El retraso del pago en los colegios concertados les obliga a endeudarse

El retraso de varias administraciones autonómicas en el abono de la partida financiera de 'otros gastos' está obligando a los titulares de centros educativos concertados a adelantar fondos propios o recurrir a préstamos bancarios para pagar costes de funcionamiento, pero otros acumulan ya facturas impagadas.

“Muchos están en deuda con los servicios básicos (agua, luz) o el banco les ha dicho que nos les da más crédito, y los próximos recibos no van a poder pagarlos”, según alerta el presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Antonio González-Campra..

La situación es más difícil cada día que pasa, corrobora el portavoz de Escuelas Católicas, Luis Centeno. Los centros afectados, cuenta, están empezando a tener problemas, han de retrasar pagos de suministros y proveedores y pedir financiación externa, algo “muy preocupante”.

Esto supone un sobrecoste por los intereses, que las administraciones, dice Centeno, no les van a compensar, salvo que hubiese una resolución favorable a una reclamación judicial.

Según Centeno, la partida de 'otros gastos' se adeuda en Castilla-La Mancha y Baleares desde agosto pasado; desde octubre en la Comunidad Valenciana; y al menos dos meses están pendientes en Murcia y Cataluña.

También hay dos meses de retraso en Aragón y hay demora en Galicia, según CECE. Aparte, siguen pendientes los impagos de sustituciones de profesores de 2011 en Castilla-La Mancha y Baleares, según las organizaciones del sector. La novedad, apunta González-Campra, es que el Gobierno valenciano abonó hace unos días un trimestre de atrasos de 'otros gastos', lo que supone “un poquillo de desahogo a una situación muy acuciante”.

No obstante, sigue siendo mala porque aún se deben meses en esa comunidad, indica.

Centeno explica que si la Comunidad Valenciana no paga es porque no tiene liquidez, y lo va haciendo según recibe fondos de la administración central.

“Pero esto -enfatiza- hay que arreglarlo por la vía que sea, no puede ser que paguen los colegios”.

Mientras tanto, dice González-Campra, hay centros que “sobreviven como pueden”, a los que les pueden cortar los suministros o incluso ser desahuciados los que están en régimen de alquiler.

Centeno niega que haya centros católicos tan apurados como para plantearse el cierre, pero sí para limitar gastos de material, reducir el consumo de calefacción o intentar negociar con los proveedores para retrasar los pagos de 30 a 60 ó 90 días.

La situación, insiste, puede tornarse “muy dramática” si continúa un poco más. En Baleares, señala Centeno, los colegios pequeños están pasándolo muy mal porque carecen de recursos propios y es posible que no tengan más remedio que requerir a los padres una “aportación voluntaria” que hasta ahora no les pedían.

“La partida de 'otros gastos' es insuficiente en sí misma y, además, si no la recibes, pues ya me contarás”, lamenta González-Campra, que calcula en un 40 por ciento el déficit de financiación concertada por este concepto. Para el presidente de CECE, es “muy difícil de entender” que las administraciones no estén satisfaciendo a los colegios esta cantidad porque es “exigua” en comparación con la nómina y seguros sociales del profesorado, que sí se están abonando.

'Otros gastos' es la parte más pequeña, entre el 1 y el 2 por ciento, explica, de todo lo que representa la financiación educativa. Es menos comprensible la demora, subraya, si se tiene en cuenta que el coste de la educación concertada es aproximadamente el 50 por ciento del de la pública, asegura; tiene unos resultados académicos mejores en la evaluación internacional PISA, y una elevadísima demanda social, resalta.

Hay otras cuestiones que no incluyen los conciertos, pero que CECE reclama, como la reparación y mantenimiento de los inmuebles, cuyo coste corre a cargo de los colegios, así que tienen que apañarse “buscando donativos”. En el curso 2009-2010, último con datos estadísticos, había en España 3.042 centros concertados de primaria, el 22 por ciento del total; y 2.761 de secundaria obligatoria (ESO), el 37 por ciento de todos ellos.

Castilla-La Mancha tenía 107 concertados de primaria, el 14 por ciento del total de esta etapa en la comunidad; y 94 de ESO, el 28 por ciento de todos ellos. En la Comunidad Valenciana eran 334 concertados de primaria (24 por ciento) y 307 de ESO (42 por ciento).