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Un pueblo de Valladolid sin Instituto regala terreno para que el Opus construya un centro

Arroyo de la Encomienda, con cerca de 17.000 habitantes y 400 jóvenes de entre 12 y 17 años, no tiene centro para la ESO y sin embargo ha cedido una parcela de 2,5 hectáreas a la Fundación Arenales

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Momento en el que sindicatos y asociaciones de educación laica protestan contra la cesión de los terrenos. StesCyl.

Momento en el que sindicatos y asociaciones de educación laica protestan contra la cesión de los terrenos. StesCyl.

Más de 400 jóvenes de entre 12 y 17 años de Arroyo de la Encomienda tienen que ir todos los días a institutos de Valladolid porque en su pueblo no hay un Instituto, ni público ni concertado. Son más de 10 años exigiendo a la Junta de Castilla y León que construya uno. Nadie ha hecho caso. Y ahora, el Ayuntamiento de la localidad se ha amparado en este olvido para justificar la dádiva: una parcela de 2,5 hectáreas a la Fundación Arenales, vinculada con el Opus.

Y, además, el futuro colegio, que se llamará “Arenales de Arroyo”, ya tiene director: se trata de un concejal del PP en un municipio cercano a Arroyo de la Encomienda, Simancas, Alberto Barrera, que lleva el área de Cultura, Deportes y Turismo y, además, algunos medios le vinculan con el Opus.

El movimiento llevado a cabo por el alcalde de Arroyo, José Manuel Méndez Feijo –independiente e imputado por delitos de urbanismo-, tiene como objetivo que el centro sea concertado por la Junta de Castilla y León, el propio Gobierno regional que desde hace diez años ha impedido la construcción de un instituto público.

Sin embargo, y a escasos tres kilómetros de este municipio, en Simancas, hay otros dos colegios también del Opus: Pinoalbar, para chicas, y Peñalba, para chicos y del que es profesor Alberto Barrera, es decir, el futuro director del centro de Arroyo, y los dos pertenecientes a la misma empresa, Fomento de Centros de Enseñanza.

El pasado año se iniciaron los trámites para la cesión de un terreno municipal para la construcción de un Centro de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria de carácter privado concertado, así como Bachillerato y Formación Profesional, según su publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid el 28 de septiembre pasado.

Desde ese momento ya hubo movilizaciones tanto sindicales como de grupos sociales –el Movimiento por la Escuela Pública, Laica y Gratuita- y políticos –el PSOE y, de forma más concreta el ex portavoz en ese Ayuntamiento Ismael Bosh-. Pero el alcalde de la localidad, José Manuel Méndez Feijo, hizo caso omiso y siguió con la pretensión.

De hecho, constituyó una comisión de expertos para dilucidar a quién dar ese terreno, ya que había dos propuestas: de la cooperativa Gredos San Diego, de ideario laico; y de la Fundación Arenales, vinculada al Opus.

Pero el grupo de expertos que concretó a quién dar la parcela estuvo compuesta por tres personas, también relacionadas con sindicatos o revistas conservadoras. Y, como no podía ser de otra manera, la empresa elegida fue la que representa la Fundación Arenales.

Tan avanzado tenía la Fundación Arenales el proyecto, sin estar aprobado, que ya se ha presentado. Incluso ha mostrado su intención de que el curso 2013-2014 comience a funcionar el centro con 23 aulas.

El más crítico con este proyecto ha sido Ismael Bosch, que hasta hace unas semanas era portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, pero que ha devuelto su acta de concejal. En el pleno donde se dio a conocer la empresa que gestionará el colegio, este edil denunció que la adjudicación “atenta contra el laicismo que se debe primar” y, además, “pone en riesgo el patrimonio municipal”.

A la derecha, el que fuera concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Arroyo, Ismael Bosch.

A la derecha, el que fuera concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Arroyo, Ismael Bosch.

Es más, Bosch reconoció el riesgo de que no fuera concertado por la Junta de Castilla y León debido “a la segregación de géneros que propugna” la Fundación Arenales. En su ideario figura que “la enseñanza diferenciada es una opción pedagógica que busca atender más específicamente a la diversidad entre el hombre y la mujer”.

Por tanto, a partir del próximo curso, uno de los municipios de mayor población en Castilla y León seguirá sin un instituto público, con sus 400 alumnos de entre 12 y 18 años desplazándose a Valladolid, y con un centro privado, con ideario del Opus, y que tiene la esperanza de ser concertado por la Junta de Castilla y León.

El Movimiento Escuela Pública y Gratuita de Valladolid ha asegurado que ahora, “más que nunca”, los fondos públicos “han de destinarse prioritariamente a cubrir las necesidades de la actual red de centros públicos”.  También ha denunciado que desde su origen “está plagado de irregularidades, ya que el Ayuntamiento invade competencias en mano de la Junta de Castilla y León cuando anuncia la concesión con destino a la construcción de un centro privado concertado”.

Un alcalde a punto de ser juzgado

Los juzgados de Valladolid juzgarán en los próximos meses al alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Méndez Feijo, y al anterior delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid y hoy portavoz del PP en la Diputación vallisoletana, Jesús García Galván, por delitos contra la Administración Pública. También se juzgará a otras ocho personas: dos concejales de ese Ayuntamiento, Francisco Javier Cruz Sánchez y Miguel Ángel Ibáñez; el presidente de la constructora Mahía, Ramón López Casal; la representante de esa empresa en Valladolid, María Iluminada Miguel; el arquitecto de Arroyo, Buenaventura Conde; y un socio del alcalde, José Presas.

Se trata del conocido en Valladolid como 'caso Arroyo', que investigó una supuesta trama que permitió la recalificación de un sector urbanístico de ese municipio, para pasar un suelo industrial a residencial, con el beneficio para la constructora Mahía, que iba a construir 2.984 viviendas.

Además, se juzgará al alcalde por malversación de caudales públicos al “sobredimensionar presupuestos de adjudicaciones, pagar cantidades elevadas e injustificadas de dinero por servicios urbanísticos cuyo coste real era inferior”, según el auto de imputación del Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid.

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