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MADRID

Los inquilinos encuentran una vía legal para frustrar el negocio de Blackstone con las viviendas que compró a Botella

El fondo buitre se enfrenta a una demanda de 40 familias que esperan que la justicia respalde su derecho a comprar las casas por el mismo precio que lo hizo Blackstone 

La Audiencia Provincial ya ha marcado el camino con una sentencia que obliga a la compañía a vender cuatro pisos a sus ocupantes por 68.000 euros. "Esto anula su capacidad de seguir haciendo caja", manifiesta el abogado de los demandantes

El lote de 1.860 viviendas compradas está marcado como pendiente de un proceso judicial en el registro de la propiedad, lo que ahuyenta a compradores y bancos 

Una de las promociones de viviendas compradas por Blackstone en Carabanchel. / Olmo Calvo

Una de las promociones de viviendas compradas por Blackstone en Carabanchel. / Olmo Calvo

Las condiciones ventajosas de las que se benefició Blackstone en la operación firmada con el Ayuntamiento de Madrid para comprar vivienda pública ahora amenazan con volverse en su contra. Los inquilinos han encontrado una vía legal que puede frustrar la capacidad del fondo buitre para hacer caja con los inmuebles de protección oficial. 

Ya hay una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que obliga al fondo buitre a vender cuatro pisos a sus ocupantes al mismo precio, muy inferior al de mercado, que pagó a la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS). Y otra demanda colectiva puede afectar si sale adelante a decenas más de casas. 

Por el momento, cuarenta familias están a la espera de que otro juzgado de primera instancia de Madrid siga la estela de la Audiencia Provincial y les reconozca el derecho a la compra de la vivienda recogida en su contrato público inicial y que Blackstone les negó: el llamado derecho a retracto.

"El impacto puede ser brutal porque anula su capacidad de seguir haciendo caja con la operación", apunta el abogado de los demandantes, Mariano Benítez de Lugo. Si ganan los vecinos, la compañía tendría que enajenar todas esos pisos por un precio entre 50.000 y 92.000 euros, según el tamaño y la ubicación de las promociones. La mayoría están en Carabanchel y cuestan, según cálculos que hizo Blackstone en 2017, un 227% más que lo que el fondo pagó por ellos en 2013. De 128,5 millones por los que se cerró la operación a 660 de valor de mercado actual.

Estas condiciones beneficiosas, de hecho, sustentan la sentencia del Tribunal de Cuentas que condenó a Ana Botella y otros siete cargos de su Gobierno a pagar 25 millones de euros por responsabilidad contable en la operación. Este fallo, sin embargo, quedó anulado por un recurso presentado por los condenados que salió adelante y todos ellos salieron absueltos por un tribunal formado por al menos dos personas vinculadas al PP. El Ayuntamiento de Madrid, cogobernado por el Partido Popular y Ciudadanos, ha renunciado a recurrir esta absolución porque lo considera, en palabras del alcalde, una "venganza estéril" que provocaría un gasto público innecesario. 

Fidere confirma a eldiario.es que recurrirá la sentencia de la Audiencia Provincial y evita valorar el impacto que este fallo y el próximo que esperan, relativo a la demanda colectiva de otras 40 familias, puede tener para la compañía. Goldman Sachs Azora, otro fondo que compró viviendas públicas de la Comunidad de Madrid en otra operación paralela impulsada por Ignacio González, ya ha advertido en sus cuentas que reclamará "daños y perjuicios" al Gobierno actual de la Comunidad de Madrid si la venta se anula, como ya han dictado algunas sentencias para casos concretos. 

Los bancos no quieren saber nada de Fidere

De todos modos, Fidere –la filial Blackstone que gestiona las viviendas en España– ya está encontrando obstáculos para vender a particulares el parque que compró al Ayuntamiento de Madrid. La demanda que originó la sentencia de la Audiencia Provincial logró unas medidas cautelares que frenan a los posibles compradores. A todos ellos les deben informar de que todo el lote de 1.860 viviendas está inmerso en un proceso judicial y su futuro es incierto.

El registro de la propiedad ha anotado esta circunstancia en todos los pisos, una mochila que no solo detiene a posibles compradores sino también a los bancos, que no quieren vincular sus créditos a estos activos. El abogado Benítez de Lugo relata casos de particulares a los que han negado hipotecas al conocer esta carga. Más obstáculos para deshacerse del ladrillo en un momento en que el fondo esperaba obtener grandes beneficios de aquella compra a precio de saldo. De hecho, Blackstone tuvo que abortar una operación de venta –que incluía viviendas de Madrid– porque ningún comprador aceptó el precio de salida, 180 millones de euros por 1.000 pisos.  

Mientras perdure esta situación, el fondo continúa con una política de subida sistemática de los pisos de alquiler a los antiguos inquilinos, los mismos que están dando la batalla en los tribunales, con aumentos encubiertos de dudosa legalidad.

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