Crece la vulnerabilidad del colectivo más vulnerable. Los niños y niñas de la Comunidad de Madrid viven con cada vez más riesgo de pobreza o exclusión social. Esta es una de las conclusiones más lapidarias que revela el último informe elaborado por CCOO Madrid con datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del INE, el Instituto Nacional de Estadística. Los números de 2024 revelan que no solo hay un 7,7% más de madrileños dentro de la tasa AROPE –un indicador europeo que mide este fenómeno–, sino que la cifra de menores también crece: hay casos más que el año anterior.
En total, la comunidad autónoma registró ese año en torno a 1.465.000 madrileños dentro del umbral de pobreza, con 131.790 casos más que en 2023. De todos ellos, el 31% son niños (antes un 26%) y la mitad, mujeres mayores de 16. El incremento es de 55.000 menores, que se suman a los que ya estaban en situación de extrema vulnerabilidad.
“Mientras se escatiman recursos para la población en riesgo, la Comunidad de Madrid deja de ingresar 6.125.000 euros al año en rebajas, deducciones o reducciones de distinto tipo”, denuncia el sindicato en su último informe, donde contrapone la apuesta por los “regalos fiscales” para los más adinerados o la rebaja al 50% del impuesto de sucesiones mientras a los datos para las clases bajas, a veces abocadas a la pobreza.
Cumplan o no con la tasa AROPE, lo cierto es que la vivienda en Madrid absorbe la mayor parte del gasto en casi todos los estratos sociales, por encima de la alimentación. El informe de CCOO recoge que el 42% de los hogares en la región tienen dificultad para llegar a fin de mes, y un porcentaje similar es el que se calcula que consume una hipoteca para el ingreso salarial medio. “El precio del alquiler se ha duplicado en la última década y esta es la principal causa del sinhogarismo”, contextualizan.
Entre otras recriminaciones, el órgano sindical hace hincapié en que la apuesta por la Renta Mínima de Inserción (RMI, una prestación para personas en riesgo de exclusión social) en la Comunidad de Madrid se encuentra “al borde de la extinción”, y achaca al Partido Popular que haya reducido su presupuesto en 2025 o “no gastara todo el dinero adjudicado” para este fin desde 2019. “Las cuantías medias actuales están debajo del umbral de la pobreza severa”, compara en su informe.
El caso de la Cañada Real y algunas propuestas de mejora
Uno de los lugares que más preocupan vuelve a ser la Cañada Real. “Este informe es otro llamamiento al Gobierno regional para que restablezca de inmediato el suministro eléctrico”, demandan en CCOO Madrid por el corte de luz de hace cinco años que aún mantiene a más de 6.000 personas a oscuras, entre ellas 2.370 niños. “Cuando se insiste en atribuir el éxito únicamente al mérito y al esfuerzo individual lo único que se pretende es eludir la responsabilidad”, aseveran, en otro dardo al PP.
Analizada la situación con los datos de este último informe, el sindicato lanza una serie de peticiones a Isabel Díaz Ayuso con las que, creen, podrán darse pasos hacia delante. Principalmente, proponen repensar la inversión en medidas fiscales para beneficiar a determinados tramos de renta para volver a un sistema “más justo y progresivo” en el que aporten quienes más tienen, eliminando las rebajas o exenciones impulsadas en los últimos años.
Con el dinero que se recupere, CCOO pide reforzar las políticas sociales que den cobertura a colectivos vulnerables o aumenten el presupuesto base de prestaciones como la RMI o el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Para que los recursos generados no decaigan, el siguiente paso es que la administración empuje a esas personas a incorporarse al mercado laboral con actuaciones que lo faciliten, tanto a nivel individual como estructural.
De cara a los más pequeños que también viven en situación de pobreza o exclusión, los creadores del informe sugieren la gratuidad de los comedores escolares al menos en centros públicos o el incremento de plazas en los cursos e Formación Profesional, de cara a que refuercen sus opciones de hallar trabajo. En general, su apuesta es la de “revertir una gestión privada de los recursos sociales” y mejorar los que ya existen tanto para personas mayores, niños, mujeres o usuarios con alguna discapacidad, así como elaborar un plan firme para atajar el sinhogarismo.