Irregularidades en la repatriación y documentación de menores inmigrantes

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha denunciado a través de su informe de 2008 numerosas irregularidades en los procesos de repatriación y documentación de menores inmigrantes no acompañados en España. Revela que, en muchos casos, las administraciones no inician los trámites legalmente previstos para la devolución de los niños a su país.

Enrique Múgica afirma que una de las deficiencias en estos procesos es que aún no se ha generalizado el derecho de los menores inmigrantes a contar con una representación legal independiente de la administración autonómica que ostenta la tutela en los procesos de repatriación.

Una irregularidad destacada en el informe tuvo lugar en Madrid durante el año 2008, cuando un menor fue repatriado sin que el Ministerio Fiscal tuviera constancia de ello. Sobre este asunto, el Defensor expone un caso en el que “no quedó acreditado que se hubieran realizado las gestiones previstas en el Reglamento de Extranjería” para verificar la existencia de riesgo o peligro para la integridad del niño antes de acordar su repatriación. La Subdelegación del Gobierno de Barcelona ya había sido apercibida un año antes por la Alta Institución para que corrigiese las “deficiencias detectadas” en la tramitación de los procedimientos de repatriación de menores.

Según el Reglamento de Extranjería en vigor, las administraciones cuentan con un plazo de nueve meses para repatriar al menor o documentarle. Sin embargo, esto no impide que la administración pueda conseguir los documentos en menos tiempo, porque se puede tardar menos de nueve meses en constatar que un menor no puede ser repatriado. Enrique Múgica afirma que “son numerosos los casos en que los trámites de averiguación del paradero de la familia del menor, el análisis de su situación y de las posibilidades de reagrupación del menor, ni siquiera se inician”.

Con respecto a la documentación de los menores inmigrantes que son internados en centros bajo tutela de las comunidades autónomas, el Defensor del Pueblo denuncia en su informe “falta de eficacia de la actuación de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas” a la hora de documentar con una autorización de residencia al menor tutelado.

El informe recoge las quejas de menores inmigrantes tutelados a quienes no se había solicitado la autorización de residencia pese a reunir las condiciones legales para ello. Enrique Múgica acusa de estas deficiencias a la falta de coordinación entre las administraciones, ya que cada una aplica criterios diferentes sobre la documentación que solicitan para los menores y su período de vigencia.