FERINE exige a Rubalcaba que acabe con las acciones policiales ''racistas''

La Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados (FERINE) exigió hoy al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que cesen “de una vez por todas” las acciones policiales “xenófobas y racistas” para cubrir un cupo de inmigrantes irregulares detenidos.

Este colectivo indicó que el hecho de que el titular de Interior negara en sede parlamentaria estas actuaciones, denota, que “o no se entera de lo que hacen sus subordinados, o falta a la verdad respecto a las acciones que ejecuta la Policía”.

FERINE solicita a Rubalcaba que los mandos que ordenan estas acciones sean sancionados para que así “se recupere la confianza” en las autoridades políticas españolas y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Estos hechos se dieron a conocer el pasado mes de enero, cuando el Sindicato de Policía filtró un documento de una comisaría madrileña que demostraba la exigencia a los agentes de la detención de un cupo determinado de extranjeros indocumentados a cambio de días libres. “Interceptaban a extranjeros en lugares públicos exigiéndoles la documentación en base a sus rasgos físicos”, explicó el presidente de FERINE, Víctor Sáez.

Posteriormente, y tras las denuncias de las asociaciones de inmigrantes, la que fuera delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Soledad Mestre, mantuvo un encuentro con este colectivo. “Desde ese momento y hasta el mes de julio hubo un especie de tregua, pero las actuaciones policiales ilegales se trasladaron a otras comunidades autónomas como Andalucía, Baleares o Canarias”, lamentó Sáez.

También el Ejecutivo anunció que abriría una investigación interna en el seno del cuerpo de Policía con el objetivo de identificar a los mandos que exigieron estas detenciones y efectuar la sanción correspondiente. Una cuestión de la que, según Sáez, “no se ha vuelto a saber nada”.

FERINE asegura que sólo en Madrid se realizan un total de 100 detenciones diarias, una cifra que se corresponde con la capacidad de las comisarías, donde los indocumentados permanecen durante un máximo de 48 horas. Si tienen antecedentes o una orden de expulsión previa son trasladados a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en el que están unos 40 días hasta que son repatriados.

Ante esta situación, “la gente tiene miedo de ir en transporte público o estar en parques o espacios públicos por miedo a que les detengan”, denunció Saéz, y añadió que “hay muchas familias rotas como consecuencia de estas acciones ilegales porque se llevan al padre o a la madre o a varios miembros de una misma unidad familiar”.