El Gobierno de La Rioja pide al Ministerio que mantenga los fondos para el Plan de Vivienda y permita flexibilizar su reparto
El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha reclamado al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que “mantenga el mismo compromiso presupuestario que hasta ahora” en el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, de manera que “dé marcha atrás en su intención de reducir en un 17% la aportación económica que ha mantenido en el actual Plan 2022-2025”.
Así se lo ha trasladado hoy, día 2, a la ministra, Isabel Rodríguez, durante su intervención en la Conferencia Sectorial de Vivienda, celebrada en Madrid, en la que han participado todos los consejeros autonómicos. Un encuentro en el que Osés ha estado acompañado por el director general de Urbanismo y Vivienda, Carlos Alonso.
Para el Gobierno de La Rioja, la propuesta ministerial “rompe el consenso histórico en materia de cofinanciación, trasladando la carga presupuestaria que dejaría de aportar el Gobierno de España a las comunidades autónomas”. No obstante, el ejecutivo regional dice estar dispuesto “a movilizar en este Plan más recursos para facilitar el acceso de los riojanos a la vivienda, pero sin que se modifiquen los criterios de reparto”, ha matizado Osés.
En la reunión, Daniel Osés ha reivindicado flexibilidad en la distribución de los fondos después de que el Ministerio haya planteado que el 40% de los mismos se destinen al incremento del parque público, un 30% para actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana y otro 30% para ayudas al acceso a la vivienda y emancipación. La Rioja se ha opuesto a lo que consideran “rigidez” de estos criterios de reparto y ha solicitado que puedan aplicarse en función de las necesidades y de las nuevas realidades en cada momento, teniendo en cuenta que la vigencia del nuevo plan se extenderá hasta los 5 años, uno más que el todavía vigente.
Asimismo, Osés ha advertido que la declaración de la calificación permanente de las promociones protegidas que se construyan desde la iniciativa privada, una de las medidas que recoge el Plan 2026-2030, “puede desincentivar la necesaria implicación del sector en el incremento real y eficaz de la oferta de vivienda”.
El Ejecutivo nacional también ha propuesto obligar a los arrendores a depositar la fianza del contrato de alquiler en las comunidades autónomas, así como crear un registro de depósitos de fianza en el plazo de un año. Para Osés, esto “supone añadir más carga burocrática a la administración autonómica, merma la agilidad en la prestación de los servicios, y más obligaciones para los propietarios, desincentivando así la oferta del alquiler”.
Criterios de reto demográfico en la distribución de fondos
El consejero también ha reivindicado que “se tengan en cuenta criterios de reto demográfico, y no solo de número de hogares”, a la hora del futuro reparto de fondos, ya que “la vivienda es una palanca esencial en la lucha contra la despoblación y La Rioja merece recibir una aportación superior al 1,7% de los fondos del MIVAU”, ha dicho.
Además, para el consejero riojano “no es razonable que el nuevo Plan abogue por rebajar hasta los 85 m2 de superficie útil el tope máximo subvencionable para recibir ayudas al fomento del incremento de la oferta de vivienda asequible”, lo que ,según ha considerado, establecer “nuevos impedimentos” para la construcción, por lo que ha exigido en la Conferencia que se fije el límite en al menos 90 m2, tal como establecían planes anteriores.
Respecto a las formas que han rodeado la gestación del nuevo Plan, Osés ha criticado la “falta del necesario diálogo” que ha existido con las comunidades autónomas por parte del Ministerio, “con 12 meses sin una conferencia sectorial donde poder abordarlo” y abriendo una negociación “a tan solo dos meses de finalizar la vigencia del actual”.
Por último, ha vuelto a exigir la derogación de la actual Ley Estatal de Vivienda que es, ha creído, la “raíz del problema y ha tenido un efecto absolutamente negativo” desde su entrada en vigor, porque, según él, “ha provocado la retirada de miles de viviendas del mercado del alquiler, y lastrando las posibilidades de emancipación de los jóvenes”.
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