Tras quince días de vacaciones, un viaje de placer a Punta del Este (Uruguay) y un encuentro “privado” (así lo definió su equipo) con el presidente argentino, Javier Milei, en Buenos Aires; Isabel Díaz Ayuso retomó su agenda institucional esta semana: participó en una entrega de premios literarios y una exposición, presidió un consejo de Gobierno sin apenas acuerdos relevantes y recibió en su despacho a uno de los rehenes israelíes secuestrado por Hamás. Todo entre el martes y el jueves. El lunes descansó y el viernes se llevó a sus consejeros a La Casita, una chalé propiedad de la Comunidad de Madrid en Manzares del Real, para “perfilar la actividad y los retos del Gobierno regional de cara a los próximos meses”.
Esa fue toda su actividad en la primera semana del año tras su quincena de vacaciones. Que no los titulares. Las noticias sobre la presidenta madrileña casi nunca guardan relación con su gestión sino con sus declaraciones, a menudo sobre asuntos en los que no tiene competencias. Esta vez eligió la defensa cerrada que decidió hacer, antes de que nadie le preguntase, de Julio Iglesias. Sin ruedas de prensa de por medio, la dirigente que se puso a la cabeza en las acusaciones en el caso del dirigente socialista Paco Salazar, por otra investigación de elDiario.es, tuiteó durante la mañana en la que se publicó la noticia de Iglesias: “Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias”.
Dos días después, en su única comparecencia pública de la semana y cuando el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, ya había pedido investigar esas acusaciones “muy graves” contra el cantante, Ayuso redobló la apuesta. Dijo que no contribuiría a desprestigiar al artista español más internacional y cuando se le preguntó por las declaraciones del líder de su partido insistió: “Mis palabras están fijadas y escritas quedan”. Ya estaba fijado el doble marco: Ayuso, contra la izquierda (que citó en su primer tuit) pero también Ayuso frente a Feijóo a la hora de no amilanarse ante lo que ella y sus asesores denominan agenda woke. Denuncias de abusos sexuales convertidas también en guerra cultural: en el caso de Salazar para atacar al PSOE, en el de Julio Iglesias, para defender al cantante.
Durante sus dos semanas de vacaciones en el cono sur —y mientras el líder de su partido acusaba a Pedro Sánchez de seguir en sus descansos el calendario escolar—, Ayuso también irrumpió en los medios para celebrar en varias entrevistas realizadas por videoconferencia el derrocamiento de Nicolás Maduro y seguir atacando al Gobierno y a la izquierda en general. Desde Uruguay la víspera de Reyes atendió a Susanna Griso en Espejo Público, donde cargó contra José Luis Rodríguez Zapatero, al que acusó de “lucrarse” con el régimen venezolano sin aportar ninguna pista y de blanquear a Nicolás Maduro. Su siguiente aparición, todavía en sus vacaciones, fue en la Casa Rosada, residencia oficial de Javier Milei, en Buenos Aires, donde ambos mandatarios celebraron una reunión “privada”.
Del encuentro, sobre el que la oposición en Madrid ya ha pedido explicaciones, solo trascendió una foto difundida por los equipos de comunicación de ambos dirigentes con un encuadre distinto. En la que mandó el gabinete de Milei a los medios argentinos aparecía sobre la mesa de la reunión la famosa motosierra, símbolo de sus recortes sociales. En la que distribuyó el gabinete de prensa, la motosierra no estaba. De qué hablaron Ayuso y Milei es un misterio del que ningún gabinete de prensa ha dado explicaciones. Porque la propia foto era el mensaje.
El estrafalario presidente argentino que también habla en nombre de la libertad mientras insulta a los líderes internacionales de la izquierda, a los sindicatos y a los funcionarios, que acusó de corrupción a Sánchez mientras estrechaba lazos con Bolsonaro, ya había sido recibido con honores en Madrid: Ayuso le entregó la medalla de la Comunidad, mientras Feijóo trata de mantener todas las distancias posibles con él.
En tanto la lideresa madrileña se garantiza titulares con sus batallas culturales ajenas a sus competencias, su Gobierno despacha en las reuniones de los miércoles informes, trámites menores y contratos de mantenimiento y lleva una agenda de perfil muy bajo. La última reunión del gabinete, el pasado miércoles, publicitó 17 medidas aprobadas: nueve eran informes sobre cuestiones secundarias, y el resto asuntos corrientes sin relevancia informativa. De entre ellos, en su comparecencia, el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel García Martín, destacó un anteproyecto para cambiar una ley para habilitar a la Comunidad de Madrid y que ejerza la acción popular contra quienes protagonicen protestas que interrumpan eventos de interés general. García Martín citó dos veces el ejemplo para que no hubiera confusión: su Gobierno pretende cambiar la ley para perseguir protestas como las que impidieron el final de La Vuelta por parte de quienes censuraban la participación del equipo de Israel. El cambio legal pretende estar listo antes del próximo verano y el objetivo es dotar a la Administración regional de los mismos instrumentos que ya utiliza contra el terrorismo y la violencia contra las mujeres.
Al día siguiente, la presidenta, que se ha negado durante todos estos meses a condenar el genocidio en Gaza, recibió en su despacho a uno de los rehenes de Hamás tras los atentados y secuestros del 7 de octubre.
En la rueda de prensa del miércoles, no hubo respuesta sobre los asuntos que iba a tratar ese mismo día la consejera de Sanidad, Fátima Matute, con directivos de Fresenius, la matriz del Grupo Quirón —de donde proviene la propia consejera y que a su vez es el principal pagador de la pareja de Ayuso, Alberto Gónzález Amador. Y cuando se le preguntó al portavoz por qué en su última comparecencia de 2025 ocultó a los periodistas un acuerdo para pagar 500 millones de euros fuera del presupuesto al propio Grupo Quirón y a Ribera Salud, otra empresa adjudicataria de hospitales públicos en Madrid, García Martín respondió que en la reunión del gabinete ese día se había dado luz verde a más de un centenar de asuntos. Traducido: el pago de 500 millones de euros a las empresas que gestionan los hospitales privatizados y que están en el centro de la polémica, no le pareció relevante al portavoz del Gobierno de Ayuso.
Que la gestión política no es la prioridad de Ayuso lo evidenció el mismo día que configuró su gobierno en 2023, en la resaca de su primera mayoría absoluta. La presidenta sustituyó a todo su gabinete anterior: no repitió ni un solo consejero. El mensaje estaba cantado: la única imprescindible es ella. Para acompañarla, eligió profesionales sin apenas peso político, desconocidos para el público, entre ellos, algunos compañeros de la etapa en que llevaba las redes sociales del PP.
En la era de la polarización, Ayuso y su equipo han decidido que es más rentable convertirse en némesis del presidente del Gobierno. Esa estrategia, desplegada ya durante la pandemia, a raíz del fichaje de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, ocupa mucho más espacio en sus discursos y en la acción de gobierno que la gestión de una Comunidad con 30.600 millones de euros para gastar cada año.
La misma presidenta que no fue capaz de aprobar un solo presupuesto en sus primeros tres años de Gobierno señala ahora a Sánchez (que lleva otros tantos años sin sacar adelante las cuentas públicas) y exige su dimisión por ello. En el Pleno de Presupuestos, la última semana de diciembre, uno tras otro, los consejeros que no habían estado en los primeros años repitieron la importancia de tener las cuentas aprobadas y trataron de confrontar, con mejor o peor fortuna, con el Gobierno de Sánchez.
La política de ir al choque contra la izquierda no la oculta nadie ni en el partido ni en la Comunidad y tanto Ayuso como su jefe de gabinete pretenden llevar la guerra hasta el final. La primera hace gala de haber llamado hijo de puta al presidente del Gobierno, el segundo repite que Sánchez acabará en la cárcel. Y algunos de sus consejeros ejercen de insumisos ante las leyes “sectarias” aprobadas por la mayoría de izquierdas en el Congreso. Que la ley del aborto obliga a realizar un registro de médicos objetores... Madrid es la única comunidad que se niega. El asunto ha acabado en los tribunales después de que el Ministerio de Sanidad hubiera presentado una denuncia para que el Gobierno de Ayuso cumpla la ley.
La táctica quedó patente también el día del apagón: tan pronto como se fue la luz en toda España el pasado 28 de abril, la presidenta de Madrid, la misma que considera a Sánchez y a sus ministros el colmo de la ineptitud, declaró el nivel 3 de alerta nacional para que fuese el Gobierno central el que asumiese la crisis, también en la región. Y fue la última autonomía en recuperar las competencias una vez restablecido el suministro.
Raro es el día que los titulares que acompañan a Ayuso guardan relación con medidas aprobadas por su gobierno. Los grandes proyectos a medio plazo pasan por la organización de la Fórmula 1, y la construcción de la Ciudad de la Justicia, un complejo que lleva 20 años de retraso y que se paralizó cuando arreciaron las sospechas de corrupción en los Gobiernos de Ayuso e Ignacio González.
Pero el leit motiv de su Gobierno son las bajadas de impuestos. Ayuso se vanagloria de que Madrid, la comunidad más rica, es la única región sin impuestos propios, dado que casi todos están bonificados y repite ese mensaje a las empresas y las grandes fortunas. Eso tiene algunos efectos colaterales para el resto de la sociedad: las universidades públicas están al borde del colapso y varios de los hospitales privatizados han tenido que ser rescatados por la Comunidad.
Al hablar del modelo de financiación económica planteado por el Gobierno y que rechazan la gran mayoría de comunidades, este jueves Ayuso llegó a decir que con la propuesta de Sánchez (en la que Madrid pasaría a tener 2.500 millones más cada año) podrían peligrar la prestación de servicios públicos en el territorio. Según la presidenta, todo formaría parte una estrategia diseñada por la izquierda para luego desplegar “la pancarta” en las manifestaciones por la sanidad y la educación. Por qué con 2.500 millones más cada año de los que ahora dispone peligrarían en Madrid los servicios públicos es algo que no ha explicado Ayuso ni nadie de su gobierno. Como tampoco se ha razonado por qué la región se opone a la quita de deuda y que en el caso de Madrid serían 8.644 millones de euros.
El no a todo de Ayuso se basa en los acuerdos que Sánchez ha alcanzado con sus socios de izquierdas, fundamentalmente ERC, pero también el PNV. La presidenta madrileña no solo rechaza el modelo de financiación que según sus cuentas ofrece 200 euros más por habitante a Catalunya (y cuyos criterios el Gobierno tampoco ha explicado con detalle) sino que concluye que se va a crear allí una “nación paralegal” de forma que no haya referéndum que convocar porque Catalunya ya lo tendrá todo. La presidenta intenta remasterizar el viejo mantra de España se rompe pese al desplome en votos del independentismo.
El perfil bajo del Gobierno y de la agenda de las consejerías trata de sustituirse con declaraciones altisonantes y fotografías con personajes con tirón en su espectro ideológico, como el piloto Carlos Sainz, el luchador Ilia Topuria, y la programación de conciertos con artistas de su cuerda como la cantante Gloria Stefan o el grupo de pop cristiano Hakuna, la actuación estrella de las navidades en la Puerta del Sol.
Fiel a la estrategia que la ha traído hasta aquí, Ayuso sigue cultivando la política de fotos y titulares. En la última semana ha sido la defensa de Julio Iglesias e Israel. Su gestión, lo que ha aprobado para los madrileños, es una sucesión de informes que caben en tres folios (con mucho interlineado). Pueden leerse aquí.