El plan de austeridad del Gobierno riojano contiene 68 medidas y reduce el gasto en 223 millones

El presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, ha presentado esta mañana un “plan de austeridad, no de recortes”, de la Administración regional, que plantea 68 medidas y reduce el gasto en 223,1 millones de euros en la legislatura, de los que 55,9 se estiman para 2012, aunque esta cifra puede aumentar.

Sanz, en una rueda informativa, ha detallado que este plan de austeridad no afectará a la calidad del servicio “sensible”, por lo que la educación, la sanidad y los servicios sociales son, en principio, “intocables”.

Ha definido el plan como “dinámico, abierto, compartido, de inversión en eficiencia y de efectos prolongados en el tiempo” y cuyos objetivos son “mantener las políticas sociales y favorecer la competitividad de la región”.

Sanz ha insistido en que se trata de “priorizar y racionalizar el gasto para mantener y preservar la calidad de los servicios sociales, sanitarios y educativos que se prestan en la región” y “favorecer las medidas encaminadas a aumentar la competitividad de la economía regional y, con ello, la creación de empleo”.

El plan se centra en cuatro principios generales: priorización de las políticas, centralización de compras, cooperación interdepartamental e interinstitucional y mentalización de la necesidad de ahorro a todo el personal de la administración autonómica.

El otro principio general es la cooperación interdepartamental e interinstitucional para aprovechar mejor los recursos humanos y materiales y ha anunciado que “pronto” se concretará un plan de reducción de duplicidades entre acciones del Gobierno y del Ayuntamiento.

Esos principios generales inspiran tres grupos de medidas, como las relacionadas con la estructura administrativa, con un ahorro de 27 millones de euros y donde Sanz ha aludido a que espera que “pronto” se logre un acuerdo sobre los ajustes de liberados sindicales, que es una medida que “duele”, pero que puede suponer una reducción del gasto de unos 6 millones en la legislatura.

En este apartado se incluyen las medidas sobre la excepcionalidad de las prórrogas del servicio activo a partir de los 65 años, la eliminación de Ader Infraestructuras y la limitación de la contratación de becarios a situaciones vinculadas a la I+D+i.

Otra medidas se enmarcan en nuevos calendarios de ejecución, con un ahorro estimado de 33,5 millones de euros y donde destacan la celebración bienal de algunos eventos, como el Festival Actual, cuya próxima edición será en enero de 2012, el programa Volver a las Raíces y el Galardón de las Bellas Artes; mientras que el Foro Mundial del Vino se organizará cada cuatro años.

También se aboga por planificar y racionalizar los planes de infraestructuras deportivas y de educación, algunas actuaciones en albergues y la rehabilitación del patrimonio cultural.

Entre las medidas vinculadas al ahorro, estimadas en 162,5 millones de euros en toda la legislatura, figuran la centralización de compras, la revisión de todos los contratos de suministro y servicio en vigor, la supresión de estudios y trabajos técnicos realizados por personal externo, la prescripción de genéricos en las recetas y la disminución de la actividad concertada en sanidad.

El plan de racionalización de campañas informativas, la ampliación de la vida útil de vehículos y material informático más allá del periodo de amortización y la racionalización de horarios de atención al público, con una potenciación de la implantación de procedimientos telemáticos, son otras de esas medidas.

Sanz ha insistido en que desea “lograr la complicidad de los empleados públicos para incorporar la necesidad permanente del ahorro en todas las actuaciones de la Administración”, concienciación que también quiere extender a toda la sociedad.

Ha recordado que La Rioja es “la mejor o una de las mejores” comunidades en cuanto a su situación económica, financiera y de prestación de servicios y desea que esta situación se mantenga y que la región no renuncie a “seguir siendo” motora y locomotora, al mismo tiempo que se garantiza su sostenibilidad y viabilidad.

Para ello, “es posible que no podamos comer a la carta y casi seguro que tendremos que pedir el menú”, según Sanz Alonso, quien ha reconocido que la comunidad “no impone, sugiere”, “dialoga al principio” y “toma decisiones”, que prefiere que sean “compartidas”, aunque a veces hay que adoptar decisiones “valientes”, sin que supongan una “mutilación” ni impidan el desarrollo futuro.

Ha defendido una búsqueda “prudente” y “razonable” de la estabilidad en el empleo del personal de la Administración regional, ha dicho que la oferta de empleo público está supeditada a los Presupuestos Generales del Estado, ha abogado por la colaboración con la iniciativa privada en la inversión y cree que el proyecto del Complejo San Millán se llevará a cabo, sin que exista aún una fecha.