Se abre un nuevo frente judicial para Blackstone. 75 vecinos se han unido para presentar la primera demanda colectiva contra “cláusulas abusivas” en los contratos de alquiler, impulsada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid. Los demandantes son, mayoritariamente, inquilinos de viviendas con algún tipo de protección que se construyeron sobre suelo público en Madrid y fueron adquiridas por el fondo buitre, entre ellas 18 promociones de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid.
Denuncian que el fondo sortea las limitaciones a las subidas del alquiler dentro de un mismo contrato decretadas por el Gobierno de Pedro Sánchez obligando a los inquilinos a pagar por conceptos como la comunidad, el IBI o seguros de hogar forzados. Este miércoles, han acudido a las oficinas de Fidere –la filial española de Blackstone– a manifestarse contra estos abusos. Tras la concentración han entregado una copia de la demanda un representante del fondo.
La demanda, presentada en enero en un juzgado de lo civil de Torrejón de Ardoz y que aún no se ha admitido a trámite, impugna 75 contratos y solicita su nulidad invocando una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2013 que aclaró que cuando un juez nacional detecta una cláusula abusiva en un contrato de alquiler –no solo hipotecarios– no basta con rebajar la cuantía sino que debe anularla de oficio. Los contratos incluidos en la demanda se firmaron entre 2016 y 2018, cuando aún el Gobierno no los había alargado por decreto a cinco años, aunque después Blackstone ha continuado actuando de la misma manera, según el Sindicato de Inquilinas.
Lo que se pone en conocimiento de la justicia es que Fidere entrega a los inquilinos contratos calcados y preredactados, desvelados por eldiario.es, en los que el arrendador pacta con el arrendatario una renta, pero el primer año la empresa le obsequia con una “promoción de fidelización” que puede ser una reducción de la renta durante varios meses o la oferta de un mes de alquiler gratis. El segundo año desaparecen esas rebajas y a partir del tercero comienzan las subidas escalonadas con la incorporación del IBI desde el tercer año y de la comunidad cuando empieza el cuarto sin espacio para la negociación entre las partes.
Además, a hora de renovar el contrato, las subidas son estratosféricas, según el Sindicato de Inquilinas, lo que empuja a los inquilinos a marcharse. “Es una forma de actuar que solo pueden ejecutar los grandes especuladores de vivienda, con capacidad para mantener vivienda vacía el tiempo que haga falta, y con equipos de gestores profesionales que presionan e incluso amenazan a los inquilinos para que acepten contratos abusivos”, asegura el sindicato en una nota.
“Cuando se ha abierto el mercado a la comercialización en masa de contratos de alquiler nos encontramos con esto. Contratos cerrados de antemano sin negociación con personas que fueron adjudicatarias de vivienda protegida”, señala el abogado Azael Babiano. La organización espera que la justicia identifique las cláusulas abusivas y ordene inscribirlas en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación para que no puedan volver a usarse más en ningún contrato de arrendamiento con una socimi.
Fidere, por su parte, defiende que “todos los contratos son legales y cumplen escrupulosamente la legalidad española”. “No hemos recibido notificación alguna de esta demanda, por lo que no hacemos comentarios”, asegura un portavoz de la compañía a eldiario.es.
Los inquilinos de estos pisos también han denunciado presiones durante el confinamiento. Varios vecinos de Torrejón de Ardoz recibieron de golpe la devolución de todos los recibos que habían seguido ingresando desde que les venció su antiguo contrato de alquiler. Estas viviendas fueron vendidas al fondo cuando aún estaban protegidas. Los inquilinos creen que se trata de un modo de presión en plena pandemia para que a la postre tengan que abandonar sus casas.
El Sindicato de Inquilinos señala, además, que Blackstone no garantiza el derecho de tanteo y retracto a familias con contratos de alquiler con derecho a compra que, una vez vendidas las viviendas, no pudieron optar a intentar adquirirla. La Audiencia Provincial de Madrid ya reconoció el año pasado este derecho a cuatro inquilinos. La sentencia obliga a Blackstone a garantizarlo, de manera que debe dar la oportunidad a los arrendadores de comprar, si lo desean, las viviendas por el precio de saldo que las adquirió el fondo: 68.000 euros. “Anula su capacidad de seguir haciendo caja”, manifestó a eldiario.es el abogado de los demandantes, Mariano Benítez de Lugo.
Muchos de los demandantes se encuentran en procesos de desahucio porque se han negado a firmar los nuevos contratos de alquiler, que mantienen estas “cláusulas abusivas” denunciadas en el juzgado. Fidere ha contratado una empresa de mediación para negociar en bloque la situación y las soluciones para estos inquilinos, según el sindicato.