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Documentados 125 abusos policiales en EEUU durante las protestas por la muerte de George Floyd

La policía de Nueva York detiene a un manifestante durante las protestas contra el racismo y la violencia policial el pasado 4 de junio

Lara Lema

4 de agosto de 2020 13:11 h

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Amnistía Internacional ha publicado un informe donde recoge 125 incidentes de violencia policial en Estados Unidos durante las protestas por la muerte de George Floyd, todos ocurridos entre el 26 de mayo y el 5 de junio. El informe se basa en más de 50 entrevistas realizadas por la organización internacional durante varias semanas de junio sobre las experiencias de la gente en las protestas.

Según la ONG, estos actos de “fuerza excesiva” fueron cometidos por miembros de los departamentos de policía estatales y locales, así como por tropas de la Guardia Nacional y personal de las fuerzas de seguridad de varias agencias federales. Para la organización, la respuesta policial a las protestas “falló en su obligación, bajo las leyes internacionales, de respetar y facilitar el derecho a la libertad de manifestación pacífica”.

Entre los abusos documentados se encuentran palizas, el uso indebido de gas lacrimógeno y spray de pimienta, y el disparo “inapropiado, y a veces indiscriminado,” de proyectiles “menos letales”, como balas de esponja y balas de goma. El informe de Amnistía asegura que en muchas ciudades las fuerzas del orden se enfrentaron a los manifestantes mientras llevaban el equipo antidisturbios como primer nivel de respuesta, más que en respuesta a cualquier acto de violencia en particular.

“Una y otra vez, las fuerzas del orden utilizaron fuerza, irritantes químicos, proyectiles de impacto cinético, y arresto y detención arbitraria como primer recurso contra en gran parte manifestaciones pacíficas. En varias ciudades, los organismos de represión recurrieron a la fuerza física contra manifestantes pacíficos para hacer cumplir los toques de queda”, exponen.

Además, la organización muestra preocupación por el uso de irritantes químicos en medio de una pandemia de una enfermedad respiratoria. “La respuesta natural de personas cuando se exponen a estos químicos es quitarse las máscaras para enjuagar sus ojos, narices y expectorar las sustancias químicas de sus bocas y pulmones, potencialmente propagando el virus”, explican en el informe.

El 1 de junio, en Filadelfia, se vio uno de los usos más polémicos del gas lacrimógeno cuando la policía disparó el químico contra manifestantes atrapados y sin salida. Un día después, la jefa de la policía de la ciudad ordenó al Departamento revisar sus directrices del uso de la fuerza.

Amnistía Internacional recogió el testimonio de una de las manifestantes presentes en este incidente. “Empezaron a gasear encapsulándonos, estábamos contra una gran valla que la gente tenía que saltar en una colina empinada. La valla tenía unos seis pies de altura”, explica Lizzie Horne. “La gente empezó a levantar las manos, pero los policías no se detuvieron. Era lata tras lata tras lata [de gas lacrimógeno]. Estábamos encapsulados en gas. Estábamos babeando y tosiendo incontrolablemente. En ese momento, los policías vinieron del otro lado de la valla y comenzó a gasear también desde esa dirección. Después de eso, la policía comenzó a subir por la colina y... estaban golpeando y abordando a la gente. Arrastraban a la gente colina abajo y los obligaban a arrodillarse, alineándolos, arrodillándose en la mediana de la autopista con las manos atadas con cables de plástico y bajándoles las mascarillas y rociándolos y gaseándolos de nuevo.”

Ataques contra periodistas

La organización también denuncia la violencia que sufrieron los periodistas que estaban cubriendo las manifestaciones. Según el informe, en numerosos incidentes ocurridos, la policía usó irritantes químicos, proyectiles de impacto cinético, y arresto y detención contra miembros de la prensa. Amnistía documentó casos en Minneapolis, Columbus, Des Moines y Raleigh.

Victor Blue, un fotoperiodista que trabaja para un diario nacional, afirma que fue repetidamente blanco de la policía con gas lacrimógeno, gas pimienta y proyectiles de impacto cinético mientras realizaba su trabajo. “Eso es algo en lo que creo que todos estarían de acuerdo - en Minneapolis, si tenías una cámara encendida, iban a por ti [la policía]”, dice.

Estos incidentes se repitieron por todo el país. En Louisville, Kentucky, una periodista y el cámara fueron disparados en directo con balas de pimienta. “¡Ah, me están disparando!”, se la escucha gritar. Los dos periodistas no estaban dentro de los disturbios y no había confusión posible.

Según el US Press Freedom Tracker, en los últimos dos meses de protestas se han registrado más de 600 casos de agresiones a periodistas. Entre ellos, 85 arrestos y 88 ataques físicos por parte de los cuerpos de seguridad.

1.000 personas mueren cada año por un uso excesivo de la fuerza policial

Aunque el gobierno de Estados Unidos no documenta cuántas personas mueren por un uso excesivo de la fuerza policial, varias organizaciones no gubernamentales estiman que aproximadamente 1.000 personas mueren cada año como consecuencia de esta violencia policial. Además, el 24,4% de las muertes son afroamericanos, a pesar de representar menos del 13% de la población de los Estados Unidos.

En 2014, el Congreso aprobó la Ley de Reporte de Muerte en Custodia (DiCRA, por sus siglas en inglés) que obliga a los estados que reciben financiación de la justicia penal federal a reportar los datos de cuántas personas mueren cada año bajo custodia policial o durante arresto. A día de hoy, seis años más tarde, esta ley sigue sin estar implementada, denuncia Amnistía.

La organización internacional pide que, además de hacer cumplir la DiCRA, el Congreso de Estados Unidos apruebe la Ley de Protección para nuestros Manifestantes de 2020. También considera necesario que los organismos encargados de hacer cumplir la ley revisen sus políticas y prácticas sobre la actuación policial en las protestas y cumplan las normas internacionales de derechos humanos. Asimismo, creen que el Departamento de Justicia y los fiscales generales de cada estado “deberán investigar de forma efectiva, imparcial y sin demora” estas denuncias de violaciones de derechos humanos.

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