“Juicios tengas y los ganes”, espeta la maldición gitana, sugiriendo, con acierto, las tribulaciones que asolarán el alma, el cuerpo, el pensamiento y los sentimientos de quienes se vean en ese trance. De ganar se trataba. Por esto se pedía Absolución. Cinco años pidiendo mediante concentraciones, en las vías del antiguo paso a nivel de Santiago el Mayor, manifestaciones, conciertos, difusión por redes sociales, eventos culturales, charlas explicativas, coloquios, vídeos de gentes de la cultura apoyando la petición, entrevistas con autoridades políticas, conciertos, y un largo etcétera, que la justicia, donde es ciega, viera, se levantara la venda que cubre su hacer, nivelara la balanza, y, sin faltar a la verdad, dictara.
O recordara las ocasiones en la historia de los pueblos en las que un número indeterminado de individuos, inmersos en una situación indeseada, se ven impelidos a protagonizar, al unísono, un mismo hecho. Fuente Ovejuna ya está escrita. Y celebrada, aunque, a diferencia de esta, el tres de octubre de 2017, en las Vías, no hubo muertos. Ni delincuentes conocidos. Hubo, según la fiscalía, disturbios, quema de contenedores, increpaciones e insultos a los policías presentes, destrozo de vallas de seguridad y de mamparas, derribo de las vigas que sostenían a parte de estas, arrojo de parte de la infraestructura a los carriles ferroviarios, y tal lanzamiento de artefactos, de toda índole, a estos, que, durante tres días, se hizo impracticable el tráfico ferroviario con la consiguiente pérdida de negocio para Adif, así como de aumento del gasto por la reparación de sus instalaciones que, al igual que las de Aldesa, la empresa adjudicataria de las obras, sufrieron daños.
Quienes allí estuvieron saben que la policía, estando presente y viendo los hechos, abandonó la zona de conflicto. Sin intervenir se fue. Las fuerzas de orden público, esa noche, en acto incomprensible de dejación de funciones, dejaron al albur el transcurrir de la situación. ¿Quién dio la orden de retirada? ¿Con qué fin? ¿Premeditación? ¿Táctica? ¿Estrategia? Perdura la interrogación. Porque esa mañana, 3 de octubre de 2017, las fuerzas de seguridad acordonaron las Vías, desde las 8,30h, subfusil en cintura. ¿A qué la estética de la represión dictatorial? No parece probable que hubieran utilizado las armas que, con ostentación, portaban, pero, ¿cuál era la intención? ¿Interesaba que, una vez perpetrada la provocación institucional de continuar instalando mamparas de cinco metros de alto, El Muro, pese la afluencia masiva a la manifestación convocada por la Plataforma Prosoterramiento, el 30 de septiembre de 2017, el movimiento ciudadano, que respaldó la convocatoria con un abrumante SÍ al soterramiento, apareciera violento?
Las interrogaciones danzan sin respuestas que paren el baile. La protesta vecinal tampoco paró los hechos. Los barrios del sur de la ciudad, sin embargo, ni antes ni después que la Plataforma Prosoterramiento se creara, en 1991, nunca, han apelado a la violencia. Porque se conocen sus consecuencias se puso especial cuidado en no convocarla, en no acogerla, en no invitarla al decidir de los acontecimientos. Pero la hubo. Se perpetró. La Plataforma Prosoterramiento, que con su trayectoria ha dado ejemplo nacional de constancia y clarividencia, ha alentado, durante casi treinta años, el dialogo, el acuerdo y la independencia, al punto de asumir de bolsillos propios los viajes realizados a Bruselas por algunos de sus miembros, y apoyó y fomentó la entrada masiva de nuevos integrantes, con nuevas propuestas, nuevas perspectivas, como la convocatoria de músicos de toda la Región que versionaron, entre otros, el emblemático tema, 'El Muro' de Pink Floyd, y que denominándose Viakingos, y ataviados al efecto, casco de vikingo en testa e instrumento en mano, recorrían las calles nocturnas de la ciudad en divertida procesión musical, sosteniendo, además, con sus notas, el clamor de la voz entonada por cincuenta mil de Sí al soterramiento. Estas expresiones reivindicativas, impregnadas de alegría, creatividad y divertimento, no necesitaban violencia. Conseguían su fin sin ella.
Pero se defendieron cuando el Gobierno Regional, abalado por el nacional, y por Adif, los tres firmantes del Convenio de 2006, que convenía en el soterramiento de las vías, tras la gran manifestación, como si una gran voz no hubiera hablado; como si cincuenta mil desentonaran y su sonido se hubiera de acallar; o como si el tiempo, el entusiasmo y la dedicación de cincuenta mil ciudadanos fueran malas hierbas que conviniera pisar, continuó con la instalación de las mamparas. “Del Muro.” De la separación de la ciudad. De la llegada del Ave en superficie. Con esta decisión, el Gobierno Regional arremetió contra la expresión ciudadana. Ni en sus peores sueños, los asistentes a las convocatorias de la Plataforma habrían imaginado una decisión de semejante arbitrariedad. Y los ánimos se tensaron. Durante algunos días la rabia se expresó. Pero ¿a quién interesaba la violencia? Toda violencia persigue un beneficio. Sin beneficio no hay violencia. ¿Cómo podía el gobierno regional retirar las simpatías, adhesiones y preeminencia que el movimiento pro soterramiento estaba adquiriendo? ¿Convirtiéndolo en violento? No escatimó en gastos. Dotó al entonces Delegado del Gobierno, Francisco Bernabé, de medios, más de dos millones de euros para costear el desplazamiento de efectivos policiales de otras ciudades a la ciudad de Murcia, según se dice, y de otros de disuasión dignos de tiempos de infausta memoria.
Tampoco escatimó en sanciones a los ciudadanos, como la de multar a un vecino cuya falta consistió “en tirar cascaras de pipas a un agente con gesto amenazante”. Aunque, por muy airada que fuera la cascara de pipa, resulte incomprensible imaginar el daño que podía provocar semejante lanzamiento, así irritaban los ánimos las fuerzas de seguridad. Que la noche de los hechos hubo violencia nadie lo niega. Mas ¿quiénes fueron los violentos? Los encausados, no. ¿Quiénes? Habida cuenta de la existencia de individuos que propenden más que otros a aquella, evitar violencias previas al estallido grupal convendría que fuera la tela que vistiera “el poder”, pero si este se convierte en instigador de actos abruptos, como insistir en el incumplimiento del Convenio de 2006, y desafiar a la ciudadanía con la instalación de mamparas, tras la Gran Manifestación, podría decirse que hay responsabilidad institucional en unos hechos por los que, sin embargo, ningún representante gubernamental está siendo o ha sido juzgado.
Porque una vez creado el caldo de cultivo responden los más afines a la composición. Y creado el lecho de violencia respondieron los violentos. Los pacíficos, no. Mas estos, como fuenteovejunos, “Fuente Ovejuna, todos a una”, miraron, aplaudieron y aceptaron. No querían tener sus vidas, “sus corazones partíos”. Habían oído que habían llegado gentes de fuera de la ciudad conocedores de métodos más expeditivos. Difícil, sin embargo, atribuir a alguien la autoría de los hechos porque, en los videos existentes, se ve tumulto, jaleo, gritos, contenedores ardiendo, pero no se ve “a los de fuera” ni a los encausados cometiendo delitos. Y, no obstante, y pese a la falta de pruebas, doce días más tarde, y basándose en los mencionados videos, por cierto de fuentes desconocidas, los jóvenes fueron imputados por delitos de daños y desordenes públicos, por los que la fiscalía solicitó penas de ocho años de cárcel, para cada uno de ellos y una sanción económica, solidaria, de aprox. 133.000€, por imposible que resulte comprender cómo, en unas horas y sin más herramientas que las manos, pueden ser arrancadas vigas incrustadas en cemento armado.
Las gestiones llevadas a cabo por los abogados defensores, con la fiscalía y con la abogacía del estado, desde 2017, proponiendo la retirada de acusaciones a la fiscalía o un acuerdo en el que esta, la abogacía del Estado y los imputados concordaran, no fructificaron hasta horas antes de la realización de la primera sesión, de las siete señaladas para la conclusión del juicio. El acuerdo exigía la asunción del delito, por parte de cada uno de los jóvenes, y la consignación previa de la cantidad económica a negociar. Veintiún meses de cárcel, para cada joven, más el pago de 25.000€, entre los tres, por los daños causados en las instalaciones de Adif y otros 7.000€, por la misma causa, para Aldesa, son las medidas estrellas del acuerdo, por el que los acusados no irán a la cárcel, por carecer de antecedentes penales y ser la pena inferior a dos años; pero si, en el transcurso de dos años y seis meses, delinquieran cumplirían la pena íntegra que ahora no se cumple, más la que del segundo delito derivara; y los antecedentes penales, ahora tras declararse culpables de delitos que no cometieron los tienen, no desaparecerán de sus respectivos expedientes hasta pasados cinco años.
Las familias descansan. Exponerse a una sentencia comportaba el riesgo de una condena total. El riesgo de, siendo inocentes, ser declarados culpables. No sería la primera vez que ha sucedido. El soterramiento ha tenido un alto precio. Y aunque, a última hora, con la facilitadora aquiescencia de la judicatura, la fiscalía y la abogacía del Estado, se han medio levantado la venda, y han guiñado un ojo, que bien se agradece, por millones de años, y noches de luna clara, se habría agradecido que hubiesen mostrado la cara.
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