Visto para sentencia el juicio por las primarias de Podemos La Rioja

Responsables de Podemos se han referido hoy, en el juicio por el que el portavoz parlamentario del partido en La Rioja, Germán Cantabrana, reclama presentarse a las Primarias, a un informe “muy duro” de Salud Laboral contra él, mientras la defensa ha relatado una persecución contra Cantabrana y un reglamento creado para eliminar adversarios.

Para la defensa de Podemos, es “entendible que una persona con informes negativos de salud laboral no pueda volver a presentarse para que no se repitan situaciones desagradables”.

Sin embargo, el abogado de Germán Cantabrana ha entendido que lo que se está defendiendo en este juicio es que un grupo parlamentario no use su subvención para “financiar el partido”, sino para “que se paguen los trabajos por los que ciudadanos han puesto ahí a los diputados”.

El fiscal, en sus conclusiones, ha entendido que un “fuerte conflicto ideológico ha condicionado” el proceso y ha apoyado la demanda de Cantabrana en la necesidad de que los procesos de los partidos políticos sean democráticos y no arbitrarios.

Entre los testigos que han comparecido, el también diputado Juan Calvo se ha referido a que “claramente” había una persecución y la diputada del Congreso Sara Carreño ha ido más allá al decir que “las personas a las que se ha expedientado” en Podemos “son siempre candidatos a Primarias”.

A preguntas de la defensa de Cantabrana (en la persona del exdiputado socialista y campeón de pala corta, Daniel García) Carreño ha asegurado que en Podemos se creó un Comité de Seguridad y Salud Laboral “para eliminar a gente que no querían que concurrieran a las Primarias” por si acaso se presentaba alguien de otro partido.

Llamada por la defensa de Podemos, María Graziano, miembro del Comité Electoral ha relatado cómo el 17 de octubre de 2018 se invalidó la candidatura porque, durante el proceso de inscripción, había que cumplir una serie de requisitos, como un informe favorable de Finanzas. Ha dicho, además, que había contra Cantabrana un “informe muy duro de Salud Laboral”, por lo que fue una “decisión justificada”.

En este sentido, Isaac de Bedoya, en aquella época secretario de Salud Laboral, ha explicado que se investigaron unos hechos que se consideraron “graves” y se emitió un informe “indudablemente negativo”. No obstante, ha aclarado que el Comité “sólo realiza informes, no es sancionador”.

Entrega de 35.000 euros

La sesión también ha girado alrededor de la petición, por parte de Podemos estatal, de que el Grupo Parlamentario entregara al partido los 35.000 euros que tenían en la cuenta bancaria del mismo.

El responsable de Finanzas y Transparencias de Podemos, Daniel Frutos, que además ha sido el primero en intervenir, como testigo, ha relatado cómo Cantabrana, desde 2015, se encargaba de trasferir la subvención del Grupo Parlamentario al partido, en su sede central.

Sin embargo, en marzo de 2018 “dejó de hacerlo”. “No sé si lo había estado haciendo personalmente, sólo sé que el único que me contestaba que ya no lo iban a hacer” en una conversación el 2 de marzo de 2018 en la que se le exigieron 35.000 euros, ha explicado. “No nos dio una razón específica”, ha contado.

Frutos ha explicado que el artículo 2 de la Ley de Partidos confiere que que los fondos de los grupos políticos vayan al partido y “cuando dejan de hacer el traspaso hay un perjuicio económico”.

Ha añadido que “el Grupo Parlamentario gestiona pero, una parte, es para el partido para que desarrolle su acción política y se encargue de los contratos”.

De hecho, Cantabrana estaba contratado por el partido hasta julio de 2018. No obstante, ha asegurado que su despido, en esta fecha, no fue causado por el fin del traspaso de fondos, ya que su función laboral y su función de diputado son independientes.

Más tarde, a preguntas del abogado de Cantabrana, ha añadido que se encontraron con “facturas que no tenían nada que ver con el trabajo parlamentario”, como servicios de abogacía; también que, al negarse la presidencia del Parlamento a cambiar la cuenta de destino de los fondos, el partido replicó que no se hacía “responsable” del uso que pudiese dar a los mismos..

“Pero esto no aparece en ningún informe, lo dice hoy”, le ha contestado el letrado al tiempo que ha apuntado que los fondos “están sometidos al control de la Mesa del Parlamento” y que Cantabrana no aparecía como apoderado en la cuenta.

En este sentido, Carreño ha dicho que esta solicitud de que entregase todo “no es habitual”, apuntando a un deseo de descapitalizar el grupo parlamentario. “Se dio solo a La Rioja y en el marco de un conflicto con el partido en La Rioja”, ha dicho.

Ha contado que el conflicto empezó “desde la misma noche electoral en que Garrido”, actual secretario general, “se queda fuera porque era el cinco”. Ahí, ha relatado, “empieza a haber tensiones, tanto que en la investidura de Ceniceros” como presidente del Gobierno “atacan a Germán porque no les había gustado el discurso” e inmediatamente “empiezan a abrirle expedientes”.

La presidenta de la Comisión de Garantía Estatal, Miren Edurne Gorrachategui, ha informado de que hay un Reglamento de Incompatibilidades, para las Primarias, y una Carta de Derechos de Deberes. Requisitos que ha descrito como “objetivos” y que “no pueden ser objeto de valoración”. “Se cumplen o no”, ha dicho.

Cantabrana, ha indicado, los “incumplía” al “no estar al corriente de obligaciones económicas y haber sido objeto de un expediente negativo”. Por tanto, la Comisión invalida su candidatura. Se ha referido tanto a expedientes de Garantías como del Salud Laboral. “Algunos archivados”.

Ha creído que “la pérdida del derecho de sufragio pasivo no es una sanción, es una consecuencia”.

La diputada Natalia Rodríguez también ha comparecido como testigo y ha dicho que tanto Cantabrana como Ana Carmen Sáinz “se han autocontratado tras ser despedidos sin reunión y sin contar con su opinión”.

“A mi desde hace año y medio no me dejan participar en el Parlamento, no me convocan a reuniones, no quieren firma la Ley de Violencia de Género, han intentado mi expulsión”, ha señalado.

Conclusiones

En sus conclusiones, la defensa de Cantabrana ha aseverado que la actitud del partido fue redactar “informes negativos” y “eliminar a un candidato que no es del gusto de la dirección del Partido”.

Así, ha dicho, se habla de “no aportación de salarios”, y cuando se ve que estaba despedido desde julio “se agarra a los 35.000 euros”, cuando “es un dinero que pertenece al grupo parlamentario” que “tiene que pagar hasta las fotocopias”.

Por su parte, la abogada de Podemos ha defendido que el ejercicio de sufragio pasivo de ser “conforme a los Estatutos” y “los requisitos objetivos se cumplen o no”. “No es objeto de valoración, o se está al corriente o no”, ha dicho.

Cree “entendible que una persona con informes negativos de salud laboral no pueda volver a presentarse para que no se repita la situación”.

El fiscal ha entendido “se debe mantener la demanda” porque “el derecho de sufragio pasivo es fundamental”. “El control judicial puede entender si hay una base razonable para la decisión del partido político”, ha afirmado.

Para ello, se ha apoyado también en la sentencia de lo Social que declaraba nulo el despido de Cantabrana dado que, sin desmerecer lo relatado por los testigos, supone algo objetivo y choca con el informe interno que acusa a Cantabrana de acoso laboral.

También ha cuestionado la “mutabilidad” del argumento económico, en consonancia con lo argumentado por la defensa del portavoz del Grupo Parlamentario Podemos.

El juicio ha quedado visto para sentencia.