La defensa cerrada del secreto en todo lo relativo a la opaca asociación Madrid Network, fundada a instancia de Esperanza Aguirre y a la que la Administración madrileña transfirió en 2011 un préstamo de 80 millones de euros cuyo impago ya ha provocado un agujero de 70 millones en las arcas regionales, ha ido más lejos de lo que hasta ahora se conocía. Si en octubre trascendió cómo el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso había pretendido, sin éxito, que el Tribunal Supremo mantuviese ocultas las memorias anuales de Madrid Network, ahora el círculo se amplía: y lo hace con un segundo recurso judicial del gabinete autonómico, interpuesto en 2023 ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJM) para asegurarse el secreto de determinada documentación sobre Madrid Network. El recurso se encuentra en lista de espera, es decir, todavía sin sentencia.
Lo que busca ese nuevo recurso de la Comunidad es evitar que se cumpla una resolución del Consejo de Transparencia, que en febrero de 2023 contradijo a la Consejería de Hacienda y ordenó abrir a petición de un ciudadano lo que metafóricamente cabría definir como una 'caja fuerte blindada': aquella en la que el Gobierno de Ayuso guarda un informe adjudicado a un bufete externo en diciembre de 2017 –recta final del mandato de Cristina Cifuentes– para analizar la “ejecución” del convenio que en 2011 regó Madrid Network con 80 millones de euros para el posterior reparto de aquel dinero solo entre sus asociados mediante créditos a bajo interés.
Pero el contrato para la elaboración de aquel informe, encomendado al despacho jurídico Uría Menéndez, no se detenía en el análisis del cumplimiento del convenio y las “distintas situaciones” en que se encontraban “los diversos préstamos”, buena parte de ellos fallidos desde años atrás y entre cuyos beneficiarios se encontraban al menos las mercantiles de dos antiguos altos cargos de la Administración madrileña.
Tras dedicar un punto del pliego de condiciones a cómo el estudio jurídico había de examinar “las consecuencias que tendría para la Comunidad de Madrid” el hecho de que Madrid Network “no procediese al pago de una de las cuotas anuales que tiene comprometidas” o peor aún, “comunicase que no va a proceder a abonar ninguna otra cantidad derivada del presente convenio [el del préstamo de 2011]”, el informe debía dar un paso de mayor relevancia incluso: pronunciarse sobre las “acciones que debería llevar a cabo la Comunidad de Madrid no solo con MN [Madrid Network] sino también, en su caso, con sus administradores. Así como qué actuación correspondería a la Comunidad de Madrid realizar ante la posible liquidación de MN”.
Al denegar en abril de 2022 la solicitud de acceso de un ciudadano a aquel estudio jurídico elaborado por Uría Menéndez, el director general de Política Financiera argumentó que se trataba de “un informe interno en poder de la Administración que no expresa el parecer de la Administración, no goza de la naturaleza preceptiva en ningún procedimiento y no ha servido de motivación a resolución final administrativa alguna”. La Comunidad sustentó su negativa en un artículo de la Ley de Transparencia (el 18.b) que entre las causas de inadmisión de solicitudes contempla las “referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas”.
A la vista de tal razonamiento, se remitió una pregunta a los portavoces de la Consejería de Hacienda para corroborar si es correcto interpretar que el informe de Uría Menéndez contiene conclusiones sobre qué actuaciones legales debía realizar la Comunidad de Madrid en el caso de que Madrid Network dejara de cumplir sus obligaciones de pago para la devolución del préstamo, como efectivamente hizo a partir de ese año (2018). En una respuesta escueta, la Consejería madrileña de Hacienda se limita a señalar que el de Uría Menéndez “es un informe de carácter jurídico que no forma parte del expediente del convenio de Madrid Network y que consideramos una de las excepciones contempladas en la Ley de Transparencia”.
El informe sobre la ejecución del convenio de los 80 millones de euros, donde también se analiza “qué relación jurídica” existe entre la Comunidad y los beneficiarios de los préstamos repartidos por Madrid Network, llegó a manos de la Administración regional el 2 de enero de 2018, según la respuesta con la que la Asamblea regional denegó hace una semana al diputado socialista Daniel Rubio el acceso al informe de Uría Menéndez.
Fin a la gestión de fondos europeos y a la devolución del préstamo
Hasta ahora no se sabía que la petición de tal informe jurídico a Uría Menéndez se produjo meses después de que el Ejecutivo regional rescindiera en marzo de 2017 otros dos convenios con Madrid Network. A través de esos dos nuevos acuerdos a dedo, el Ejecutivo de Ignacio González había otorgado a la entidad dos años antes –marzo de 2015– la gestión de 10,5 millones de fondos europeos destinados a subvenciones a empresas. El doble pacto lo firmó el entonces consejero de Hacienda, Enrique Ossorio, a quien Ayuso rescató para su Gobierno en 2019, le nombró luego vicepresidente de su equipo y que hoy preside la Asamblea de Madrid.
Una vez rescindido el convenio para la gestión de los 10,5 millones cofinanciados por la UE, Madrid Network no volvió a abonar ni una sola cuota de devolución del préstamo de 80 millones. El periodo de amortización había comenzado en 2016, cuando la asociación abonó una cuota de 3,63 millones el 8 de enero. Al año siguiente, exactamente el 13 de enero de 2017, la asociación le transfirió la segunda cuota: 7,27 millones. Y ya no hubo más cuotas satisfechas. Los 10,9 millones que suman las dos cuotas representan todo lo que ha abonado Madrid Network, a la que su prestamista –el Gobierno madrileño– subvencionó de nuevo en 2023 con 106.974 euros y en 2024, con 229.877.
De la ejecución de esos dos convenios nada ha cruzado la frontera que separa lo secreto de lo público. Las “memorias anuales” de Madrid Network se suceden bajo un título que equivocadamente hace presumir un relato pormenorizado de su actividad en cada ejercicio: tanto en lo que al préstamo de 80 millones concierne como a trabajos como los que derivaron en el desembolso de 1,8 millones para la empresa de Cristóbal Montoro o al uso dado a subvenciones que tanto en 2013 como en 2014 rozaron el millón de euros.
La opacidad se refuerza aquí por un dato sobre el que el Gobierno madrileño nunca ha dado explicaciones: que Madrid Network no está obligada a depositar su contabilidad en el Registro de Asociaciones. ¿Por qué? Porque pese a gestionar nada menos que 80 millones a partir de 2011 y otros 10,5 entre 2015 y 2017, jamás se la ha declarado de “utilidad pública”. Y solo las incluidas en esa categoría deben hacer públicas sus cuentas anuales.