La mitad de las familias monoparentales, en riesgo de pobeza

El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, Pablo Rubio, ha presidido el Consejo Riojano de Servicios Sociales en el que ha dado cuenta de las principales actuaciones de la Consejería junto a los directores generales de Dependencia, Discapacidad y Mayores, María Somalo, y Servicios Sociales, Pablo González.

Los servicios sociales, ha aseverado Pablo Rubio, “son para el Gobierno de La Rioja, una prioridad en su programa de gobierno. El objetivo es que nadie quede atrás y que la igualdad sea un principio de la acción de gobierno, consolidando el Estado del Bienestar que caracteriza un gobierno progresista”. En este sentido, la atención a la infancia, la respuesta ante la discriminación de las personas mayores, la igualdad de oportunidades y la lucha contra la desigualdad de las mujeres en nuestra sociedad centrarán las políticas públicas del Gobierno de Concha Andreu.

A ello se une la actual crisis sanitaria que ha generado una crisis económica y social, lo que obliga a la aprobación de medidas para la superación de las mismas. Desde la Consejería explican que los informes más recientes sobre el riesgo de pobreza en nuestra sociedad nos indican la intensidad de la actual crisis social, los efectos en 2020 de la pandemia y la necesidad de que los poderes públicos actúen en esta situación, especialmente, respecto a los niños, las personas mayores y las familias monoparentales.

En la reunión del Consejo de Riojano de Servicios Sociales, celebrada de forma telemática, los responsables de la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública han relatado los tres textos normativos sobre los que están trabajando en estos momentos: Ley de Familias Monoparentales, Ley de Accesibilidad Universal y Ley Contra la Violencia de Género.

En este sentido, el consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, Pablo Rubio, ha recordado que con la aprobación de la Ley de Familias Monoparentales, “La Rioja será una de las comunidades pioneras ya que únicamente Navarra cuenta con un texto similar”. Una ley, ha insistido, “con la que el Ejecutivo regional cumple su compromiso con los distintos modelos de familia. El concepto de familia cada vez es más plural y diverso, existen distintos modelos de familia y es necesario el apoyo y la protección por parte de los poderes públicos”.

De hecho, ha apostillado, “el diez por ciento de las familias en la actualidad, están compuestas por un solo progenitor, y de estas, el ochenta por ciento son mujeres con hijos e hijas que son dependientes económicamente de este progenitor”. Se estima que la mitad de las familias monoparentales se encuentra, en la actualidad, en riesgo de pobreza, porcentaje que duplica al resto de tipos de familias.

En lo relativo a la Ley de Accesibilidad Universal, Rubio ha explicado que, con este nuevo texto normativo, el Gobierno de La Rioja pretende “establecer las condiciones de accesibilidad universal necesarias para garantizar la igualdad de oportunidades, la promoción de la autonomía personal, la inclusión en la comunidad y la vida independiente de todas las personas y, en particular, de las personas con discapacidad”. Porque tal y como ha insistido, “actualmente, la accesibilidad ha dejado de ser sinónimo de supresión de barreras físicas para adoptar una dimensión preventiva, amplia y generalizable a todo tipo de espacios, productos y servicios”.

Asimismo, a lo largo de la reunión también se han expuesto los avances del Plan Estratégico de Servicios Sociales que está redactando la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública en colaboración con la Universidad de La Rioja. De esta forma, el director general de Servicios Sociales, Pablo González, ha recordado que este Plan estará listo en 2022 “cumpliendo así uno de los compromisos del Gobierno regional” a la vez que ha recordado que “era una carencia histórica que, por fin se va a subsanar”.

“En la elaboración del Plan Estratégico de Servicios Sociales”, ha recordado, “contamos con la colaboración de la Universidad de La Rioja porque queremos que el documento final favorezca la planificación de medidas, actuaciones y recursos con el fin de alcanzar la máxima eficacia y eficiencia en el funcionamiento de los servicios sociales, algo fundamental en un contexto como el actual de crisis sanitaria, económica y social que está dejando importantes secuelas en distintos sectores de la población”.

De igual forma, el director general de Servicios Sociales ha traslado en el Consejo Riojano de Servicios la inversión que el Ejecutivo regional acometerá en distintos ayuntamientos y mancomunidades para reforzar los servicios sociales de primer nivel. En total, el Gobierno de La Rioja financiará con 7,2 millones de euros los convenios con estas entidades para sufragar programas e inversiones de la red básica de primer nivel del sistema de servicios sociales, un ocho por ciento más que en 2020. Inversión que va a permitir reforzar, entre otros, el Servicio de Ayuda a Domicilio y las ayudas de emergencia social.

Por su parte, la directora de Dependencia, Discapacidad y Mayores, María Somalo, ha detallado el nuevo Acuerdo Marco que incrementará un 70 por ciento el número de plazas públicas en residencias de personas mayores de La Rioja. Y es que, tal y como ha explicado “el Gobierno de La Rioja va a invertir 269,4 millones de euros para incrementar el número de plazas públicas pasando de 1.322 a 2.236. Una importante inversión económica dirigida exclusivamente al colectivo de las personas mayores que garantiza además una diversidad en la localización de las plazas con el objetivo de facilitar la libertad de elección del usuario y su permanencia en el entorno social y familiar”. Un nuevo acuerdo marco con el que el Ejecutivo regional garantiza este servicio público residencial de calidad “que permite a las personas mayores que no pueden permanecer en sus hogares acceder a este servicio público con independencia de su situación económica”.

El Consejo Riojano de Servicios Sociales

El Consejo Riojano de Riojano de Servicios Sociales es un órgano colegiado de carácter consultivo adscrito a la Consejería competente en materia de servicios sociales. Está compuesto por representantes de la Administración autonómica, de las entidades locales, del movimiento asociativo a través de los representantes de los consejos sectoriales o foros de participación, de los sindicatos y organizaciones empresariales y de los colegios profesionales de mayor representación en materia de servicios sociales. El número y la designación de los representantes, así como su régimen de funcionamiento, se determina reglamentariamente.