El Tribunal de Cuentas ha reclamado, a pesar de aprobar el informe fiscalización de La Rioja, correspondiente al año 2015, “mejorar y revisar los procedimientos aplicados en la gestión de la actividad económico-financiera de la Comunidad”.

En una nota informativa, ha señalado que el informe de fiscalización busca verificar si la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de La Rioja ha respetando las normas que rigen la actividad económico-financiera del sector público de La Rioja y si se han seguido los procedimientos establecidos.

Debilidades

La fiscalización ha detectado debilidades de control interno en las áreas de planificación y programación presupuestaria, los procedimientos y registros contables, la gestión patrimonial de bienes y derechos, la tesorería y los deudores, el control de las subvenciones concedidas y la gestión del gasto sanitario, que ponen de manifiesto la necesidad de mejorar y revisar los procedimientos aplicados en la gestión de la actividad económico-financiera de la Comunidad.

La liquidación del presupuesto de gastos del ejercicio 2015 presentó un grado de ejecución del 94 por ciento, ascendiendo las obligaciones reconocidas a 1.594 millones de euros, lo que ha supuesto un incremento interanual del 12 por ciento, y el grado de realización de las previsiones de ingreso alcanzó también el 94 por ciento.

En la fiscalización se ha detectado la existencia de gastos devengados en el ejercicio corriente y en anteriores que no fueron registrados; estos se refieren, en su mayor parte, a gastos sanitarios y farmacéuticos del Servicio Riojano de Salud, por un importe de, al menos, 18,9 millones de euros, cuya imputación al presupuesto de 2016 fue autorizada por el Consejero de Hacienda y el Consejo de Gobierno, al amparo de lo establecido en el artículo 35 de la Ley de Hacienda Pública de La Rioja.

Asimismo, los derechos reconocidos se encontraban sobrevalorados en un importe neto de 145.000 euros, como consecuencia de la incorrecta aplicación al presupuesto del ejercicio de ingresos procedentes de fondos europeos, prestaciones asistenciales del Servicio Riojano de Salud e ingresos tributarios contabilizados en cuentas no presupuestarias.

Por lo que se refiere a la estabilidad presupuestaria, la Comunidad Autónoma de La Rioja ha incumplido el objetivo establecido para el año 2015, cifrado en un déficit del 0,7 por ciento de su PIB regional, al haberse registrado un déficit del 1,16 por ciento. Como consecuencia del citado incumplimiento, la Comunidad elaboró un Plan económico-financiero (PEF 2016-2017), que fue observado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Sin embargo, este plan no llegó a aprobarse al no haberse reunido para ello el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

La Administración de la Comunidad de La Rioja también ha incumplido en 2015 la regla del gasto establecida en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, al haber sido la variación del gasto computable en dicho año del 4,3 por ciento, superior a la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo de la economía española determinada por el Ministerio de Economía y Competitividad, establecida en el 1,3 por ciento.

Los gastos de personal de la Administración General y de las entidades del sector público de la Comunidad han representado, en 2015, el 30 por ciento del gasto consolidado del conjunto del sector público de la Comunidad, con un incremento interanual de 2 puntos motivado, principalmente, por el abono a cuenta de parte de la paga extra del mes de diciembre del ejercicio 2012 suprimida por el RDL 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, así como por un ligero aumento de las plantillas del sector público autonómico, principalmente, en el personal docente interino y la contratación de personal temporal laboral en la Fundación Hospital de Calahorra y la sociedad Valdezcaray, S.A.

El análisis de las subvenciones ha puesto de manifiesto deficiencias que afectan, principalmente, a la no inclusión en las bases reguladoras o en las convocatorias de información suficiente para la valoración de los criterios de concesión o de la graduación del importe en la línea de ayudas en materia de servicios sociales, y a la deficiente determinación del coste medio de mercado de las actuaciones subvencionables en la línea de ayudas a la rehabilitación edificatoria.

El endeudamiento financiero se situó a 31 de diciembre de 2015 en 1.439 millones de euros, habiendo experimentado un incremento en los cinco últimos ejercicios del 184 por ciento.

En el ámbito de la sanidad concertada se observa, a nivel general, que el número de pacientes en espera para las diferentes modalidades prestacionales de la Comunidad se mantiene sin diferencias significativas respecto del ejercicio anterior, si bien, en términos comparativos, la situación es significativamente mejor que la que se desprende de los datos obtenidos para el conjunto del Sistema Nacional de Salud.

Finalmente, por lo que se refiere al seguimiento de las recomendaciones puestas de manifiesto en los Informes de Fiscalización de ejercicios precedentes, en términos generales, se aprecian avances en el cumplimiento de las recomendaciones señaladas por el Tribunal, entre los que destacan la disminución de discrepancias entre los registros de tesorería y la información facilitada por las entidades financieras, la implantación de nuevas herramientas informáticas para el cálculo de los costes sanitarios y la comprobación de los precios de los medicamentos facturados por los centros de convalecencia. No obstante, se mantienen otras recomendaciones para las que no se han apreciado cambios o los avances han sido más reducidos, por lo que se reiteran en el informe.