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Opinión - ¿Y ahora qué? Por Marco Schwartz

Dudas ante el sistema de adjudicación de ayudas a ONGD

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El proceso de concesión de ayudas a las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) ha causado polémica en el panorama político español en los últimos días. Varias voces críticas denunciaron un presunto trato de favor a Solidaridad Internacional, organización a la que perteneció la antigua secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Leire Pajín, y actual secretaria de Organización del PSOE.

Ante estas dudas, el Partido Popular ha pedido la comparecencia de la actual secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez, quien explicará hoy en el Congreso el sistema de adjudicación de ayudas a las ONGD.

Inmediatamente después de que los populares registrasen su solicitud de comparecencia, Rodríguez pidió dar explicaciones ante la Comisión de Cooperación Internacional de la Cámara Baja a petición propia, por lo que las dos solicitudes se tramitarán conjuntamente en la misma Comisión a partir de las 8.30 horas de la mañana.

La solicitud de comparecencia de Rodríguez por parte del PP se produjo después de que un periódico de tirada nacional publicara que Solidaridad Internacional (que entre los años 2000 y 2004 presidió Leire Pajín, actual secretaria de Organización del PSOE, y que ahora está encabezada por el ex ministro socialista Juan Manuel Eguiagaray), ha recibido cerca de 30 millones de euros para un programa plurianual, la mayor partida que se ha concedido a una ONG en este capítulo de convenios.

La portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, calificó en su día de “sorprendente” el hecho de que “ciertas ONG ligadas al PSOE hayan ido ganando puestos en el ranking de subvenciones” concedidas por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) “en detrimento de otras organizaciones como Cruz Roja o Cáritas”.

Añadió además que su partido quiere que se abra una “investigación” en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación para aclarar este tema.

Tras el estallido de la polémica, la AECID se defendió afirmando que los datos publicados eran “erróneos” y acusando al PP de lanzar acusaciones “con una actitud falaz y sin base real alguna”.

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