El SOS lanzado desde La Haya por juristas y la relatora de la ONU mientras la UE protege sus negocios y alianzas con Israel
Esta semana, una vez más, el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea evitó someter a votación la suspensión del Acuerdo de Asociación con Israel, un pacto que otorga al Estado israelí la categoría de socio comercial prioritario de la UE. Alemania e Italia fueron los principales opositores a su suspensión, pero también mostraron reticencias otros países.
El Acuerdo de Asociación de la UE con Israel, puesto en marcha en 2003, ha seguido vigente desde entonces pese a las matanzas, el apartheid y la anexión ilegal impulsadas por el Ejército israelí. Operar con un acuerdo preferencial como este viola la Convención sobre Genocidio, que exige adoptar todas las medidas posibles para prevenir el genocidio, e ignora la petición de la Corte Internacional de Justicia, que solicita a los Estados “suspender relaciones comerciales y de inversión que contribuyan” a la ocupación ilegal israelí y a la segregación contra la población palestina.
La Unión Europea conoce los crímenes israelíes pero opta por no activar mecanismos para intentar frenarlos, evita suspender sus relaciones preferenciales y además vuelve a decir sí a la participación israelí en Eurovisión. Esta posición supone un incumplimiento de sus obligaciones internacionales y una violación del derecho internacional. Llevamos dos años y medio de genocidio en Gaza contemplando cómo las palabras van por un lado, y los hechos, por otro.
Relatores de la ONU subrayan que la suspensión del Acuerdo de Asociación UE-Israel es un “requisito mínimo”, es decir, no es la única obligación que tienen los Estados para cumplir el derecho internacional, pero ni siquiera ese paso ha sido posible
Varias ONG han denunciado que el Acuerdo siga activo y han tratado de presionar para su suspensión, junto con Eslovenia, Bélgica, Irlanda y España. Amnistía Internacional, entre otras, ha señalado que el mantenimiento de estas relaciones preferenciales “muestra el desprecio por las vidas civiles” y “será recordado como otro capítulo vergonzoso en uno de los momentos más deshonrosos de la historia de la Unión Europea”.
El director de la sección europea de Human Rights Watch, Claudio Francavilla, ha indicado que “la UE siempre ha tenido las herramientas para prevenir la destrucción y el asesinato de madres, niños, familias enteras. No las utiliza, y esto es una elección política deliberada y una violación del derecho internacional”. La Unión Europea es el mayor socio comercial de Tel Aviv, por delante de Estados Unidos: no es verdad que no disponga de mecanismos para presionar a Israel.
Los relatores expertos de Naciones Unidas subrayan que la suspensión del Acuerdo de Asociación con Israel es un “requisito mínimo”, es decir, no es la única obligación que tienen los Estados para cumplir el derecho internacional en estos momentos. Pero ni siquiera ese paso ha sido posible. “La UE no puede afirmar que defiende los derechos humanos mientras mantiene un comercio preferencial con un Estado cuyo comportamiento equivale a genocidio”, han denunciado.
La relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, insiste en que “limitar el comercio con las colonias es una cortina de humo”, porque “si el derecho internacional significa algo, la complicidad no se ajusta o se limita: se acaba con ella, por lo que el comercio con Israel debe suspenderse ya”.
La UE siempre ha tenido las herramientas para prevenir la destrucción y el asesinato de madres, niños, familias enteras. No las utiliza, y esto es una elección política deliberada y una violación del derecho internacional.
Quién protege a quien protege
Todo esto ocurre mientras once integrantes de la Corte Penal Internacional, la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, y varias organizaciones de derechos humanos palestinas siguen sancionados por Estados Unidos por hacer su trabajo. No han cometido ningún delito pero reciben el mismo castigo que un narcotraficante o un autor de un crimen de guerra. Su labor consiste en investigar crímenes, recopilar pruebas y aplicar el derecho internacional, y por eso han recibido las sanciones del Gobierno de Trump.
Algunos de los afectados por ese castigo son europeos, por lo que llevan tiempo solicitando a los Estados la activación del reglamento de bloqueo de la UE, diseñado para proteger a sus ciudadanos en este tipo de casos. Esta semana esos jueces y juristas sancionados por Washington lanzaron un SOS desde La Haya, sede de los dos tribunales internacionales. En un encuentro público impulsado por la Coalición para la Corte Penal Internacional y la campaña Courage, dirigida principalmente a la UE, ofrecieron una rueda de prensa para relatar cómo les afecta este castigo y para solicitar ayuda a los Estados.
Bajo el título '¿Quién protege a quien protege?' contaron que no pueden usar sus tarjetas de crédito ni acceder a sus propios ingresos en sus cuentas bancarias europeas —u otras— y demandaron protección de los países europeos.
No puedo realizar pagos ni recibir ingresos y he sido condenada –también en mi propio país, también en Europa– a una muerte civil
“No puedo realizar pagos, no puedo recibir ingresos y he sido condenada —también en mi propio país, también en Europa— a una muerte civil”, denunció Francesca Albanese, relatora de Naciones Unidas, quien agradeció la elaboración de un informe sobre la situación de los sancionados, realizado por la Coalición para la Corte Penal Internacional.
“Si Australia, Túnez o cualquier otro Estado impusieran sanciones a alguien, no se aplicarían fuera de ese país. Pero cuando se trata de bancos, como Europa no tiene verdadera soberanía bancaria, nuestros bancos en Europa corren el riesgo de ser acusados de cometer un delito grave”, explicó Albanese, refiriéndose a su imposibilidad de acceder a sus propios ingresos en cuentas bancarias europeas. Por esta situación su familia interpuso recientemente una querella en Estados Unidos contra Trump y el Secretario de Estado, Marco Rubio.
Tanto ella como los representantes de las organizaciones palestinas sancionadas —Al Haq, Al Mezam y el Centro Palestino para los Derechos Humanos— enfatizan que “es Israel el que está cometiendo crímenes”, “nosotros somos los que los investigamos”. Sin embargo, son ellos los que están recibiendo presiones, persecución y castigo. Hace tan solo unos días Francia negó la entrada al director de Al Haq, quien tenía previsto participar en una conferencia en París. Esta organización, al igual que las otras dos mencionadas, lleva décadas realizando tareas de investigación en los territorios palestinos y presentando demandas en los tribunales.
Es el viejo juego: en Bruselas nos dicen que el problema está en las capitales y en las capitales nos dicen que está en Bruselas. Y así, por defecto, Europa no está cumpliendo en materia de derecho y justicia
También recientemente la relatora de la ONU, Francesca Albanese, fue objeto de una campaña de difamación en su contra, en la que participaron varios ministros de Exteriores de la UE pidiendo su dimisión. El precio de respaldar la aplicación del derecho internacional es cada vez más alto, no solo en suelo estadounidense, también aquí, en esta Europa de doble rasero.
“Esperábamos recibir señales alentadoras en Bruselas, pero salimos completamente frustrados”, explica el director de Al Mezam, Issam Younis. “Es el viejo juego: en Bruselas nos dicen que el problema está en las capitales y en las capitales nos dicen que está en Bruselas. Y así, por defecto, Europa no está cumpliendo con su papel en materia de derecho, de rendición de cuentas y de justicia”, denuncia.
“Por favor, apoyen esta campaña, porque resulta chocante ver que hay funcionarios estatales que ni siquiera saben que hemos sido sancionados”, reclama la relatora de la ONU. Y añade: “Hay personas que tienden a ser cobardes o que no se dan cuenta de que forman parte del sistema. Piensan que tramitando papeles no están haciendo nada, que no contribuyen. Pero no es así. Hoy, en tiempos de genocidio, si no formas parte de la solución, formas parte del problema. No hay espectadores neutrales cuando se trata de un genocidio”.
Hay personas que no se dan cuenta de que forman parte, piensan que tramitando papeles no contribuyen. Pero no es así. Hoy, en tiempos de genocidio, si no formas parte de la solución, formas parte del problema.
En tiempos de genocidio, la inacción es una contribución a los crímenes y supone una vulneración del derecho internacional. La Unión Europea sigue apostando por sostener su imagen dando dinero para la reconstrucción, pero sin molestar en la fase de destrucción. No desplegó las herramientas obligadas para evitar la destrucción de hospitales, escuelas y personas y sigue sin hacerlo. “El ciclo que financia la Unión Europea es reconstruir, bombardear de nuevo, reconstruir, bombardear de nuevo, ese ciclo aviva la impunidad”, denuncia Claudio Francavilla, responsable de Human Rights Watch para la UE.
Los negocios y las alianzas preferenciales de la UE con Tel Aviv siguen adelante mientras Israel viola el alto el fuego en Gaza y Líbano, mata a más de 2.500 personas en las últimas semanas —incluidos niños y niñas— incrementa sus asentamientos en Cisjordania, transfiere población a los territorios ocupados, extiende su presencia militar en el sur de Líbano y justifica sus bombardeos ilegales contra Irán.
La población de Gaza vive apelotonada en menos de un tercio del territorio, hacinada, arrinconada y vigilada por el Ejército israelí, que ocupa más de la mitad de la Franja. Cientos de miles de personas habitan en tiendas de campaña, sin los nutrientes necesarios, sin atención médica adecuada, sufriendo frío, calor, humedad y ratas que, literalmente, están provocando heridas y enfermedades.
En 2024 numerosas voces alertaron de que, si no se actuaba frente a los crímenes israelíes, el mundo podría acostumbrarse a ellos, por repetición. Dos años después, asistimos a un retroceso de derechos y libertades en Europa para acallar las protestas, las matanzas y el apartheid continúan y tenemos a máximos representantes del derecho internacional sancionados y desprotegidos, en suelo europeo. No hay la reacción que merecen. Esta indiferencia contribuye activamente a la debilitación de las herramientas jurídicas creadas para proteger los intereses de las mayorías sociales del planeta.
Los dirigentes hablan de alto el fuego, pero no hay un alto el fuego real, ni en Gaza ni en Líbano. La 'Junta de Paz' de Trump no es de paz y las negociaciones no son realmente negociaciones, sino imposiciones. Pero los crímenes siguen siendo crímenes, mientras la UE realiza malabarismos comunicativos para que las palabras sean percibidas como hechos y las complicidades sigan siendo invisibles.