Críticas a la política de Vivienda de Conrado Escobar: “Opta por malvender parcelas en vez de construir vivienda pública”

El Grupo Municipal del Partido Riojano (PR+) en el Ayuntamiento de Logroño ha solicitado explicaciones al equipo de Gobierno sobre los motivos que le han llevado a “desprenderse de un importante y valioso patrimonio municipal”. La formación regionalista denuncia que esta venta de suelo se produce a pesar de la “imperante necesidad” de vivienda pública que existe en la actualidad.

La crítica surge tras el anuncio del Ejecutivo de Conrado Escobar de iniciar la venta de su participación en ocho parcelas municipales. Para el PR+, resulta especialmente preocupante la situación de tres terrenos en los que el Consistorio posee casi la totalidad de la propiedad y que, a su juicio, deberían destinarse a Viviendas de Protección Oficial (VPO) o alquiler social.

Se trata de las parcelas Palazzina 10 (La Guindalera), con un 97,6% de propiedad municipal; la P8 (El Campillo), con un 97,6% y capacidad para 64 viviendas; y la E3 (Valdegastea), donde el Ayuntamiento posee el 88,6% del suelo.

“Modelo de especulación”

El concejal regionalista, Rubén Antoñanzas, ha calificado de “lamentable” que el Partido Popular retome, a su juicio, “el modelo de la especulación inmobiliaria de otras épocas”. Antoñanzas critica que el Gobierno local opte por “malvender y hacer caja” en lugar de realizar un “mínimo esfuerzo económico” para construir vivienda pública destinada a jóvenes y familias que no pueden acceder al mercado libre.

Asimismo, el edil ha subrayado que la gestión de Escobar ha sido “incapaz de impulsar el Plan General de Logroño”, una carencia que ha dificultado la disponibilidad de suelo y que, según Antoñanzas, contradice el reciente interés mostrado por el PP en materia de vivienda.

Ante lo que considera una falta de atención al problema de la vivienda en la ciudad, el Partido Riojano preguntará en el próximo pleno los motivos de esta licitación. Antoñanzas instará al alcalde a aclarar por qué no se ha planteado adquirir la totalidad de las parcelas donde el Ayuntamiento ya es dueño de casi el 100%, para garantizar que esos terrenos tengan un fin social y no acaben en el mercado privado.