El Gobierno de Ayuso denuncia ante la Fiscalía la ocupación de 59 viviendas públicas por parte de “mafias”
El Gobierno de la Comunidad, que preside Isabel Díaz Ayuso, va a denunciar ante la Fiscalía Superior de Madrid las presuntas ocupaciones por parte de mafias de un total de 59 viviendas públicas ubicadas en la capital y en otros diez municipios de la región. En total, son alrededor de 1.000 las viviendas del parque público ocupadas actualmente, aseguran a eldiario.es fuentes del Ejecutivo autonómico.
Lo ha anunciado el vicepresidente, Ignacio Aguado, en rueda de prensa, después de que el Consejo de Gobierno haya conocido un informe elaborado por las consejerías de Justicia y Vivienda en el que se da cuenta de una serie de hechos que podrían ser considerados delito y que podrían estar resultando lesivos para los bienes y derechos de la Comunidad de Madrid, en concreto, para el patrimonio público que gestiona la Agencia de Vivienda Social.
Además de Madrid capital, donde se han detectado 16 viviendas usurpadas por estos grupos, los demás municipios afectados son: Leganés, Arroyomolinos, Valdemoro, Alcalá de Henares, Alcobendas, Fuenlabrada, Galapagar, Mejorada del Campo, Coslada y Móstoles.
“Un Gobierno comprometido con la libertad y con la propiedad privada como este no puede permanecer al margen de determinadas violaciones de este derecho esencial. No se puede ni mirar hacia otro lado y tampoco intentar que otros resuelvan tus problemas. Es importante tomar medidas”, ha remarcado el dirigente autonómico.
El vicepresidente ha hecho hincapié en que estas organizaciones criminales, además de haber ocupado ilegalmente estos inmuebles, estarían subarrendando las viviendas e incluso vendiendo a otras personas en situación de especial necesidad.
A través de estos pisos, se estarían llevando a cabo delitos y negocios ilegales como tráfico de drogas, prostitución, cultivo de cannabis, depósitos de artículos robados y talleres de despiece de vehículos, entre otros. “Se trata de un grave problema que está alterando la convivencia vecinal en determinadas localidades y distritos de la capital, lo que ha generado un clima de inseguridad en los barrios afectados”, ha indicado el vicepresidente.
Como ha explicado el Ejecutivo regional, estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de usurpación, tipificado en el apartado 2 del artículo 245 del Código Penal, y un posible delito de pertenencia a organización o grupo criminal (artículo 570). Asimismo, si se concluye que en estas viviendas se están llevando a cabo otras actividades delictivas contra la salud pública por tráfico o cultivo de drogas, favoreciendo así su consumo, se estaría incurriendo en un delito tipificado en el artículo 368 del Código Penal.
Reforzar la seguridad
Tal y como ha desgranado Aguado, se ha instado a la Delegación del Gobierno a “reforzar la seguridad en los barrios y distritos afectados por este problema de orden público”. Además, se ha enviado recientemente a todos los ayuntamientos de la región un protocolo de actuación ante la ocupación de viviendas, en el que figuran seis puntos para minimizar estos efectos, y poder proceder así al desalojo de los inmuebles con la mayor rapidez posible. En el documento se insta a promover la cooperación con las Autoridades Judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Local de cada municipio.
Desde el Ejecutivo regional también se recomienda en la misiva blindar los accesos de aquellos inmuebles, susceptibles de ser ocupados, con elementos como chapas en las puertas y ventanas o la instalación de puertas antivandálicas.
Por último, la Comunidad de Madrid tiene previsto poner en marcha cursos de formación jurídica y operativa ante casos de ocupación de inmuebles dirigidos a policías locales de la región. Están programados para el primer semestre de 2020 y se impartirán a través del Instituto de Formación Integral de Seguridad y Emergencias (IFISE).
