York con la misión de EEUU ante Naciones Unidas.

La implementación del plan de acción depende del acceso al combustible, y el plan es esencial para identificar las necesidades de combustible que se requieren en el ámbito humanitario, no para estabilizar la economía del país, sino únicamente con fines humanitarios.

Los sectores son: salud; seguridad alimentaria; agua y saneamiento; educación; habitabilidad y protección para las personas más vulnerables.

Como parte del sector logístico que lidera el Programa Mundial de Alimentos (PMA), se ha desarrollado un modelo para monitorear el combustible y asegurar su trazabilidad para los objetivos del plan: el PMA hizo una estimación del combustible requerido para salvaguardar los servicios esenciales, y se incluyeron también las necesidades de combustible de otros socios humanitarios, como ONG internacionales que están activas en Cuba.

Nosotros empezamos a adelantar diálogos con países como México o Brasil para ver qué soluciones podían apoyar los Estados miembros, así como la necesidad de contar con un respaldo que garantizara que el combustible humanitario iba a llegar al país sin impedimentos.

Sabemos que hay diferencias políticas entre los Estados miembros y son los gobiernos los que tienen que trabajar para resolver esas diferencias. Pero nosotros, como sistema de Naciones Unidas, estamos centrados en las personas, y nuestra acción humanitaria trata sobre los derechos de las personas a la vida y a la dignidad

Al mismo tiempo, no nos hemos quedado con los brazos cruzados. Estamos adaptándonos para encontrar otras soluciones y, bajo el liderazgo del Programa Mundial de Alimentos como agencia líder del sector logístico, hemos logrado acuerdos con el sector no estatal de Cuba, que empezó a tener acceso al combustible, así como con empresas transportadoras.

Es un sector privado que está emergiendo desde 2023, y no es suficiente para la implementación de nuestro plan de acción, pero sí nos ha permitido mover muchos contenedores que ya estaban en el puerto o en almacenes del país y que habían llegado como parte de la respuesta al huracán Melissa.

En ese sentido, el PMA logró asegurar inicialmente 15.000 litros de combustible a través de alianzas con el sector privado en el país, que ha tenido un poco más de flexibilidad en cuanto a poder comprar combustible, y ahora hemos logrado una segunda dotación de alrededor de 120.000 litros que ya están en el país.

Esto nos permite seguir trabajando. Pero se sigue necesitando una solución más amplia que permita la implementación del plan de acción. Y esto requiere acceso a un combustible mínimo y predecible. Y nosotros, como sistema, seguimos abogando por esa necesidad ante nuestros colegas en Nueva York y en Ginebra para lograr el acceso al combustible.

Sabemos que hay diferencias políticas entre los Estados miembros y son los gobiernos los que tienen que trabajar para resolver esas diferencias. Pero nosotros, como sistema de Naciones Unidas, estamos centrados en las personas, y nuestra acción humanitaria trata sobre los derechos de las personas a la vida y a la dignidad. Esa es nuestra principal preocupación: poder responder, con nuestros medios y posibilidades, a la situación.

¿Qué otros efectos están teniendo las órdenes ejecutivas?

Estamos viendo la tendencia al sobrecumplimiento [exceso de cautela regulatoria], que afecta a actores privados, bancos, proveedores de logística, aseguradores, compañías navieras.

Ante la amenaza de sanciones de las órdenes ejecutivas, sobre todo la del 1 de mayo, estas empresas evitan exponerse al riesgo de ser sancionadas. Y esto se manifiesta en contratos y entregas que ya están en marcha, pero que sufren retrasos o incertidumbre.

El Programa Mundial de Alimentos tiene ya alrededor de 2.900 toneladas métricas de alimentos compradas y adquiridas, pero está tratando de renegociar su llegada al país precisamente por este fenómeno de sobrecumplimiento.

Y es que una cosa es que los proveedores o empresas navieras tengan restricciones por la orden ejecutiva, pero otra es que apliquen medidas que no están en las restricciones por temor a ser sancionados, porque achica el espacio para la acción humanitaria. Y eso a pesar de que, en el derecho internacional, ese espacio debe ser protegido, y las acciones humanitarias no están sujetas a sanciones. Pero una respuesta de esos proveedores es precisamente poner requerimientos que van más allá de las restricciones.

En el caso de Unicef, son siete cargamentos valorados en 630.000 dólares, y el tipo de suministros involucrados son kits médicos de emergencia, suministros para recién nacidos, insumos nutricionales para mujeres embarazadas y lactantes. Son 32.000 mujeres embarazadas en Cuba las que están sujetas a esos riesgos adicionales. Hay también kits de higiene menstrual para adolescentes y equipos para tratamiento de agua.

Algunos de estos suministros han tenido que ser redireccionados en rutas alternativas, que son siempre más largas y más costosas. En el ámbito de la salud es especialmente delicado, porque hay medicamentos que necesitan condiciones de refrigeración para llegar al país. Incluso hay ejemplos de la OPS/OMS contratando servicios de transporte refrigerado para mover las medicinas dentro del país.

Esto es una innovación para Cuba, es interesante ver cómo el sector privado se ha perfilado como un socio importante en la respuesta humanitaria, a un coste mayor si no tuviésemos esta crisis energética.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) también está sufriendo un retraso en la entrega de kits de salud sexual y reproductiva debido a la cancelación de vuelos de aerolíneas que se retiraron de Cuba. Y están migrando hacia rutas marítimas más lentas, que implican un encarecimiento de los fletes.

Hemos elevado este tema en diferentes espacios, como el más reciente briefing de OCHA con los Estados miembros sobre Cuba, donde hemos hablado de estos temas del fenómeno de sobrecumplimiento, de cómo ha impactado en nuestra respuesta y de la necesidad de encontrar soluciones para proteger el espacio humanitario, incluso sin una solución de combustible mínima.

Una cosa es que los proveedores o empresas navieras tengan restricciones por la orden ejecutiva, pero otra es que apliquen medidas que no están en las restricciones por temor a ser sancionados, porque achica el espacio para la acción humanitaria. Y eso a pesar de que, en el derecho internacional, ese espacio debe ser protegido, y las acciones humanitarias no están sujetas a sanciones

Y la respuesta de Estados Unidos, de momento, es que todo sigue igual o incluso endureciendo las sanciones.

Hasta este momento, no ha habido una solución al tema del combustible humanitario. Y yo creo que, sin duda, nuestros colegas siguen haciendo esfuerzos para poder encontrar y proteger ese espacio humanitario.

Y una parte importante de mi rol ha sido dar a conocer los impactos específicos en la población más vulnerable y documentarlos.

Algo muy presente en La Habana cuando estuvimos era la incertidumbre de la gente, el no saber cuánto va a durar la situación, si va a mejorar o no va a mejorar, qué salida puede ver, si puede haber una intervención militar de EEUU, si puede haber ahora con el calor de julio algún tipo de protesta. ¿Qué perspectivas tienen ustedes?

Recientemente, hemos visto un estudio que muestra cómo las carencias y la falta de luz, o la incertidumbre sobre el acceso a servicios vitales, están generando un sentimiento de angustia psicológica y agotamiento en la población, sobre todo en grupos como la niñez, la adolescencia, las personas mayores y sus cuidadores.

Esto es algo que realmente se siente en la comunidad, lo sentimos también en nuestros colegas del sistema de Naciones Unidas en Cuba: el 93% de nuestro personal son funcionarios nacionales y están expuestos a todas las necesidades y carencias.

Las necesidades humanitarias van evolucionando, se van complicando y, sin una solución de combustible a la vista, esto genera mucha incertidumbre.

La población, por supuesto, sigue las noticias y toda la especulación que hay en las redes sociales, pero la mayoría está más preocupada por satisfacer sus necesidades básicas diarias. Psicológicamente, eso es lo que focaliza la atención, y esa preocupación se refleja en un estado de angustia psicológica y agotamiento. La gente está más focalizada en su supervivencia del día a día.

Nuestro plan inicial de respuesta al Melissa suponía atender a 1 millón de personas, pero al ser reestructurado por la crisis energética estamos hablando ahora de 2 millones de personas.

Colaborando con el sector privado y movilizando recursos, con un apoyo importante de ECHO, brazo humanitario de la UE, del que hemos recibido alrededor de 10 millones de dólares muy instrumentales para acceder al combustible de actores y transportistas privados, más los esfuerzos de las propias agencias de Naciones Unidas, hemos alcanzado ya alrededor de 1 millón de personas, con diferentes tipos de servicios médicos e insumos de salud, así como con generadores y sistemas solares para hospitales y clínicas.

Son casi 773.000 personas las que se han beneficiado de soluciones energéticas en agua y saneamiento. Este es un trabajo importantísimo que Unicef, que lidera ese sector de agua y saneamiento, está llevando a cabo.

Además, cerca de 900.000 personas han recibido asistencia alimentaria del PMA y la FAO, con prioridad en grupos vulnerables, escuelas y centros de atención a personas mayores.

el 93% de nuestro personal son funcionarios nacionales y están expuestos a todas las necesidades y carencias.

Ante esta situación de carencia de combustible y crisis energética, tanto el sector público como el privado en Cuba están apostando por la energía solar. ¿Cómo analiza la transición energética en la isla?

Es importante reconocer el esfuerzo que se está haciendo para acelerar la transición energética. A principios de 2025, solamente el 3% de la matriz energética cubana dependía de fuentes renovables, y se espera que para finales de 2026 esa cifra aumente al 15%.

Hay mucha actividad del sector privado en soluciones de respaldo energético. Antes esto era algo que dependía completamente de compras externas, pero ahora es una oportunidad de negocio para el sector privado, que constituye una parte importantísima de nuestro plan de respuesta en la búsqueda de soluciones de respaldo energético basadas en energías renovables.

Incluso ha habido algunos anuncios del país sobre que, a través de la ciencia y la tecnología nacionales, se ha logrado refinar parte del petróleo que Cuba produce, que generalmente es conocido por ser muy pesado, con un alto contenido de azufre y poco adecuado para la generación de energía en las centrales eléctricas. Sin embargo, el país ha logrado refinarlo y aumentar la producción de sus derivados para poder destinarlos a la generación energética.

La obsolescencia de la infraestructura de generación eléctrica en Cuba es conocida. Son equipos y plantas muy antiguas, que necesitan reparaciones de manera continua, y esa dinámica explica en parte lo que también estamos viendo.

Por eso es importante destacar la forma en que el país se está adaptando a la falta de combustible. Sin embargo, no puede hacerlo con la rapidez suficiente como para eliminar la necesidad de contar con una solución que apoye nuestro acompañamiento a la respuesta nacional.

A veces se debate sobre conceptos ¿Qué implicaría que Cuba hablara de crisis humanitaria en el país? ¿Eso significaría que ustedes podrían activar más mecanismos de ayuda entre los Estados miembros?

En la medida en que ha avanzado la situación, se ha ido complicando. Vemos que hay un reconocimiento de la severidad de la situación, y también se ha hablado de la resiliencia de la población cubana, pero por los impactos acumulados de desastres anteriores y la propia contracción de la economía a un 15% en los últimos años, esa resiliencia también tiene un límite, sobre todo sin una solución de combustible a la vista.

Si se pudiese obtener un respaldo para que el combustible humanitario pudiese llegar al país sin impedimentos, otros países se sentirían más cómodos para facilitar soluciones sin temor a ser sancionados o exponerse a sanciones.

. A principios de 2025, solamente el 3% de la matriz energética cubana dependía de fuentes renovables, y se espera que para finales de 2026 esa cifra aumente al 15%

¿Prevén que, si la situación se prolonga, pueda ocurrir algún estallido social, una crisis interna y que Cuba entre en una dinámica del tipo de Haití, o que se produzca una intervención militar estadounidense? ¿Prevén estos escenarios?

Nuestro énfasis en este momento es la acción humanitaria, estamos muy focalizados en la respuesta a las necesidades, y, como sistema de Naciones Unidas, tenemos que vislumbrar todos los escenarios posibles y adaptarnos para acompañar las necesidades del país.

No se vislumbra aún una solución posible y todo lo que has descrito es parte del contexto. Estamos en constante diálogo con nuestra sede, con nuestros directores regionales de las agencias, para que, como sistema, estemos lo mejor preparados para poder responder y tener los mejores elementos posibles.

Mientras tanto, el Gobierno cubano ha hecho unos anuncios recientes sobre transformaciones económicas, inéditas, ante la presente crisis.

Nosotros hemos venido discutiendo alguna de esas reformas y estamos redoblando nuestros esfuerzos para acompañar al país en esas transformaciones que creemos son fundamentales para poder sostener los logros que Cuba ha tenido en el sector de la salud y la educación. Y para sostener un modelo social inclusivo se necesita un modelo económico transformado que pueda sostener la calidad y la viabilidad de esos logros que en este momento se han ido deteriorando.

Estamos analizando los anuncios que se han hecho, pensamos que es un paquete muy integral de reformas. El qué es importante, pero el cómo es más importante, y muchas no son reformas específicas, sino áreas de reforma que requieren un trabajo de secuencia. Y el margen de maniobra para el país es mucho más limitado en la actual situación.

Siempre hemos reiterado nuestro mandato de acompañamiento al país en la implementación de esas reformas para asegurar que son creíbles y factibles, y que pueden planificarse de una manera en que se puedan lograr los objetivos. Y se genere también credibilidad hacia las reformas emprendidas.

Las reformas tienen un carácter bastante integral, incluyendo la empresa estatal con una autonomía real, la importancia que se le da a la formación descentralizada de precios, la eliminación de subsidios empresariales y a productos, el énfasis en las personas como protección social, los nuevos espacios para el sector privado, el acceso al mercado cambiario, la propiedad accionaria, la banca privada, la aceptación más explícita de las señales del mercado y la descentralización.

Estamos revisándolas y vamos a trabajar en una nota técnica para ayudar a ese diálogo sobre cómo hacerlas viables y lo que se requiere. Pero el espacio de maniobra es muy limitado en este momento y las prioridades son muchas: es un desafío para el país avanzar en esa agenda de reformas bajo las condiciones actuales.