La justicia suspende en Nevada una ejecución con fentanilo, la droga en el centro de la epidemia de opiáceos
Nevada tenía planeado llevar a cabo este miércoles la primera ejecución con fentanilo, una droga en el centro de la epidemia de opiáceos que sufre EEUU. Horas antes, la jueza ha suspendido la ejecución durante al menos 60 días tras una denuncia de la farmacéutica productora de otra de las drogas que se iba a utilizar en la inyección letal.
Las autoridades habían creado una inyección letal compuesta por fentanilo, midazolam (un sedante) y un paralizante. Alvogen, productora del midazolam, había pedido la suspensión de la ejecución alegando que el Departamento de Prisiones había obtenido su droga mediante un subterfugio.
La farmacéutica alega que el Estado utilizó la licencia que permite comprar medicamentos controlados para engañar a la distribuidora, Cardinal Health, y hacer creer que el medicamento iba a ser utilizado por un doctor en un tratamiento médico legítimo. Para consolidar el engaño, añade Alvogen, las autoridades enviaron el midazolam a la farmacia central de prisiones en lugar de a la cárcel donde estaba programada la ejecución.
Tan solo unas horas antes de la inyección letal, la jueza Elizabeth Gonzalez ha suspendido la ejecución y ha convocado una nueva sesión judicial el 10 de septiembre para resolver el caso.
Fentanilo, cien veces más potente que la morfina
El Estado tenía planeado utilizar el fentanilo, un opiáceo sintético involucrado en la muerte de más de 20.000 personas por sobredosis solo en 2016, para matar a Scott Dozier, condenado por un doble asesinato, tras no haber podido obtener otras drogas para la primera ejecución de Nevada en 12 años a causa de la oposición de los productores farmacéuticos.
Igual que ocurre con el midazolam, existen dudas sobre si el Departamento de Prisiones de Nevada ha incumplido la ley para obtener el fentanilo o si la empresa de distribución multimillonaria que ha proporcionado la droga ha ignorado las pruebas de que iba a ser utilizada en una ejecución.
El fentanilo se ha situado en el centro de la epidemia de opiáceos como una droga peligrosa, poderosa e ilegal. Es cien veces más potente que la morfina y a menudo se mezcla con heroína o se esconde en pastillas falsas de prescripción médica. También se vende como analgésico bajo receta, incluida en una versión inyectable que en dosis más grandes puede llegar a matar.
“Utilizar fentanilo en una ejecución es especialmente raro y confuso por su papel en la epidemia de opiáceos”, señala la directora jurídica de la American Civil Liberties Union (ACLU) de Nevada, Amy Rose. “Pero además nunca se ha utilizado antes en una ejecución. Es demasiado experimental. Hay un riesgo muy real de una ejecución fallida”, añade.
El midazolam, por su parte, se ha utilizado en muchas ejecuciones donde se ha visto al condenado sufrir convulsiones, quedarse sin respiración y sentir un dolor evidente antes de la muerte.
“El midazolam ha estado en el centro de las ejecuciones que han ido visiblemente mal en absolutamente todos los estados donde se ha utilizado”, señala Maya Foa, directora del grupo contra la pena de muerte Reprieve. “Ahora se está utilizando con el fentanilo. Este es un protocolo totalmente nuevo en Estados Unidos”, añade.
Foa señala que los estados están normalmente obligados en el proceso de apelaciones a someter a escrutinio legal el método de ejecución planeado, especialmente cuando se utiliza un protocolo con una nueva droga. Pero Dozier ha rechazado las apelaciones y ha asegurado que quiere morir.
Compras ocultas
Los estados que todavía aplican la pena de muerte se han visto obligados a encontrar diferentes combinaciones de drogas para llevar a cabo sus ejecuciones dada la oposición de algunos productores a que se utilicen sus medicinas en inyecciones letales. Eso ha llevado a los estados a intentar cualquier combinación que pueden comprar, a menudo en secreto.
Las autoridades de Nevada se han negado a hacer público cómo obtuvieron el fentanilo y otras drogas, pero la semana pasada ACLU ganó un falló judicial que obliga al Departamento de Prisiones a entregar las facturas. Las facturas muestran que las autoridades hicieron muchos pedidos pequeños durante varios meses, a veces tan solo un día después del pedido anterior. No está claro si esto fue un intento de evitar llamar la atención que hubiese generado un gran pedido de fentanilo.
Las drogas se compraron a una de las mayores empresas de distribución de fármacos, Cardinal Health. La empresa está entre las mayoristas que se enfrentan a un gran número de demandas por supuestamente beneficiarse de la epidemia de opiáceos al entregar grandes cantidades de analgésicos recetados a pequeñas farmacias e ignorar las pruebas de que las estaban consumiendo personas adictas a estas drogas.
Rose señala que el grupo activista está estudiando por qué el distribuidor entregó la droga a las autoridades de prisiones de Nevada incluso después de hacerse público que pretendían utilizar el fentanilo para matar a Dozier. “Es preocupante que Cardinal Health lo vendiese al Departamento de Prisiones si sabía que se utilizaría en una ejecución”. Señala. Rose insiste en que ACLU está buscando nueva documentación para ver si las autoridades de Nevada “mintieron a Cardinal de alguna forma”.
El año pasado, Cardinal Health pagó una multa de 44 millones de dólares por no ajustarse a las regulaciones para impedir que los opiáceos caigan en manos de personas adictas.
ACLU también ha planteado cuestiones sobre la legalidad de las acciones del Estado de Nevada en la compra de drogas. La ley solo permite a los doctores y a las instituciones médicas con licencia de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, obtener y administrar estas medicinas. Rose señala que parece que el fentanilo lo compró una oficina de las autoridades de prisiones con la licencia necesaria, pero entonces lo pasó al centro de ejecuciones, donde no existe tal autoridad para gestionar lo que se supone que es una droga muy controlada.
“La licencia de la DEA que utilizaron para obtener estas drogas es la del hospital del Departamento de Prisiones en Las Vegas. Pero el Departamento de Prisiones no tiene licencia para administrar las drogas en la ejecución”, denuncia.
