El Partido Riojano exige que se modifique la reforma laboral

El presidente del Partido Riojano, Miguel González de Legarra, ha reclamado al Gobierno central que haga una “profunda” reflexión y modifique la reforma laboral, que ha calificado de “injusta e inútil” y que “fía todo exclusivamente a la buena voluntad de los empresarios”.

González de Legarra ha ofrecido una conferencia de prensa en la que ha calificado de “éxito” las manifestaciones convocadas el pasado 19 de febrero por los sindicatos UGT y CCOO, para protestar por esta reforma, y que, a su juicio, demostraron el “hartazgo” de los ciudadanos ante esta “imposición” del Gobierno.

El dirigente de los regionalistas ha asegurado que la reforma solo beneficiará a los empresarios y “ataca” los derechos de los trabajadores.

Ha asegurado que el concepto de “flexiseguridad” que introduce el texto de la reforma va a suponer que exista más flexibilidad en las condiciones de trabajo para beneficio de las empresas y “menos seguridad” en sus condiciones para los trabajadores.

Quizás, ha admitido, en los próximos meses esta reforma sí propicie un aumento de la contratación, pero a costa de incrementar la inseguridad de los contratados, ha opinado.

Además, ha reprochado el que se invoque al “sacrificio de todos” para aprobar esta reforma, mientras que la administración “no renuncia a nada, ni hace un esfuerzo”, ya que no reduce los impuestos y las cotizaciones, con lo que la creación de empleo se carga “en la espalda de los trabajadores”, ha insistido.

Eso supone, ha dicho, que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, “se lava las manos” y demuestra que es incapaz de tomar medidas para generar riqueza, algo clave, en su opinión, para que aumente el empleo.

González de Legarra ha dicho que es partidario de “ayudar” a los empresarios, pero no de “fiar” todo lo relativo al empleo en ellos como cree que hace esta reforma.

Ha detallado algunos problemas concretos creados por este texto legal, como el dar la opción a los empresarios de imponer de forma unilateral nuevas condiciones de trabajo, o el que se reduzca la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días por año trabajado algo que, ha asegurado, afectará en febrero de 2014 a todos los trabajadores, tengan o no contrato antes de la reforma.

Tampoco se ha aclarado, ha afirmado, qué derechos de futuro pierde un trabajo en su prestación por desempleo si compatibiliza su salario con parte de esa prestación, como permite la reforma.

Además, cree que el se amplíe el periodo de prueba de un contrato a un año, con menos salario, supondrá que en muchos casos las empresas despedirán a los trabajadores pasado ese tiempo.

Otros aspectos que ha criticado del documento son el facilitar la movilidad geográfica, que, a su juicio, puede facilitar la deslocalización de empresas; dar la posibilidad a empresas con beneficios a que despidan por causas económicas; o permitir que se “adelgace” la administración reduciendo personal laboral.

Así, ha resumido, aunque en la reforma existan algunos aspectos positivos, sobre los salarios de altos cargos o la formación profesional, en general se deja a los trabajadores “a los pies de los caballos” y se pierde “una oportunidad histórica” para crear un marco estable de contratación, ha apostillado.

Por ello, cree que en la tramitación parlamentaria se debe hacer “un lavado de cara” al texto que corrija “este atropello” y que haga que el Gobierno ponga “algo” en la reactivación económica.