Luz verde para la Ley de seguridad en Italia
La Cámara Alta de Italia aprobó esta mañana de modo definitivo una ley sobre seguridad que considera la inmigración clandestina como un delito y legaliza las rondas de ciudadanos para que vigilen las calles por la noche.
El decreto ley se ha aprobado en el Senado con 157 votos a favor, 124 contrarios y tres abstenciones. Pueblo de la Libertad (PDL), que dirige Silvio Berlusconi, y sus aliados, Liga Norte y Movimiento para las Autonomías (MpA) han sido los principales impulsadores de esta norma.
Por su parte, la oposición italiana encabezada por el Partido Demócrata (PD), Italia de los Valores (IdV) y la Unión de Demócratas Cristianos y Demócratas de Centro (UDC) consideran que esta norma es inconstitucional.
La medida que ha generado más polémica es la que cataloga la inmigración clandestina como delito, obligando a todos aquellos extranjeros que se hallen en territorio italiano sin los papeles en regla a pagar una multa de entre 5.000 y 10.000 euros. Además se penará con la cárcel a quienes alojen o alquilen habitaciones a los inmigrantes que se encuentren en situación irregular.
La nueva ley también estipula que el periodo de internamiento de los inmigrantes indocumentados en los centros de identificación y expulsión se amplía de dos a seis meses. Con esta decisión se facilita que el proceso de repatriación concluya realmente, ya que da más tiempo a las autoridades para tramitarlo.
A partir de ahora los inmigrantes deberán pagar entre 80 y 200 euros si quieren obtener el permiso de residencia y para conseguir la ciudadanía italiana tendrán que pagar 200 euros.
Se ha retirado el polémico artículo que obligaba a los médicos y los directores de centros escolares a denunciar los inmigrantes irregulares que se encuentren en territorio italiano, a raíz de las fuertes críticas dentro del principal partido del Gobierno, el PDL. No obstante, la ley sí obliga a los funcionarios públicos a denunciar a los extranjeros indocumentadas.
La nueva norma reconoce las discutidas rondas de ciudadanos, cuyo objetivo es vigilar las ciudades por la noche para combatir la criminalidad y ayudar a la policía a localizar a los delincuentes. En la formación de estas asociaciones de ciudadanos estarán presentes policías y miembros de las distintas fuerzas del orden jubilados.
Por otro lado, la ley de seguridad intentará combatir la mafia obligando a los empresarios a denunciar los intentos de extorsión, de lo contrario no podrán acceder a los contratos públicos de obras entre otras cosas.
El Vaticano y las organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional están en contra del decreto ley ya que puede dar lugar a que los ciudadanos vinculen inmigración con delincuencia.
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