El Ayuntamiento de Madrid presume de acuerdo con la Casa de Alba mientras el duque intenta desalojar seis edificios
El Ayuntamiento de Madrid ha hecho público este jueves un acuerdo con la Fundación Casa de Alba en el que establece tarifas rebajadas en el acceso al Palacio de Liria para aquellas personas nacidas o empadronadas en la capital. A partir de ahora, los visitantes madrileños solo necesitarán presentar el DNI o el certificado de empadronamiento para acreditar una de esas dos condiciones.
El acuerdo, presentado por la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, y el director de la Fundación Casa de Alba, Álvaro Romero Sánchez-Arjona, recoge una tarifa de 15 euros para las visitas entre semana y de 17 euros en fines de semana, tanto al propio recinto como a sus exposiciones. El precio general es de 20 y 22 euros, respectivamente, así que la rebaja en ambos casos es de cinco euros. La concejala ha recalcado que “el Palacio de Liria es uno de los grandes tesoros culturales de Madrid y este acuerdo permite que los madrileños sientan aún más cercano un espacio que forma parte de la historia y la identidad de la ciudad”. La edil tacha el gesto de “simbólico”, al tiempo que según considera “subraya la relación extraordinaria entre este espacio y la ciudad de Madrid”.
La presentación ha tenido lugar en el propio Palacio de Liria en un momento especialmente tenso en el entorno por la acción de la Casa de Alba. En la calle Duque de Liria, a escasos metros de este icónico inmueble y de la Plaza de España, decenas de familias de seis bloques (incluidos arrendatarios de renta antigua) se enfrentan a los intentos de expulsión por parte de la familia nobiliaria, ahora con el duque de Alba Carlos Fitz-James Stuart al frente. En diciembre, la empresa intermediaria Bala Investment comenzó a remitir cartas en las que asegura hablar en nombre de la propiedad y les anuncia el desalojo de las viviendas por necesidades de rehabilitación.
El representante de comunicación de la propiedad, a preguntas de Somos Madrid, confirmó “el inicio de un proceso de no renovación de contratos de alquiler” en los bloques cercanos al Palacio de Liria. “Se han reunido conmigo amigablemente, quieren que nos vayamos por las buenas. Pero nosotros no nos vamos a ir, ni por las buenas ni por las malas”, aseveraba en conversación con este medio una de las inquilinas. “Llevo 53 años aquí y soy la que tiene el contrato más joven”, remataba.
Rivera de la Cruz escurre el bulto: “No tiene nada que ver”
La concejala delegada no ha querido valorar la polémica y se ha limitado a apuntar que trabaja en “acuerdos que tienen que ver con Cultura, sin entrar en otras apreciaciones”. Cree que el proceso de expulsión de las decenas de familias “no tiene nada que ver con que los madrileños puedan entrar en el Palacio de Liria en mejores condiciones de las que lo hacían”.
En los seis bloques afectados vivien diez familias de renta antigua, con contratos firmados antes de 1982 que les otorgan unas garantías especiales. El resto de inquilinos se cuentan por decenas, pero es difícil saber su número exacto. Según datos del Registro de la Propiedad, los seis edificios de la manzana suman 88 viviendas y 10.913 metros cuadrados de suelo residencial.
La mayoría de inquilinos se encuentran en los tres números que tienen acceso desde la calle Manuel, unidos por un patio interior en forma de corrala. Pero hay una pequeña parte que ocupan negocios como una academia de idiomas. Luego está el dúplex que corona una de las esquinas y donde los vecinos aseguran que reside el hijo mayor del duque de Alba, Fernando Fitz-James Stuart y Solís, heredero de estos bienes y al que las mismas fuentes sitúan al frente de esta operación inmobiliaria.